Cuatro embajadores más se unen a la denuncia contra la LRAU

Los embajadores de Noruega, Suiza, EE UU y Canadá, según fuentes diplomáticas, han acordado sumarse y apoyar a sus compañeros de la Unión Europea que denuncian los abusos urbanísticos que se están produciendo debido a una incorrecta aplicación de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), que deja en manos de un urbanizador privado la ordenación del territorio valenciano. Estos cuatro embajadores tienen previsto remitir un escrito al presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, en "términos similares" a la misiva que el pasado 11 de diciembre firmaron 13 embajadores de...

Los embajadores de Noruega, Suiza, EE UU y Canadá, según fuentes diplomáticas, han acordado sumarse y apoyar a sus compañeros de la Unión Europea que denuncian los abusos urbanísticos que se están produciendo debido a una incorrecta aplicación de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), que deja en manos de un urbanizador privado la ordenación del territorio valenciano. Estos cuatro embajadores tienen previsto remitir un escrito al presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, en "términos similares" a la misiva que el pasado 11 de diciembre firmaron 13 embajadores de la Unión Europa -todos menos Portugal- y que encabezaba el embajador de Dinamarca, país que ostenta la presidencia de turno en la Unión Europea.

Este frente diplomático contra los abusos urbanísticos, según avanzó ayer este periódico, denuncia la "inquietud y preocupación" que, entre los residentes europeos, ha generado esta norma urbanística, que también afecta a los españoles. Los embajadores reconocen que hay una "inquietud extendida" entre los propietarios europeos afectados por esta Ley, a los que el agente urbanizador les exige grandes cantidades económicas, y les amenaza con expropiar sus fincas.

Un total de 17 representantes diplomáticos instan a Olivar a celebrar una reunión con los afectados, y que garantice que se "revise" esta legislación urbanística, que algunos consideran que podría incumplir el artículo 33 de la Constitución.