Defensa incluye la "inmigración ilegal masiva" entre las amenazas para la seguridad nacional

La Revisión Estratégica diseña las Fuerzas Armadas españolas del año 2015

La "inmigración ilegal masiva" es uno de los nuevos riesgos para la seguridad de España, según el borrador de la Revisión Estratégica de la Defensa (RED), al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este documento, cuya redacción definitiva está negociando el Ministerio de Defensa con el PSOE, sienta las bases de la política de defensa hasta 2015 y marca las directrices de la transformación de las Fuerzas Armadas, una vez suprimido el servicio militar obligatorio. Bajo el impacto del 11-S, el texto alude a la nueva sensación de "vulnerabilidad" generada por el terrorismo internacional, que considera, jun...

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La "inmigración ilegal masiva" es uno de los nuevos riesgos para la seguridad de España, según el borrador de la Revisión Estratégica de la Defensa (RED), al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este documento, cuya redacción definitiva está negociando el Ministerio de Defensa con el PSOE, sienta las bases de la política de defensa hasta 2015 y marca las directrices de la transformación de las Fuerzas Armadas, una vez suprimido el servicio militar obligatorio. Bajo el impacto del 11-S, el texto alude a la nueva sensación de "vulnerabilidad" generada por el terrorismo internacional, que considera, junto a la proliferación de armas de destrucción masiva, el principal riesgo para la seguridad.

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Aunque cita la "inmigración ilegal masiva" como un riesgo emergente, con el argumento de que podría alterar el equilibrio social, la RED no encomienda a las Fuerzas Armadas la tarea de combatirla. Al igual que hace con el terrorismo, atribuye la responsabilidad directa a las Fuerzas de Seguridad, pero agrega que éstas podrían contar esporádicamente con el apoyo de los ejércitos cuando la autoridad civil lo determine. Argumenta que las Fuerzas Armadas disponen de medios y preparación adecuados para ayudar a la Administración civil a cumplir sus funciones en determinadas circunstancias, y siempre a instancias de ésta.

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, aludió ayer, en declaraciones a Europa Press, a que el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del PP de Fuerteventura han realizado ya solicitudes a este respecto. "Han pedido que las Fuerzas Armadas se encargaran de cometidos como el de la inmigración, que no es adecuado y así se lo he razonado a ambos, porque son obviamente competencias del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad, pero en el que las Fuerzas Armadas, efectivamente, pueden realizar alguna tarea complementaria".

Más que especificar qué apoyos podrían dar los militares en el futuro, el documento enumera una serie de colaboraciones prestadas en el pasado: el control de las fronteras de Ceuta y Melilla (contra la inmigración ilegal), el apresamiento de buques sospechos de transportar droga (contra el narcotráfico) o la protección aérea de las cumbres de la UE en Barcelona y Sevilla (antiterrorista).

Junto a los nuevos riesgos, como los ataques cibernéticos o las agresiones al medio ambiente, cita los cometidos que el artículo 8º de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas (la defensa de la soberanía, independencia e integridad terrorial) pero no los incluye en el capítulo III, sobre misiones de los ejércitos, sino en el II, sobre intereses nacionales, de lo que se deduce que asegurarlos no es tarea exclusiva de éstos.

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La OTAN y el terrorismo

Preservar la seguridad y el bienestar de los españoles y contribuir a la estabilidad y la paz internacionales completan los intereses básicos de España, según la RED, que apuesta por una OTAN ampliada y transformada, con medios para hacer frente al reto del terrorismo global, y por una UE unida y con capacidad de decisión y actuación militar autónoma.

El apartado de principios generales subraya que la seguridad de España está ligada a la estabilidad del Magreb y del Mediterráneo e incluye una mención expresa a la presencia colonial británica en Gibraltar, de la que dice que no sólo supone una limitación a la soberanía española sino que afecta a su seguridad, pues desde el Peñón pueden realizarse operaciones sobre zonas de interés nacional sin la aprobación española.

Aunque apuesta por la seguridad colectiva, subraya que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para disuadir una potencial agresión en territorio español y para repelerla, si llegara a materializarse, incluso sin ayuda de sus aliados. Pero agrega, y esto supone un cambio respecto a la anterior doctrina, que en ocasiones puede ser necesario llevar la defensa de España muy lejos de sus fronteras. Por eso sitúa la capacidad de proyección como requisito esencial de las Fuerzas Armadas.

Junto a la movilidad y la sostenibilidad, la actuación conjunta y combinada es la otra idea fuerza de la RED. Su principal novedad es la creación del Mando Operativo del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), que asumirá la dirección de las operaciones militares, relegando a los jefes de los ejércitos al papel de preparar y sostener la fuerza. Del Jemad dependerá una Fuerza de Reacción Rápida Conjunta, con unidades asignadas de los tres ejércitos y preparada para una amplia gama de misiones.

No se pronuncia sobre la cifra total de soldados profesionales (la actual ley fija un mínimo de 102.000, un 30% más de los que hay), pero sí por incrementar la proporción de suboficiales.

Imagen de un campamento de acogida de inmigrantes irregulares en Melilla en noviembre de 2001.EFE

Adiós a la Junta de Defensa Nacional

La Revisión Estratégica de la Defensa -que, en realidad, debería llamarse Visión Estratégica de la Defensa, pues se elabora por primera vez- es un documento de carácter declarativo, que no vincula jurídicamente. Responde a la tradición anglosajona y se inspira en el modelo británico, aunque éste es mucho más detallado que el español, que a pesar de su gran volumen contiene escasos compromisos concretos.De hecho, habrá que esperar al futuro documento de Estrategia Militar para saber en qué se traducen sus grandes directrices. Pero la mayor virtualidad de la RED estará en la posterior reforma de dos leyes. La primera es la 17/99 del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, si cuaja un pacto entre el Partido Popular y el PSOE para reducir el volumen de los efectivos de tropa profesional y cambiar la tasa de encuadramiento; es decir, aumentar la proporción de cuadros de mando.Pero la reforma de más calado es la de la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, que encajó institucionalmente a las Fuerzas Armadas en el sistema democrático, y tiene nada menos que 22 años, con una reforma de hace 18.El borrador de anteproyecto que ya está preparando el Ministerio de Defensa incluye, entre otras novedades, la supresión de la Junta de Defensa Nacional. Se trata de un órgano absolutamente atípico, pues en teoría su función es la de asesorar al presidente, pero está presidido por el Rey y a su mesa se sientan, en pie de igualdad, los miembros del Gobierno y los jefes de los ejércitos. Éste órgano, de carácter preconstitucional y difícil encaje en el ordenamiento jurídico español, se mantuvo porque en plena transición era difícil suprimir el foro en el que se visualiza la vinculación de las Fuerzas Armadas con el Rey. Pero su inoperancia se demuestra en el hecho de que ante cada conflicto internacional ha habido que improvisar un gabinete de crisis ad hoc. Pese a la fuerte tentación de imitar el Consejo de Seguridad Nacional de EE UU, la idea es crear una comisión delegada, al estilo de la de Asuntos Económicos, mucho más acorde con el sistema español, en la que se diera entrada al jefe del Estado Mayor de la Defensa y al director del servicio secreto, CNI. Ello obligará, sin embargo, a redefinir el papel del Rey como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que sólo será posible si hay amplio consenso entre los partidos políticos.

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