La querella contra Gimeno será analizada por el juez decano
El juez decano de Castellón, Horacio Badenes, es el titular del juzgado número 6, en el que ha recaído el texto de la querella presentada por los socialistas, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad de documento público, contra el alcalde de la capital de La Plana, José Luis Gimeno, los ediles Alberto Fabra y José Pascual, Caja Rural Castellón y Calviga, una empresa del grupo Batalla.
Así, será Badenes quien habrá de dilucidar, en primer lugar, si admite a trámite la querella por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obra...
El juez decano de Castellón, Horacio Badenes, es el titular del juzgado número 6, en el que ha recaído el texto de la querella presentada por los socialistas, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad de documento público, contra el alcalde de la capital de La Plana, José Luis Gimeno, los ediles Alberto Fabra y José Pascual, Caja Rural Castellón y Calviga, una empresa del grupo Batalla.
Así, será Badenes quien habrá de dilucidar, en primer lugar, si admite a trámite la querella por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras de urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía del tren. El falseamiento de unos recibos que convertían a la empresa Calviga en deudora del Ayuntamiento y, por tanto, la inhabilitaban para ser adjudicataria, es el principal argumento del caso, en el que hay que dilucidar si hubo prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento.
La documentación aportada por los concejales del grupo municipal socialista incluye varios informes realizados por profesores y catedráticos de universidad. Entre ellos se encuentra el de dos profesores de Derecho Administrativo, Tributario y Financiero en el que, tras analizar el expediente sobre el proceso de adjudicación, se señala que "resulta claro que, en ningún momento, podría resultar adjudicataria la empresa Calviga". El informe jurírico indica además que, en lo que se refiere a la documentación, "pueden acreditarse la concurrencia de, al menos, tres irregularidades que deberían llevar a la anulación de la adjudicación".