Polémica cuenta atrás para Zorita

A la entrada de la central José Cabrera, ubicada en el término municipal de Zorita de los Canes (Guadalajara), hay una placa con esta inscripción: 'S. E. El Jefe del Estado Francisco Franco Bahamonde inauguró esta Central Nuclear. Primera que inicia en nuestra Patria la era atómica industrial. 12 de diciembre de 1968'.

Casi 34 años después, el pasado 13 de septiembre, cuatro de los cinco miembros del órgano decisorio del Consejo de Seguridad Nuclear acordaron proponer al Ministerio de Economía (que se espera que dé su visto bueno antes del 15 de octubre) un paso que podría marcar el com...

A la entrada de la central José Cabrera, ubicada en el término municipal de Zorita de los Canes (Guadalajara), hay una placa con esta inscripción: 'S. E. El Jefe del Estado Francisco Franco Bahamonde inauguró esta Central Nuclear. Primera que inicia en nuestra Patria la era atómica industrial. 12 de diciembre de 1968'.

Casi 34 años después, el pasado 13 de septiembre, cuatro de los cinco miembros del órgano decisorio del Consejo de Seguridad Nuclear acordaron proponer al Ministerio de Economía (que se espera que dé su visto bueno antes del 15 de octubre) un paso que podría marcar el comienzo del fin de esa era: la clausura de la planta el 30 de abril de 2006. Una cuenta atrás compleja, polémica y con la opinión pública pendiente de una cuestión clave: la seguridad.

La presidenta del CSN descalifica como fruto de un pacto político el informe que pide el cierre

Las debilidades de diseño impedirían hoy que la central recibiera permiso de construcción

La presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, ex diputada popular, se abstuvo en la votación y, abriendo una brecha sin precedentes en el Consejo, desautorizó a sus consejeros: dos propuestos por el PSOE, uno por IU y otro por el PP, al igual que ella misma.

Estevan Bolea denunció el pasado miércoles en la Comisión de Economía del Congreso, no ya la existencia de un pacto político externo al CSN, sino que este organismo regulador e independiente (sólo debe rendir cuentas ante el Parlamento) se pronunciase sobre la fecha de cierre de la central. En ésa, recordó, una competencia del Ministerio de Economía, pero no del Consejo, cuya función, dijo, debe limitarse a las cuestiones de seguridad nuclear y protección radiológica. Su irritación procedía además de que el informe de los cuatro consejeros modificaba sustancialmente otro previo de los técnicos del CSN que, en la práctica, avalaba la extensión del funcionamiento de la central hasta 2008, tal y como pretendía la empresa propietaria, Unión Fenosa.

En cualquier caso, la suerte está echada, y Zorita será la primera clausura programada de una central atómica en España. El caso de Vandellós 1 (Tarragona) es muy diferente, ya que su cierre vino forzado por un grave incendio ocurrido en 1989. Aún no ha concluido el proceso de desmantelamiento.

Después de Zorita, confían organizaciones ecologistas y partidos de oposición, se producirá el cierre escalonado del resto de plantas atómicas, tal vez incluso antes de que vayan completando su prevista vida útil (40 años al día de hoy) y más o menos en este orden: Santa María de Garoña (Burgos), en funcionamiento desde 1971; Almaraz (Cáceres), cuyos dos bloques son operativos desde 1981 y 1983; Ascó (Tarragona), cuyas unidades producen electricidad desde 1983 y 1985; Cofrentes (Valencia), 1984; Vandellós 2 (Tarragona), 1987, y Trillo (Guadalajara), 1988.

Desde el PSOE se ha llegado a insinuar que su opción, cuando recupere al poder, sería que la última central cerrase en 2015, aunque esa perspectiva parece irreal. Ni siquiera el Gobierno rojiverde alemán va tan lejos, ya que traza un horizonte de 20 años.

Las actuales previsiones pueden verse alteradas por consideraciones técnicas, económicas y políticas. Aunque el PP no manifiesta a las claras su vocación pronuclear, consciente del coste en votos que tendría, hay fuertes indicios de que el lobby nuclear (con los compañías eléctricas y grandes fabricantes de tecnología en cabeza) tiene clara influencia en el partido de Gobierno, con una aguda punta de lanza en Bruselas: la comisaria europea Loyola de Palacio.

Hay quien mete en ese grupo de presión a la presidenta del CSN, quien ahora elude cualquier manifestación que no se refiera estrictamente a la seguridad, pero que levantó una auténtica polvareda cuando, en una entrevista publicada en EL PAÍS (agosto de 2001), aseguró que no habrá nuevas centrales atómicas en esta década, pero sí 'seguramente' en la próxima. También dijo: 'Zorita debe continuar y puede operar 10 años más'. La estrategia del lobby apunta a la ampliación de la potencia y la prolongación de la vida útil de las plantas existentes, desde los 40 años que ahora se les calcula hasta 50 e incluso 60. Ése será el próximo campo de batalla.

