El juez ve indicios de delito del alcalde de Castellón en el concurso del suelo de Renfe

El titular del juzgado número 1 de Castellón ha admitido a trámite la querella presentada por los diez concejales del grupo municipal socialista contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el empresario Luis Batalla por la adjudicación del suelo de Renfe liberado tras el soterramiento de la vías. El auto de admisión menciona los tres presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial y ambos habrán de declarar ante el juez el día 20.

La denuncia fue presentada el pasado día 9 de diciembre como consecuencia de las actuaciones urbanísticas y...

El titular del juzgado número 1 de Castellón ha admitido a trámite la querella presentada por los diez concejales del grupo municipal socialista contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el empresario Luis Batalla por la adjudicación del suelo de Renfe liberado tras el soterramiento de la vías. El auto de admisión menciona los tres presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial y ambos habrán de declarar ante el juez el día 20.

La denuncia fue presentada el pasado día 9 de diciembre como consecuencia de las actuaciones urbanísticas y la adjudicación de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de las vías del tren, un espacio de más de 40.000 metros cuadrados en el que se construirán viviendas, un hotel y, según se ha anunciado, El Corte Inglés. El proceso comenzó con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que, según los socialistas, se daba un tratamiento urbanístico especial a los terrenos liberados por el soterramiento de la vía, con "el claro objetivo de obtener una porción del suelo lo suficientemente amplia para albergar una gran superficie comercial (El Corte Inglés), por lo que se cambió el desarrollo urbanístico de esta zona", tal como indican los socialistas.

Las obras se adjudicaron a Calviga, filial de Lubasa, después de desestimar otra oferta que ni siquiera fue estudiada, ya que la mesa de contratación la rechazó por motivos formales.

El juez, Horacio Badenes, señala en su escrito que "se hace necesario proceder a la investigación judicial" de los hechos denunciados. Además mantiene que, "en este momento procesal", se admite a trámite la querella únicamente contra Gimeno y Batalla, pese a que en el escrito de denuncia figuraban además los ediles Alberto Fabra y José Pascual, cuatro funcionarios y la Caja Rural San Isidro, entidad que selló los recibos que se presentaron como prueba de la presunta falsedad en documento oficial. En este sentido, el juez ordena a la policía judicial que investigue el lugar en el que se hizo el pago, la personas o personas que atendían dicho establecimiento y la persona que realizó el pago y la forma del mismo.

Además, el juez indica que no se descarta que la querella se amplíe "contra las personas individualizadas en el escrito de querella". Una vez abiertas las diligencias previas, Badenes requirió, en dos ocasiones, documentación al secretario del Ayuntamiento. Con el auto de admisión de la querella solicita además las copias de los convenios firmados con Renfe y "cualquier protocolo que se haya realizado al respecto".

El portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio Subías, manifestó ayer, al conocer la admisión de la querella, que "por fin se van a esclarecer los hechos". Subías reiteró que "a nadie le agrada la situación, pero nosotros sólo cumplimos con nuestra obligación, como servidores públicos, de defender los intereses de los ciudadanos de Castellón". Por su parte, el portavoz adjunto del grupo, Miguel Alcalde, sostuvo que la decisión, "muy meditada", de presentar la querella se produjo "cuando los hechos colmaron lo admisible", con el "mayor pelotazo urbanístico de la historia de Castellón", según dijo.

El equipo de gobierno popular protagonizó horas después una auténtica puesta en escena. José Luis Gimeno se rodeó de todos sus concejales, a excepción del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y del edil, también director del Hospital General, Nicolás Martínez, para intentar demostrar su tranquilidad por la admisión de la querella en un proceso que, según dijo, "demostrará la transparencia del procedimiento". "El pelotazo del que nos acusan los socialistas", dijo, "sólo ha podido darse por y en beneficio de la ciudad de Castellón". Y sostuvo que la única intención de los socialistas con la presentación de la querella ha sido la de "tratar de impedir una mejora con el solo objetivo de que el PP no pudiera, electoralmente, patrimonializar la urbanización" de los terrenos.