PP y CiU pactan mejoras fiscales en los alquileres sólo para los caseros

La nueva reforma del IRPF inició ayer su andadura parlamentaria. La Comisión de Economía del Congreso aprobó ampliar los beneficios fiscales para el alquiler de viviendas, con deducciones para el casero que pueden llegar hasta el 100% de la renta, y sin ayudas para el inquilino, tras el acuerdo entre PP y CiU. El PSOE denunció que los nuevos incentivos benefician a los propietarios de mayor nivel económico.

Estas novedades entrarán en vigor en enero de 2003, en la declaración de mediados de 2004. Se incluyen en la reforma del IRPF, la segunda del Gobierno del PP, que contempla una rebaj...

La nueva reforma del IRPF inició ayer su andadura parlamentaria. La Comisión de Economía del Congreso aprobó ampliar los beneficios fiscales para el alquiler de viviendas, con deducciones para el casero que pueden llegar hasta el 100% de la renta, y sin ayudas para el inquilino, tras el acuerdo entre PP y CiU. El PSOE denunció que los nuevos incentivos benefician a los propietarios de mayor nivel económico.

Estas novedades entrarán en vigor en enero de 2003, en la declaración de mediados de 2004. Se incluyen en la reforma del IRPF, la segunda del Gobierno del PP, que contempla una rebaja de la tarifa (el tipo máximo se sitúa en el 45% desde el 48%, y el mínimo pasa del 18% al 15%) y prevé una paga o deducción de 1.200 euros anuales para madres con hijos menores de tres años que trabajan fuera de casa.

El trámite parlamentario comenzó ayer en la Comisión de Economía del Congreso, donde ha funcionado sin fisuras el pacto político entre el PP, CiU y Coalición Canaria. Los populares pactaron con los nacionalistas catalanes la mejora en el tratamiento fiscal de las viviendas de alquiler. El objetivo es beneficiar a los propietarios en cualquier circunstancia, ya que se han ampliado los incentivos antes previstos sólo para viviendas vacías que salieran al mercado.

La mayoría parlamentaria aprobó una reducción del 40% sobre la renta percibida por el casero; elevar del 2% al 3% el coeficiente de amortización del inmueble; incluir una deducción sobre los gastos, como portería, limpieza, etcétera, además de los de reparación y conservación; y una deducción del 15% para gastos de difícil justificación sobre el rendimiento íntegro (antes de deducciones). Esta última cantidad será superior a la prevista en el proyecto de ley, ya que se establecía sobre el rendimiento neto (después de deducciones).

El portavoz socialista en este debate, Germá Bel, denunció que estos incentivos ignoran a los inquilinos, unos 700.000, y sólo favorecen a los caseros, en especial, los de mayor capacidad económica. En la práctica, según los socialistas, las medidas aprobadas ayer suponen 'desfiscalizar' este tipo de rentas. El siguiente paso sería aumentar los beneficios para las inmobiliarias que se dedican al alquiler. Una enmienda de CiU lo prevé y no es descartable que se apruebe en posteriores trámites.

El proyecto de ley del IRPF se debatirá en el pleno del Congreso la próxima semana, después pasará al Senado, para volver, a finales de año, a la Cámara baja para su aprobación definitiva. Entre las enmiendas rechazadas ayer figuran las presentadas por varios grupos -PSOE, CiU e Iniciativa per Catalunya- para que se declaren exentas del IRPF las indemnizaciones a ex presos políticos.

Estas indemnizaciones se contemplaron como parte de la amnistía que puso fin a la dictadura franquista y se recogieron en la Ley de Presupuestos del año 1991. Entonces se puso como requisito que el ex preso tuviera 52 años o más en el año 1990 y que hubiera estado más de tres años en la cárcel. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Madrid, Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha, han flexibilizado después esas condiciones para que la indemnización pudiera llegar a más represaliados.

Según el IRPF vigente, esas cantidades tienen retención (mínimo del 18%) y tributan en el IRPF. El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte argumentó ayer que si la indemnización la pagan las comunidades, son ellas quienes deberían aplicar la exención del IRPF en el tramo que les corresponde. El diputado de IC, Joan Saura, señaló que 'las comunidades asumen un pago que debería correr a cargo del Gobierno central y no por ello tienen que asumir también su coste fiscal'.