El personal laboral de la Junta de Andalucía cobrará el próximo año 544 euros más

El nuevo convenio, que afecta a 20.000 trabajadores, prevé una subida salarial del 3,8%

La Junta de Andalucía y los sindicatos firmaron ayer el sexto convenio del personal laboral de la Función Pública, del que dependen 20.000 trabajadores. El acuerdo supondrá un coste de 15.528.041 euros y prevé un aumento salarial del 3,8% en 2003, unos 544 euros por empleado. El incremento rige también para 2002, por lo que se compensará la diferencia sobre el aumento aplicado en este ejercicio. La Consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, destacó que el convenio acerca las condiciones de estos trabajadores a las de los funcionarios.

Tres años de negociación han s...

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La Junta de Andalucía y los sindicatos firmaron ayer el sexto convenio del personal laboral de la Función Pública, del que dependen 20.000 trabajadores. El acuerdo supondrá un coste de 15.528.041 euros y prevé un aumento salarial del 3,8% en 2003, unos 544 euros por empleado. El incremento rige también para 2002, por lo que se compensará la diferencia sobre el aumento aplicado en este ejercicio. La Consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, destacó que el convenio acerca las condiciones de estos trabajadores a las de los funcionarios.

Tres años de negociación han sido necesarios para dar luz verde al nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía. UGT, CC OO y CSI-CSIF firmaron ayer el acuerdo.

Hermosín detalló que el nuevo convenio fija la fórmula de acceso a la función pública a través del concurso-oposición, en vez del 'concursillo que había hasta ahora' y que sólo permitía que el personal mantuviera una relación laboral provisional. Este fórmula, según Hermosín, 'garantiza una mayor transparencia e igualdad de oportunidades'. Además, el convenio prima la formación y calificación del trabajador para la promoción interna.

El acuerdo incluye una serie de medidas para facilitar que sea compatible la vida familiar y laboral. De esta forma, el convenio prevé la concesión de permisos de hasta tres meses sin sueldo para las personas que recurran a la adopción de un niño extranjero, la reducción de jornada para los trabajadores que estén al cuidado de la persona con la que convivan y que los años trabajados (que supone un plus en la nómina) sigan computando mientras se disfrute de una excedencia para el cuidado de hijos o familiares. Hermosín destacó estas medidas porque, según dijo, 'contribuirá a repartir las cargas familiares', que hasta ahora recaen sobre la mujer.

Los representantes de los tres sindicatos firmantes del acuerdo expresaron su satisfacción por el convenio colectivo, cuya negociación ha durado tres años.

El responsable del área de servicios públicos de UGT, Antonio Tirado, advirtió de que dicho sindicato 'estará vigilante' para que se cumpla el acuerdo. 'La UGT no estará pasiva, como hemos estado en el anterior convenio', añadió Tirado, quien advirtió de que, si no se respeta el convenio en su integridad, 'se romperá el compromiso de paz social' .

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En relación con el incremento salarial, Tirado indicó: 'Con un poco de suerte, hasta podríamos recuperar algo de poder adquisitivo'.

El representante de CC OO, Felipe Falcón, resaltó que el convenio 'eleva las retribuciones, las condiciones laborales y la dignidad' de los empleados públicos de Andalucía. Para CC OO, sus prioridades negociadoras estaban centradas en 'homogenizar las condiciones de trabajo' del personal laboral y los funcionarios. Felipe Falcón advirtió 'un giro, avances de calado, un cambio de filosofía'. 'Esperamos que este cambio se refleje en la futura ley de la Función Pública', añadió.

Rafael Hurtado, de CSI-CSIF Andalucía, confesó que su sindicato 'se ha cuestionado mucho' su adhesión final al acuerdo por creer que 'aún hay muchas cosas mejorables' en el contenido del mismo. Pese a las diferencias de criterio, dicha organización sindical justificó su respaldo final 'como un acto de responsabilidad, a pesar de los pesares'.

Ahora, la Junta y los sindicatos tienen pendiente cerrar la negociación de las condiciones laborales que regirán a los más de 30.000 funcionarios de la Administración andaluza.

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