Derechos Humanos reclama cambios en la política de protección de menores

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Andalucía reclamó ayer en Sevilla 'un giro de muchos grados' en la política de protección de menores de la Junta. Según los representantes de Derechos Humanos, la Consejería de Asuntos Sociales disfruta de un 'excesivo poder' en la materia, y siempre opta por la retirada de la tutela de los menores, en lugar de trabajar con tiempo con las familias para evitar males mayores.

El presidente de la asociación, Rafael Lara, aseguró que la Junta sólo retira sus hijos a los 'pobres y excluidos' y no realiza 'un trabajo social con las familias' previo...

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Andalucía reclamó ayer en Sevilla 'un giro de muchos grados' en la política de protección de menores de la Junta. Según los representantes de Derechos Humanos, la Consejería de Asuntos Sociales disfruta de un 'excesivo poder' en la materia, y siempre opta por la retirada de la tutela de los menores, en lugar de trabajar con tiempo con las familias para evitar males mayores.

El presidente de la asociación, Rafael Lara, aseguró que la Junta sólo retira sus hijos a los 'pobres y excluidos' y no realiza 'un trabajo social con las familias' previo, que evitaría la separación familiar.

Lara afirmó que la política de Asuntos Sociales 'condena a la cárcel a chavales que se podrían salvar' y 'crea situaciones irreparables para los niños' al separarlos de sus familias biológicas e internarlos en centros de acogida. La APDH presentó un informe con catorce 'reivindicaciones urgentes para solucionar las deficiencias en el sistema de protección de menores' en Andalucía, entre los cuales destacó la falta de un trabajo con las familias en riesgo, ofreciéndoles 'salidas efectivas de tipo laboral, formativas y de vivienda'.

Los miembros de la asociación también criticaron la lentitud de la administración de justicia, en la que los procesos de menores se prolongan hasta tres años, tiempo en los que se consolidan las situaciones de hechos provocadas por la actuación de Asuntos Sociales. Además, para evitar la arbitrariedad de la consejería, solicitaron que la responsabilidad sobre los menores vuelva a recaer en la autoridad judicial.