El Gobierno catalán concederá ayudas fiscales a los jóvenes que compren piso

La Generalitat estrenará su competencia en el impuesto sobre la renta aprobando bonificaciones fiscales para la adquisición de vivienda cuando los compradores sean jóvenes y disminuidos. Las bonificaciones podrían extenderse a las familias numerosas y la decisión final se tomará el próximo martes, cuando el Gobierno de Jordi Pujol estudie y eventualmente apruebe el proyecto de presupuestos para 2003.

Las bonificaciones fiscales se isncriben en la política de ayudas a la familia que impulsa el conseller en cap, Artur Mas, que acaba de decidir la creación del Departamento de Bienes...

La Generalitat estrenará su competencia en el impuesto sobre la renta aprobando bonificaciones fiscales para la adquisición de vivienda cuando los compradores sean jóvenes y disminuidos. Las bonificaciones podrían extenderse a las familias numerosas y la decisión final se tomará el próximo martes, cuando el Gobierno de Jordi Pujol estudie y eventualmente apruebe el proyecto de presupuestos para 2003.

Las bonificaciones fiscales se isncriben en la política de ayudas a la familia que impulsa el conseller en cap, Artur Mas, que acaba de decidir la creación del Departamento de Bienestar y Familia, con Irene Rigau al frente, en la reciente reorganización del Gobierno catalán, recuerdan fuentes del Ejecutivo catalán.

Las fuentes consultadas confirmaron ayer que las ayudas a las familias centrarán una parte de la política fiscal del Gobierno catalán el año próximo. Las propuestas serán llevadas el martes de la semana que viene al Consell Executiu por el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs.

El Gobierno catalán tiene capacidad para decidir sobre el 33% de la tarifa del IRPF. La intención del Ejecutivo de Jordi Pujol es aplicar medidas fiscales a partir del año que viene, entre ellas la subida de un céntimo de euro (1,6 pesetas) por litro de carburante.

Peticiones del sector

El Gobierno catalán, en cambio, ha desoído las peticiones del sector de introducir bonificaciones para las empresas que se dedican al alquiler de viviendas y para que se suprima el impuesto que grava con el 8% la compra de viviendas de segunda mano. La primera propuesta ha sido planteada por el presidente de los Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona, Enric Reyna. Reyna afirmó ayer que para potenciar la vivienda de alquiler se necesitan ayudas directas a los compradores, sobre todo a los jóvenes, y animar a las empresas a entrar en este sector. Asimismo propone que las sociedades dedicadas al alquiler de pisos paguen un tipo reducido en el impuesto de sociedades que grava los beneficios.

Por su parte, el director general de Don Piso, Luis Pérez, plantea que una forma de ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda sería eximirles del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, que gava la compra con el 8%. Este impuesto lo recauda la Generalitat, pero fuentes del Gobierno catalán señalan que no está previsto reducirlo.

Las medidas para bonificar fiscalmente la compra de pisos se suman a las previstas para los socios de las mutualidades. La intención del Gobierno es que los más de 719.000 mutualistas catalanes puedan deducir parte de sus cuotas en el IRPF (véase EL PAÍS de ayer).

Los sindicatos UGT y CC OO se declararon ayer en contra de que se apliquen este tipo de ayudas fiscales. Ciriaco Hidalgo, secretario de política institucional de UGT, afirmó que su sindicato mantiene que la afiliación a mutuas es complementaria del servicio público de salud y es éste el que debe potenciarse por encima de todo.

CC OO afirma que no se puede 'desvincular esta propuesta del también anunciado incremento del impuesto sobre hidrocarburos para destinarlo a aportaciones sanitarias'. En opinión de CC OO, la disminución del IRPF para los mutualistas puede beneficiar 'a las personas con mayor renta'.

Según fuentes del sector de mutuas que pidieron el anonimato, las bonificaciones a los mutualistas ayudarán especialmente a L'Aliança, la mayor mutua de previsión social catalana, que está intervenida por la Generalitat. Una auditoría ha detectado un agujero de 45 millones de euros en la entidad por las pérdidas acumuladas en los últimos años.