Zorita quedará al margen de esa disputa. Y seguramente también Garoña, la siguiente en la lista por ley de vida. En cualquier caso, la experiencia de la central alcarreña, la más vieja y de diseño más antiguo, será determinante.

La planta es la de menor potencia del parque atómico español: 160 megavatios, de un total de 7.815 nucleares, y que, pese a suponer poco más del 15% de la potencia total instalada en el país (0,3% para Zorita), generan el 27% de la energía eléctrica, 63.715 millones de kilovatios hora en 2001. De ellos, 1.127 millones procedían de Zorita. Suficiente para alimentar a cinco ciudades de 50.000 habitantes, cerca del 20% del consumo de Castilla-La Mancha.

La pregunta del millón es si Zorita es segura. La respuesta de los consejeros del CSN fue una especie de sí, por supuesto, pero que no les llevó a señalar que haya peligro de accidente, pero sí a recomendar que no se agote la prevista vida útil (en diciembre de 2008). Uno de sus argumentos era que la central no recibiría hoy el permiso de construcción de acuerdo con la normativa actual a causa de 'debilidades de diseño que afectan a un amplio conjunto de sistemas de seguridad'. Las 'debilidades estructurales', añadían, han dejado cuestiones pendientes pese a la ejecución de varios planes de mejora de gran envergadura. También señalaban la carencia de personal suficiente, cualificado y motivado, en un entorno de 'deficiente cultura de seguridad'. Aplicar ésta exigiría más de los seis años que como máximo quedaban a Zorita.

Este dictamen, que corregía en parte el informe previo de los técnicos del CSN, indignó a Estevan Bolea, que se presentó el miércoles en la Comisión de Economía del Congreso con una conclusión: 'Desde el punto de vista técnico y de seguridad, la planta estará en mejores condiciones de seguridad que nunca después de la recarga'. Es decir, tras incorporarse las mejoras exigidas por el CSN.

La recarga consiste en la sustitución de 16 de las 69 barras de combustible nuclear del reactor, de agua a presión y procedente de un submarino nuclear. Se efectúa una vez al año, con la central parada, y se aprovecha para introducir cuantas reparaciones, sustituciones e incluso modificaciones de diseño sean necesarias. La actual concluirá a mediados de octubre.

La comparecencia de Estevan Bolea fue un tenso tira y afloja entre la presidenta del CSN - empeñada en descalificar el informe de sus consejeros por considerarlo fruto de un pacto político que afecta a la independencia del Consejo- y los portavoces de la oposición, fundamentalmente el de Izquierda Unida, Presentación Urán, y del PSOE, Javier García Breva.

Ambos grupos habían pedido reiteradamente el cierre inmediato de Zorita, pero se dan por razonablemente satisfechos, como los ecologistas de Greenpeace, con que, al menos, no funcione seis años más, sino únicamente tres y medio.

Después de la sesión, García Breva admitía que se había producido una 'confluencia de opiniones' entre partidos y consejeros, pero sin que se ejerciera ninguna presión sobre estos. También consideró muy positivo el equilibrio entre los criterios políticos, económicos y técnicos.

Estevan Bolea, por su parte, encontró especialmente censurable que la petición de cierre se apoyase en supuestos problemas de seguridad que, de ser ciertos, y de no rápida solución, obligarían a parar la planta de forma inmediata. 'Una central es segura o no lo es', concluyó. 'Lo que no se puede decir es que es segura para que funcione tres años y medio y al día siguiente ya no'.

García Breva se mostró después de la comparecencia indignado por la 'imagen lamentable' ofrecida por la presidenta del CSN, que puso en peligro, afirmó, la credibilidad del Consejo. Sin embargo, no pidió la dimisión de Estevan Bolea porque cree que lo prioritario debe ser recomponer el consenso si es ya posible.

Él también está convencido de que, hoy por hoy, Zorita es segura. 'Pero', se pregunta, '¿acaso hay que esperar a que se produzca un accidente para decidir el cierre?'. Además, añade, presenta claras deficiencias. No ha tenido acceso aún al informe original de los técnicos del CSN, pero le consta que en Zorita se han producido 'incumplimientos de la normativa', como los tres de enero y febrero relacionados con el sistema de agua de servicios esenciales. Admite que no estuvo en peligro la seguridad de la planta, pero le preocupan las deficiencias señaladas en el informe elaborado entonces por Tecnatom, empresa participada por las grandes compañías eléctricas propietarias de las centrales atómicas.

