Rajoy rechaza por 'interés general' la comparecencia de presidentes de empresas públicas privatizadas

Los socialistas advierten al Gobierno de que no piensan quedarse 'cruzados de brazos'

El portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló ayer al 'interés general' para rechazar la comparecencia en el Congreso de los presidentes de las grandes empresas privatizadas y acusó al PSOE de buscar el 'interés electoral' por insistir en reclamar estas citaciones tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo judicial avala la petición formulada por los socialistas hace cinco años, rechazada entonces por la Mesa del Congreso. Ante la nueva negativa anunciada por Rajoy, que se materializará el martes en el Congreso, el PSOE ha advertido de que no va a 'cruzarse de brazos'....

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El portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló ayer al 'interés general' para rechazar la comparecencia en el Congreso de los presidentes de las grandes empresas privatizadas y acusó al PSOE de buscar el 'interés electoral' por insistir en reclamar estas citaciones tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo judicial avala la petición formulada por los socialistas hace cinco años, rechazada entonces por la Mesa del Congreso. Ante la nueva negativa anunciada por Rajoy, que se materializará el martes en el Congreso, el PSOE ha advertido de que no va a 'cruzarse de brazos'.

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La respuesta de Rajoy, tras el Consejo de Ministros de ayer, a la petición socialista de que comparezcan en el Congreso los presidentes de las nueve empresas privatizadas desde que el PP accedió al Gobierno fue contundente. Los socialistas insisten en convocar a esos presidentes tras estimar que el Tribunal Constitucional ha avalado su petición a la Mesa del Congreso, en 1997, y denegada entonces por la mayoría del PP, para que el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y de Endesa, Rodolfo Martín Villa, comparecieran ante la Cámara para explicar el proceso de privatizaciones de sus empresas y sus presuntas vinculaciones con el poder político.

Rajoy envolvió su rechazo a estas comparecencias con argumentos jurídicos y políticos. Dijo, en primer lugar, que la sentencia del Tribunal Constitucional, que ampara la petición socialista de dichas comparecencias, señala expresamente que no tiene carácter retroactivo. 'El Tribunal Constitucional en ningún caso ha dicho que se tengan que producir las comparecencias. Es más, ha dicho exactamente lo contrario. Ha dicho que la pretensión del grupo parlamentario demandante de amparo queda satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho y la nulidad de los acuerdos que impideron su ejercicio'. Añadió que el mismo fallo del Constitucional dice que 'no cabe adoptar ninguna medida destinada a la comparecencia de estas personas'.

Abundó en que el Congreso tiene que atenerse a su reglamento, que 'establece con claridad qué personas que no formen parte de la Cámara asistirán o podrán asistir a las comparecencias que se les reclame cuando haya un procedimiento en curso, cosa que no existe en este momento'.

A partir de ahí, el portavoz del Gobierno lanzó un ataque político al PSOE por reclamar dichas comparecencias y vaticinó que, de materializarse, podrían tener consecuencias económicas negativas por el efecto que podrían tener en las bolsas españolas ya que los comparecientes son los presidentes de las principales empresas cotizantes, como Telefónica, Endesa, BBVA o Iberia. Rajoy se preguntó 'si es bueno o malo para el conjunto de los interses generales tener a todos los presidentes de las grandes empresas españolas que cotizan en bolsa permanentemente en el Congreso de los Diputados a no sabemos exactamente qué efectos'.

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'Interés electoral'

Pero Rajoy buscó inmediatamente una interpretación a las presuntas intenciones del PSOE en el sentido de generar un ambiente político de desestabilización del Gobierno. 'Uno tiene la impresión de que desde el PSOE se va a hacer el mayor esfuerzo de que sea capaz para intentar generar un ambiente que pueda convenir a sus intereses electorales sin preocuparle lo más mínimo el interés general'. El vicepresidente primero llegó a precisar que 'hace seis o siete años había algunos asuntos (en clara alusión a la corrupción) que llegaron a ser la segunda y la tercera preocupación de los españoles y hoy estos asuntos no están entre los veinte primeros según las encuestas'.

Tras sus argumentaciones jurídicas y políticas, el vicepresidente primero dejó claro que el PP impedirá el martes, en la reunión de la Mesa del Congreso, las comparecencias pedidas por el PSOE.

La respuesta no se hizo esperar y el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, señaló: 'Si la Mesa del Congreso, que en definitiva es la que tiene que aceptar o no el trámite de esa petición, contradice frontalmente una decisión del Tribunal Constitucional a sabiendas de que la contradice y de que compete una injusticia, estamos ante una cosa muy seria y muy grave. Eso tiene incluso una expresión penal y delictiva'.

Por su parte, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, afirmó: 'Si el PP niega la comparecencia después de la sentencia del Constitucional, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, volveremos a utilizar todos los mecanismos que nos facilita el Estado de Derecho para tratar de que se cumpla. Se va a conocer el proceso oscuro de privatizaciones impulsado por los populares'.

Miguel Arias, Mariano Rajoy y Ana María Pastor, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.M. ESCALERA

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