El PP acusa a Zarrías de dejar en evidencia al obispo de Córdoba al admitir que le informaba sobre Cajasur
Salvador Fuentes, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, acusó ayer a Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia, de "haber dejado en evidencia" a Javier Martínez, obispo de Córdoba, al declarar que el Obispado estaba informado en todo momento de los pasos que iba dando la Junta en lo tocante a Cajasur. "Alguien tendrá que dar explicaciones de esto", señaló Fuentes, que compareció en conferencia de prensa en Córdoba.
Zarrías afirmó, en una entrevista concedida a este diario el pasado domingo, haber mantenido "diversos contactos con el obispo para tenerle informado...
Salvador Fuentes, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, acusó ayer a Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia, de "haber dejado en evidencia" a Javier Martínez, obispo de Córdoba, al declarar que el Obispado estaba informado en todo momento de los pasos que iba dando la Junta en lo tocante a Cajasur. "Alguien tendrá que dar explicaciones de esto", señaló Fuentes, que compareció en conferencia de prensa en Córdoba.
Zarrías afirmó, en una entrevista concedida a este diario el pasado domingo, haber mantenido "diversos contactos con el obispo para tenerle informado de los pasos que desde el punto de vista jurídico iba dando la Junta de Andalucía para reponer la legalidad vigente". La información, continuó el consejero, era la relativa a "la ilegalidad de la póliza del señor Castillejo" y también a las decisiones que se tomaron "a la hora de recurrir los acuerdos que adoptó el Consejo de Administración de Cajasur el pasado 3 de diciembre". En esa reunión, el Consejo que preside Castillejo aprobó unos nuevos estatutos para ajustarse a la Ley Financiera, que traslada al Ministerio de Economía la tutela sobre la caja cordobesa por haber sido de "fundación directa" de la Iglesia.
Los nuevos estatutos elevan aún más la participación del Cabildo Catedralicio en los órganos de gobierno de Cajasur: en el Consejo de Administración pasarían a controlar el 50% de los cargos y en la Asamblea el 45%. La Junta advirtió, tras la reunión del 3 de diciembre, que recurrirá los acuerdos de ese Consejo, como ya pidió a un juez que suspendiera la decisión de la caja de adherirse a la Ley Financiera. El Obispado declinó ayer hacer manifestación alguna sobre si ha sido informado por la Junta de los pasos de los servicios jurídicos autonómicos.
Asamblea decisiva
Los nuevos estatutos no entrarán en vigor hasta que los apruebe la Asamblea General de la caja, convocada para tratar este punto el próximo día 28. El responsable jurídico de Cajasur, Diego Jordano negó ayer a la agencia Europa Press, que esa cita vaya a ser retrasada, a pesar del mandato del obispo de Córdoba quien solicitó a los seis canónigos de la caja que se agotaran el plazo previsto en la ley (seis meses) para intentar consensuar los estatutos con las Administraciones. Jordano también rechazó que la dirección esté haciendo algún movimiento para asegurarse la mayoría en esa asamblea y eludió informar sobre el contenido de las entrevistas que ha mantenido Castillejo en Roma estos últimos días.
Por su parte Carmen Calvo, consejera de Cultura, confió en que la polémica desatada por la póliza de 2,9 millones de euros del presidente de Cajasur no afecte a las relaciones entre la Consejería y la entidad financiera. "El problema", dijo, "reside en que Castillejo confunde instituciones y cargos".