La justicia avala a los 'okupas' de Can Masdeu y rechaza el dasalojo
El Ayuntamiento de Barcelona asegura que la vía civil es la más adecuada
La Audiencia de Barcelona rechazó ayer el desalojo por la fuerza de una treintena de okupas que desde hace un año habitan en la masía de Can Masdeu, en el barrio de Canyelles, al considerar que es una medida innecesaria, desproporcionada y la más perjudicial. Los jueces opinan que antes de enviar a la policía al lugar, como reclamaba el propietario de la masía, debe haber una sentencia judicial firme, sea penal o civil.
Los afectados se felicitaron ayer por la resolución, de la que no se conocen precedentes, porque en la práctica avala la ocupación. Al menos, por un tiempo...
La Audiencia de Barcelona rechazó ayer el desalojo por la fuerza de una treintena de okupas que desde hace un año habitan en la masía de Can Masdeu, en el barrio de Canyelles, al considerar que es una medida innecesaria, desproporcionada y la más perjudicial. Los jueces opinan que antes de enviar a la policía al lugar, como reclamaba el propietario de la masía, debe haber una sentencia judicial firme, sea penal o civil.
Los afectados se felicitaron ayer por la resolución, de la que no se conocen precedentes, porque en la práctica avala la ocupación. Al menos, por un tiempo. El auto dictado ayer por la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona desenreda un poco la maraña judicial del caso y supone una tregua de al menos un año. Ese es el tiempo que puede transcurrir hasta que haya una sentencia penal firme contra los nueve okupas a los que el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ha abierto juicio oral. El fiscal reclama la absolución, pero la acusación particular solicita para ellos una multa. Contra la primera sentencia del caso podrá recurrirse ante la Audiencia, y si al final los okupas fuesen absueltos, la propietaria del inmueble debería intentarlo entonces por la vía civil. Pero hasta que volviera a producirse la nueva sentencia pasaría otro año más.
Esa reflexión también la hacen los jueces de la Audiencia de Barcelona en la resolución conocida ayer, y por eso concluyen que ahora no es el momento de enviar a la policía a la masía. El representante de la Fundación Sant Pau -en la que están representados el Ayuntamiento, la Generalitat y el hospital del mismo nombre- pidió en el mes de mayo que los geos, un cuerpo de operaciones especiales de la policía, desalojasen a los okupas. El juez del caso lo autorizó, pero después dio marcha atrás y suspendió el desalojo después de que 11 integrantes del colectivo okupa se colgasen en la fachada para evitarlo y entrasen en un delicado estado de salud. La acusación recurrió contra esa decisión y ahora la Audiencia ha desestimado de nuevo la petición.
El magistrado Daniel de Alfonso, ponente del auto, asegura: 'Nuestro Estado no sólo es un Estado de derecho, sino también democrático, y sobre todo es y debe ser un Estado social'. Por eso, añade, 'la necesidad de contribuir a la paz social, alterada en esta causa, desaconseja la adopción de esta medida por no ser en esta fase del procedimiento en que nos hallamos, necesaria'. El juez también cree que la 'desproporción' que supondría el desalojo policial 'vulneraría el espíritu y la letra de la Constitución'.
Los abogados del colectivo okupa acogieron ayer con satisfacción la decisión de la Audiencia de Barcelona y consideraron que, así las cosas, las instituciones deben sentarse a negociar con voluntad de llegar a un acuerdo. 'Es el momento de apelar al diálogo y a la responsabilidad de todos y buscar una alternativa que ayude a reorientar el conflicto', aseguró el abogado Jaume Asens. En este sentido, recordó que los jóvenes que viven en Can Masdeu aceptaron hace meses, en una decisión sin precedentes, que interviniese un mediador penal, pero sus gestiones no fructificaron por la negativa del Ayuntamiento.
Un portavoz municipal declinó ayer realizar cualquier comentario sobre la sentencia hasta que no fuese analizada en profundidad y añadió que el consistorio siempre ha defendido la vía civil como la más apropiada.
En cualquier caso, lo que resulta indiscutible es que la sentencia de la Audiencia de Barcelona paraliza de momento los planes urbanísticos de la zona. La masía de Can Masdeu, que data del siglo XVII, está situada en un torrente del mismo nombre, en el barrio de Canyelles, a 500 metros escasos de la Ronda de Dalt. El paraje ocupa 400.000 metros cuadrados de masa forestal y los planes municipales para la zona prevén que una parte de esa superficie se dedique a zona verde, en lo que se pretende un nuevo acceso al parque de Collserola. El resto se venderá a la iniciativa privada para que lo destine a un equipamiento formativo o sociosanitario. Can Masdeu acogió hasta 1950 una leprosería que dependía del hospital de Sant Pau y desde entonces permaneció deshabitada hasta que el pasado mes de diciembre se instalaron en ella los okupas.
'Casi todo a favor'
'Ahora tenemos a casi todo el mundo a favor: al juez instructor, a la Audiencia, al fiscal y a los vecinos de la zona. Supongo que las instituciones recapacitarán', aseguró el abogado Jaume Asens. Los okupas de Can Masdeu, por el contrario, no eran tan optimistas y recordaban sus irrenunciables planteamientos 'A la okupación, la Audiencia Provincial ni quita ni da la razón, sino la justicia social, la gente y el sentido común', afirmaba anoche Oscar, un portavoz de los okupas, para quien la resolución judicial no cambia demasiado las cosas. 'Estamos contentos, pero tampoco es para dar saltos de alegría, porque nueve personas siguen inculpadas y están pendientes de juicio', aseguró. 'Nos alegraríamos si se hubiera protegido el parque de Collserola o si se hubiera garantizado el derecho a la vivienda de la gente', añadió el portavoz de los okupas, quien recordó que ayer mismo fue desalojada otra casa. Se trata de La Torreta, en el número 77 de la calle Olzinelles, en el barrio de Sants, que estaba ocupada desde hacía tres años.
La resolución de ayer de la Audiencia tampoco es ajena al movimiento okupa y en un apartado dedica una reflexión poco habitual. Eso sí, en lenguaje judicial. 'La vigente regulación procesal en esta materia -la okupación- está demandando una necesaria y urgente reforma, adecuada a las presentes exigencias sociales derivadas, entre otras, del notable incremento experimentado en los últimos años en los delitos contra el patrimonio... Mientras dicha ansiada reforma llega será siempre preciso acudir a la Constitución', dicen los jueces. Y eso es lo que hicieron ellos.