Cambiar la ley para salvar el reglamento

La mayoría del PP en las Cortes rechazó ayer las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y EU al proyecto de ley que modifica la ley de ordenación farmacéutica. Los populares pretenden cambiar un artículo -el 18- de una norma que ellos mismos impulsaron en 1998 y que nunca se ha aplicado. Pero no es éste el único aspecto curioso del interés mostrado por el partido que dirige en la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana. El PP se ha dado una particular prisa -ha pasado por delante de otros proyectos normativos aparentemente de mayor peso- en tratarlo en las Cortes. Aunque quizás lo más l...

La mayoría del PP en las Cortes rechazó ayer las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y EU al proyecto de ley que modifica la ley de ordenación farmacéutica. Los populares pretenden cambiar un artículo -el 18- de una norma que ellos mismos impulsaron en 1998 y que nunca se ha aplicado. Pero no es éste el único aspecto curioso del interés mostrado por el partido que dirige en la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana. El PP se ha dado una particular prisa -ha pasado por delante de otros proyectos normativos aparentemente de mayor peso- en tratarlo en las Cortes. Aunque quizás lo más llamativo sea que la modificación obedece a las objeciones que puso el Consell Jurídic Consultiu no a la ley, sino a un reglamento que la desarrolla y que regula el establecimiento de oficinas de farmacia. Ante esta situación, en lugar de adaptar la norma a la ley, los populares han optado por un atajo que ha desconcertado a los sectores profesionales farmacéuticos: alterar la ley -el artículo 18- para ajustarla al reglamento. Hasta el presidente del colegio de Farmacéuticos de Valencia, Rafael Borrás, considera "chocante" la fórmula elegida por los populares.

El PSOE denuncia que la modificación favorece la arbitrariedad para abrir nuevas oficinas

Entre las modificaciones, el PP ha eliminado un aspecto de la ley que establecía que se valoraría entre los candidatos a optar a una farmacia el haber trabajo en una de ellas. También ha introducido un examen opcional que puntuará entre un 24% y un 30% del total, según Sanidad. Ambas carecen de sentido para el presidente del Sindicato Libre de Farmacéuticos, Javier Sanz. Por un lado porque si se trata de elegir a personas para que pongan en marcha una farmacia, considera que se debería valorar la experiencia laboral en las oficinas. Además, plantea recelos a la eficacia del examen, defendido por el PP como una oportunidad que se brinda a los licenciados con menos experiencia de aumentar su puntuación. Por un lado apunta que si el conocimiento sólo vale hasta el 30% y la experiencia hasta un 76%, la posibilidad de que accedan los farmacéuticos jóvenes a las farmacias no se apoya con esta prueba. Además, se puede dar el caso de que quien más nota saque en la única prueba que se plantea -el examen- no logre la farmacia. Al margen de desconocer quién compondrá el comité examinador y de quién dependerá. "¿No sería mejor acordar un baremo entre los sectores profesionales y Sanidad?", defiende Sanz, quien apunta que pese a los baremos y condiciones, a los tres años los adjudicatarios de las farmacias las podrán vender "a quien quieran".

Durante el debate, ayer en las Cortes, de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, la socialista María Moreno argumentó que el cambio del artículo 18 deja la adjudicación de las nuevas oficinas de farmacia "en manos de la arbitrariedad", debido al examen. El portavoz de Sanidad del PP, Antonio Clemente, defendió la modificación, "esencial para mejorar la prestación farmacéutica" y para que las farmacias sean "para los mejores farmacéuticos". También Sanidad defiende la modificación ya que permitirá, apuntan, el acceso a las nuevas farmacias de jóvenes -hay un límite de edad de 70 años- con buen expediente, experiencia profesional y preparación post-grado.