En ese texto se hablaba de deficiente programa de cultura de seguridad, de problemas de mantenimiento de ciertos elementos, de degradación funcional de sistemas y de inadecuada formación del personal. 'En EE UU', concluye el diputado por Guadalajara, 'cuando hay fallos de este tipo se para la central hasta que se subsanan'.

Zorita agoniza con polémica. Todo un símbolo de que la energía nuclear, paradigma antaño de un desarrollismo sin fronteras, ya no es lo que era.

A la entrada de la central José Cabrera, ubicada en el término municipal de Zorita de los Canes (Guadalajara), hay una placa con esta inscripción: 'S. E. El Jefe del Estado Francisco Franco Bahamonde inauguró esta Central Nuclear. Primera que inicia en nuestra Patria la era atómica industrial. 12 de diciembre de 1968'.

Casi 34 años después, el pasado 13 de septiembre, cuatro de los cinco miembros del órgano decisorio del Consejo de Seguridad Nuclear acordaron proponer al Ministerio de Economía (que se espera que dé su visto bueno antes del 15 de octubre) un paso que podría marcar el comienzo del fin de esa era: la clausura de la planta el 30 de abril de 2006. Una cuenta atrás compleja, polémica y con la opinión pública pendiente de una cuestión clave: la seguridad.

La presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, ex diputada popular, se abstuvo en la votación y, abriendo una brecha sin precedentes en el Consejo, desautorizó a sus consejeros: dos propuestos por el PSOE, uno por IU y otro por el PP, al igual que ella misma.

Estevan Bolea denunció el pasado miércoles en la Comisión de Economía del Congreso, no ya la existencia de un pacto político externo al CSN, sino que este organismo regulador e independiente (sólo debe rendir cuentas ante el Parlamento) se pronunciase sobre la fecha de cierre de la central. En ésa, recordó, una competencia del Ministerio de Economía, pero no del Consejo, cuya función, dijo, debe limitarse a las cuestiones de seguridad nuclear y protección radiológica. Su irritación procedía además de que el informe de los cuatro consejeros modificaba sustancialmente otro previo de los técnicos del CSN que, en la práctica, avalaba la extensión del funcionamiento de la central hasta 2008, tal y como pretendía la empresa propietaria, Unión Fenosa.

En cualquier caso, la suerte está echada, y Zorita será la primera clausura programada de una central atómica en España. El caso de Vandellós 1 (Tarragona) es muy diferente, ya que su cierre vino forzado por un grave incendio ocurrido en 1989. Aún no ha concluido el proceso de desmantelamiento.

Después de Zorita, confían organizaciones ecologistas y partidos de oposición, se producirá el cierre escalonado del resto de plantas atómicas, tal vez incluso antes de que vayan completando su prevista vida útil (40 años al día de hoy) y más o menos en este orden: Santa María de Garoña (Burgos), en funcionamiento desde 1971; Almaraz (Cáceres), cuyos dos bloques son operativos desde 1981 y 1983; Ascó (Tarragona), cuyas unidades producen electricidad desde 1983 y 1985; Cofrentes (Valencia), 1984; Vandellós 2 (Tarragona), 1987, y Trillo (Guadalajara), 1988.

Desde el PSOE se ha llegado a insinuar que su opción, cuando recupere al poder, sería que la última central cerrase en 2015, aunque esa perspectiva parece irreal. Ni siquiera el Gobierno rojiverde alemán va tan lejos, ya que traza un horizonte de 20 años.

Las actuales previsiones pueden verse alteradas por consideraciones técnicas, económicas y políticas. Aunque el PP no manifiesta a las claras su vocación pronuclear, consciente del coste en votos que tendría, hay fuertes indicios de que el lobby nuclear (con los compañías eléctricas y grandes fabricantes de tecnología en cabeza) tiene clara influencia en el partido de Gobierno, con una aguda punta de lanza en Bruselas: la comisaria europea Loyola de Palacio.

Hay quien mete en ese grupo de presión a la presidenta del CSN, quien ahora elude cualquier manifestación que no se refiera estrictamente a la seguridad, pero que levantó una auténtica polvareda cuando, en una entrevista publicada en EL PAÍS (agosto de 2001), aseguró que no habrá nuevas centrales atómicas en esta década, pero sí 'seguramente' en la próxima. También dijo: 'Zorita debe continuar y puede operar 10 años más'. La estrategia del lobby apunta a la ampliación de la potencia y la prolongación de la vida útil de las plantas existentes, desde los 40 años que ahora se les calcula hasta 50 e incluso 60. Ése será el próximo campo de batalla.

Zorita quedará al margen de esa disputa. Y seguramente también Garoña, la siguiente en la lista por ley de vida. En cualquier caso, la experiencia de la central alcarreña, la más vieja y de diseño más antiguo, será determinante.

