Lo que no se sabe
El fiscal general del Estado ha causado un revuelo importante con su discurso, y sus datos, sobre el aumento de la delincuencia en España. Por supuesto, conviene recibir estas noticias con cierta cautela. El número de diligencias que se incoa depende del número de denuncias, y el número de denuncias, o de denuncias que prosperan como tales, de la presteza de las víctimas a dirigirse a la policía o los tribunales y de la propia eficiencia del aparato policial. De modo que existe una relación compleja entre delincuencia real y delincuencia registrada. Esto dicho, los datos son preocupantes. Lo s...
El fiscal general del Estado ha causado un revuelo importante con su discurso, y sus datos, sobre el aumento de la delincuencia en España. Por supuesto, conviene recibir estas noticias con cierta cautela. El número de diligencias que se incoa depende del número de denuncias, y el número de denuncias, o de denuncias que prosperan como tales, de la presteza de las víctimas a dirigirse a la policía o los tribunales y de la propia eficiencia del aparato policial. De modo que existe una relación compleja entre delincuencia real y delincuencia registrada. Esto dicho, los datos son preocupantes. Lo son allí donde no existe equívoco, como en las muertes violentas intencionales, que subieron durante el último año un 11%. Y lo son, a qué negarlo, en general.
El Gobierno ha estado lento en la percepción del fenómeno. Las desinversiones en seguridad no se pueden justificar alegando un descenso general del gasto público. La hipótesis del despiste, o falta de concentración, es bastante convincente, y el PSOE ha encontrado aquí un filón en absoluto desdeñable. Aparte de esto, se han manejado, por una y otra parte, argumentos bastante confusos, que la controversia en torno a la reforma del Código Penal, y a los cambios en política de orden público, convierten en más confusos todavía. Destacaré sólo algunos extremos fundamentales.
El Código de la etapa Belloch fue elogiado, o vituperado, por su carácter 'progresista'. ¿Aumenta un código que suprime tipos penales, o alivia el castigo, la delincuencia? La pregunta... no está bien planteada. O mejor, no lo estará mientras no se distinga entre delincuencia registrada, y delincuencia efectiva. Por definición, un código menos severo tenderá a reducir la delincuencia registrada. Puesto que serán menos los motivos que conduzcan a clasificar una conducta como delictiva. Si, pese a todo, la delincuencia registrada aumenta, existirán razones para sospechar que el Código no ha tenido un impacto positivo. Pero conviene moverse con tiento por estos vericuetos. Primero, hay que razonarlos. El argumento básico sería éste: no sancionar la conducta X, desclasificada como delictiva, estimula la conducta Y, registrada, ahora sí, como delictiva. Mientras no se señale esta trayectoria, y se confirme con datos, las conclusiones serán prematuras.
Esto nos lleva a un segundo punto. Es dificilísimo saber por qué se delinque. La relación entre condiciones socioeconómicas, y delincuencia, por ejemplo, es por completo borrosa. La delincuencia dio un salto cualitativo en Gran Bretaña a mediados de los cincuenta, en la pleamar del Estado Asistencial. En Nueva York, descendió espectacularmente en los noventa, no se sabe por qué. Existen conjeturas que apuntan a nuevas técnicas policiales de persecución del delito, consistentes, en esencia, en reprimir el pequeño delito -véase Fixing Broken Windows, de George L. Kelling y Catherine M. Coles-. Pero son sólo eso, conjeturas.
Es mucho más clara la conexión entre delincuencia y desarraigo. La pobreza, sin embargo, no se traduce por fuerza en desarraigo. El sistema de castas en India, por poner un caso extremo, reduce el desarraigo, y con él, espectacularmente, la delincuencia. Y es evidente que la India es muchísimo más pobre que los Estados Unidos, un país cuya población delinque en porcentajes alarmantes.
Esto nos lleva a otro apartado: el de la inmigración. Sobre la inmigración ha hecho demagogia el Gobierno, y en no menor medida, la oposición. Es claro que el inmigrante laboral no tiene por qué delinquir. Aunque es igualmente claro que la cuota delictiva de los inmigrantes es muy alta. El 17% de los penados son inmigrantes. El 25% de los que están en prisión, preventivamente o tras un juicio, inmigrantes también. Negar este dato es baladí. Analizarlo, no tanto. Un factor importante es la delincuencia internacional. Otro, la inmigración ilegal, que estimula el desarraigo. Blandir, como remedio, la asistencia del Estado a quien quiera pedirla, no es realista. Por razones económicas, y porque, de nuevo, pobreza y delincuencia no guardan un nexo automático.
La profesión de ignorancia es un acto de humildad, y a la vez, de inteligencia. La prevención policial del crimen, un remedio parcial, aunque imprescindible, en un contexto de incertidumbre aguda.