De espaldas al consumidor

Pocas decisiones tan relevantes para los consumidores pasan tan desapercibidas como el nuevo y duradero plan del Gobierno -de la secretaría de Estado de Energía de José Folgado, para ser exactos- para regular los precios eléctricos durante los próximos ocho años. Los ambiciosos propósitos oficiales son bien conocidos. La política de reducciones de tarifas para los consumidores, seguida desde 1996 aprovechando la disminución del coste de la deuda originada en la rebaja de los tipos de interés, terminará a partir del año 2003. El año próximo las tarifas aumentarán el 1,69% y, según las largas pr...

Pocas decisiones tan relevantes para los consumidores pasan tan desapercibidas como el nuevo y duradero plan del Gobierno -de la secretaría de Estado de Energía de José Folgado, para ser exactos- para regular los precios eléctricos durante los próximos ocho años. Los ambiciosos propósitos oficiales son bien conocidos. La política de reducciones de tarifas para los consumidores, seguida desde 1996 aprovechando la disminución del coste de la deuda originada en la rebaja de los tipos de interés, terminará a partir del año 2003. El año próximo las tarifas aumentarán el 1,69% y, según las largas proyecciones de Folgado, y una media del 1,4% de aumento durante el periodo. Este aumento incluye un reconocimiento del fantasmal concepto de déficit tarifario -es decir, que las empresas han recibido menos dinero de lo que les ha costado realmente la producción del kilovatio- de unos 1.500 millones de euros.

A nueve días de la 'liberalización' eléctrica, ninguna oferta o campaña publicitaria indica una feroz competencia por captar clientes

¿Es razonable o útil este nuevo esquema de tarifas? Hay razones poderosas para dudarlo. Una primera objeción es que las proyecciones de subida no se sustentan en explicación o cálculo de coste alguno. ¿Por qué el 1,69% y no el 1,9% o el 0,7%, por ejemplo? Nadie lo sabe, porque nadie se ha preocupado de explicarlo. Es dudoso, incluso, que en las cuentas que fundamentan el nuevo esquema de tarifas se hayan tenido en cuenta variables tan decisivas como el volumen de inversión en actividades no eléctricas. Las cifras caen del cielo, lo mismo que el periodo de aplicación. Si las condiciones financieras, empresariales o políticas cambian en un plazo de meses y aun de semanas, considérese lo que podrán cambiar en ocho años.

Poco más preciso puede decirse del llamado déficit tarifario. Carece de sentido económico poner en marcha un mercado en el que supuestamente se cruzan la oferta y la demanda eléctrica que no tiene en cuenta las ganancias de productividad. El precio de retribución del kilovatio hora fue fijado -con el acuerdo de las compañías, no se olvide- en 6 pesetas. Se suponía que ese precio era la frontera entre la eficiencia del mercado y la ineficiencia; las producciones por encima de 6 pesetas eran castigadas, y por debajo resultaban premiadas. Pues bien, esa frontera, de repente, no se reconoce y las empresas percibirán esos 1.500 millones de euros adicionales que, según la retórica que se utilizó para justificar el mercado eléctrico -más bien un rastrillo-, reflejaría la incapacidad de las compañías para reducir los costes.

No es sólo un problema de ineficiencia económica consentida; también aparecen graves problemas de indefinición. Las tres grandes compañías eléctricas -Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa- dominan con suficiencia ese mercadillo eléctrico, de forma que pueden modificar el precio a voluntad. Por tanto, nada impide que durante el tiempo que sea necesario se dediquen a forzar una subida del precio con el fin de garantizarse los ingresos adicionales que consideren convenientes, con cargo al usuario de electricidad.

El nuevo marco tarifario no explica ni regula cómo se resolverían en el futuro nuevas desviaciones del precio de mercado respecto a esas 6 pesetas de referencia. ¿Tendrán que pagarlas los consumidores o se arbitrará algún otro mecanismo compensatorio? A falta de soluciones, la primera hipótesis parece la más probable.

Por lo tanto, el sistema de tarifas eléctricas que propone el Ministerio de Economía no resuelve los problemas de regulación ni puede considerarse una referencia sólida durante los próximos años. Más bien podría interpretarse como un simple trámite para que funcione el sistema real de regulación, cuyo principio general es que el Gobierno se pliega periódicamente a las peticiones, exigencias o requerimientos que provienen de las compañías con cualquier pretexto y justificación.

El año 2003 puede comprobarse si esta interpretación es correcta o exagerada. A partir de enero, todos los usuarios podrán elegir suministrador. Hasta el momento, a nueve días de que se produzca el feliz acontecimiento de la liberalización, ningún síntoma se aprecia, en forma de ofertas o campañas publicitarias, de que los usuarios se vayan a beneficiar de una feroz competencia de las empresas por captar clientes. Parece, por el contrario, que en enero nada cambiará; ni en febrero ni en meses sucesivos.