El nuevo pase foral

El pasado 13 de septiembre, la Comisión de Instituciones del Parlamento vasco derrotó la propuesta del Gobierno de Ibarretxe para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos; el rasgo más sorprendente de la votación fue que el grupo amenazado de forma directa por la norma impugnada rechazase una moción dirigida precisamente a prestarle amparo. En un primer momento suena paradójico que los representantes de Batasuna no quisieran ni siquiera apostar a favor de que el Tribunal Constitucional pudiera expulsar del ordenamiento jurídico a la Ley de Partidos invocada por e...

El pasado 13 de septiembre, la Comisión de Instituciones del Parlamento vasco derrotó la propuesta del Gobierno de Ibarretxe para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos; el rasgo más sorprendente de la votación fue que el grupo amenazado de forma directa por la norma impugnada rechazase una moción dirigida precisamente a prestarle amparo. En un primer momento suena paradójico que los representantes de Batasuna no quisieran ni siquiera apostar a favor de que el Tribunal Constitucional pudiera expulsar del ordenamiento jurídico a la Ley de Partidos invocada por el Gobierno y el fiscal del Estado para pedir la ilegalización de la organización nacionalista radical. No resulta demasiado difícil, sin embargo, encontrar algunas claves capaces de explicar ese aparente misterio.

De un lado, el brazo político de ETA ha empezado a aplicar dentro del terreno institucional, ante la perspectiva de su ilegalización, la consigna -cuanto peor, mejor- de tierra quemada que la casa matriz del entramado terrorista ha venido impartiendo -más de 800 muertos- desde los comienzos de la transición. De otro, la obligada aplicación de las medidas cautelares de Garzón realizada por la Consejería de Interior del Gobierno vasco y por la Ertzaintza como polícía judicial ha servido a Batasuna para denunciar las tibiezas, ambigüedades y contradicciones del nacionalismo moderado, tal vez con el propósito de forzar a PNV y EA a romper con la legalidad y tirarse al monte.

Durante el debate sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos, Arnaldo Otegi denunció la colaboración prestada por el Gobierno de Vitoria a la clausura cautelar y temporal de las sedes de Batasuna ordenada por el juez Garzón. Las reivindicaciones foralistas defendidas durante la transición por el PNV -antes de que Arzalluz hiciera las paces con ese derecho de autodeterminación del que tanto se había burlado ('una virguería marxista')- fueron tomadas a choteo por el portavoz de Batasuna mediante una referencia despectiva al pase foral. Esa tradicional institución procesal era utilizada con anterioridad a 1839 por las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava (el derecho de sobrecarta constituía su equivalente aproximado en Navarra) para conseguir que las leyes, cartas o providencias reales contrarias a los fueros de esos territorios fuesen obedecidas, pero no cumplidas. Esta especie de veto suspensivo o de participación negativa en la tarea legislativa no se oponía a cualquier decisión, sino sólo a las iniciativas regias sobre materias reguladas por el fuero que conculcasen sus contenidos.

Según el portavoz de Batasuna, la aplicación por el Gobierno vasco de las medidas cautelares de Garzón ha sido 'un pase foral pero al revés', ya que 'no se acata la ley', pero en cambio 'se cumple a rajatabla'. El sarcasmo de Otegi habrá herido la sensibilidad de los sectores del nacionalismo moderado que consiguieron incorporar a la norma de 1978 una disposición adicional amparadora de los derechos históricos de los territorios forales y una disposición derogatoria de las leyes de 25 de octubre de 1839 y de 21 de julio de 1876, desmanteladoras de las instituciones de origen medieval consolidadas bajo la Monarquía absoluta (entre otras, el pase foral) que se hallaban vigentes en el País Vasco antes de las carlistadas. La elaboración ideológica nacionalista de ese pasado medieval y absolutista a la vez embellecido y falseado subyace a la construcción político-jurídica del ámbito vasco de decisión, territorio supuestamente exento de la obligación de obedecer las normas que vinculan al resto de los ciudadanos españoles. ¿Será la querella del Gobierno vasco contra Garzón una irregular actualización judicializada del pase foral? Resultaría inimaginable, en cualquier caso, que un Estado democrático constitucional basado sobre los principios de la igualdad y del imperio de la ley aceptase cualquier fantasmal resurrección de una institución otorgada por reyes medievales y monarcas absolutos.