La planta es la de menor potencia del parque atómico español: 160 megavatios, de un total de 7.815 nucleares, y que, pese a suponer poco más del 15% de la potencia total instalada en el país (0,3% para Zorita), generan el 27% de la energía eléctrica, 63.715 millones de kilovatios hora en 2001. De ellos, 1.127 millones procedían de Zorita. Suficiente para alimentar a cinco ciudades de 50.000 habitantes, cerca del 20% del consumo de Castilla-La Mancha.

La pregunta del millón es si Zorita es segura. La respuesta de los consejeros del CSN fue una especie de sí, por supuesto, pero que no les llevó a señalar que haya peligro de accidente, pero sí a recomendar que no se agote la prevista vida útil (en diciembre de 2008). Uno de sus argumentos era que la central no recibiría hoy el permiso de construcción de acuerdo con la normativa actual a causa de 'debilidades de diseño que afectan a un amplio conjunto de sistemas de seguridad'. Las 'debilidades estructurales', añadían, han dejado cuestiones pendientes pese a la ejecución de varios planes de mejora de gran envergadura. También señalaban la carencia de personal suficiente, cualificado y motivado, en un entorno de 'deficiente cultura de seguridad'. Aplicar ésta exigiría más de los seis años que como máximo quedaban a Zorita.

Este dictamen, que corregía en parte el informe previo de los técnicos del CSN, indignó a Estevan Bolea, que se presentó el miércoles en la Comisión de Economía del Congreso con una conclusión: 'Desde el punto de vista técnico y de seguridad, la planta estará en mejores condiciones de seguridad que nunca después de la recarga'. Es decir, tras incorporarse las mejoras exigidas por el CSN.

La recarga consiste en la sustitución de 16 de las 69 barras de combustible nuclear del reactor, de agua a presión y procedente de un submarino nuclear. Se efectúa una vez al año, con la central parada, y se aprovecha para introducir cuantas reparaciones, sustituciones e incluso modificaciones de diseño sean necesarias. La actual concluirá a mediados de octubre.

La comparecencia de Estevan Bolea fue un tenso tira y afloja entre la presidenta del CSN - empeñada en descalificar el informe de sus consejeros por considerarlo fruto de un pacto político que afecta a la independencia del Consejo- y los portavoces de la oposición, fundamentalmente el de Izquierda Unida, Presentación Urán, y del PSOE, Javier García Breva.

Ambos grupos habían pedido reiteradamente el cierre inmediato de Zorita, pero se dan por razonablemente satisfechos, como los ecologistas de Greenpeace, con que, al menos, no funcione seis años más, sino únicamente tres y medio.

Después de la sesión, García Breva admitía que se había producido una 'confluencia de opiniones' entre partidos y consejeros, pero sin que se ejerciera ninguna presión sobre estos. También consideró muy positivo el equilibrio entre los criterios políticos, económicos y técnicos.

Estevan Bolea, por su parte, encontró especialmente censurable que la petición de cierre se apoyase en supuestos problemas de seguridad que, de ser ciertos, y de no rápida solución, obligarían a parar la planta de forma inmediata. 'Una central es segura o no lo es', concluyó. 'Lo que no se puede decir es que es segura para que funcione tres años y medio y al día siguiente ya no'.

García Breva se mostró después de la comparecencia indignado por la 'imagen lamentable' ofrecida por la presidenta del CSN, que puso en peligro, afirmó, la credibilidad del Consejo. Sin embargo, no pidió la dimisión de Estevan Bolea porque cree que lo prioritario debe ser recomponer el consenso si es ya posible.

Él también está convencido de que, hoy por hoy, Zorita es segura. 'Pero', se pregunta, '¿acaso hay que esperar a que se produzca un accidente para decidir el cierre?'. Además, añade, presenta claras deficiencias. No ha tenido acceso aún al informe original de los técnicos del CSN, pero le consta que en Zorita se han producido 'incumplimientos de la normativa', como los tres de enero y febrero relacionados con el sistema de agua de servicios esenciales. Admite que no estuvo en peligro la seguridad de la planta, pero le preocupan las deficiencias señaladas en el informe elaborado entonces por Tecnatom, empresa participada por las grandes compañías eléctricas propietarias de las centrales atómicas.

En ese texto se hablaba de deficiente programa de cultura de seguridad, de problemas de mantenimiento de ciertos elementos, de degradación funcional de sistemas y de inadecuada formación del personal. 'En EE UU', concluye el diputado por Guadalajara, 'cuando hay fallos de este tipo se para la central hasta que se subsanan'.

Zorita agoniza con polémica. Todo un símbolo de que la energía nuclear, paradigma antaño de un desarrollismo sin fronteras, ya no es lo que era.