Los becarios salen caros
Un juzgado condena a la UPV y a las Juntas alavesas por pagar tres veces menos a dos documentalistas
Cuando Iñigo Pérez Ochoa y Miriam Nieto comenzaron su trabajo como becarios de la Universidad del País Vasco (UPV) en las Juntas Generales de Álava para informatizar las actas más antiguas de la institución, poco podían imaginar que en realidad lo que les aguardaba era un empleo encubierto de documentalistas. Sin embargo, el sueldo que cobraban estos dos licenciados en Historia era tres veces menor del que les correspondía por el trabajo que realizaban.
La historia de Iñigo y Miriam no habría trascendido y hubiera sido una más sobre la tarea de los cientos de becarios empleados por la...
Cuando Iñigo Pérez Ochoa y Miriam Nieto comenzaron su trabajo como becarios de la Universidad del País Vasco (UPV) en las Juntas Generales de Álava para informatizar las actas más antiguas de la institución, poco podían imaginar que en realidad lo que les aguardaba era un empleo encubierto de documentalistas. Sin embargo, el sueldo que cobraban estos dos licenciados en Historia era tres veces menor del que les correspondía por el trabajo que realizaban.
La historia de Iñigo y Miriam no habría trascendido y hubiera sido una más sobre la tarea de los cientos de becarios empleados por las instituciones si ambos no la hubiesen denunciado en un juzgado de Vitoria el pasado mes de abril. El fallo judicial no se ha hecho esperar y condena a las Juntas Generales y a la UPV a pagar conjuntamente a los dos becarios como documentalistas, el trabajo que según la sentencia desempeñaron efectivamente durante el año pasado.
¿La diferencia? Pues que siendo becarios y desarrollando una jornada de siete horas diarias de lunes a viernes su salario ascendía a 9.375,79 euros brutos anuales, mientras que un documentalista de la UPV por idéntico trabajo tiene asignado un sueldo de 28.533,96. La sentencia establece que Miriam e Iñigo deben ser considerados como trabajadores ligados por un contrato laboral porque la actividad que realizaban en las Juntas Generales no se ajusta a la propia de los becarios.
El caso es que las Juntas Generales son reincidentes en esta materia. En 1997, el Legislativo alavés ya fue condenado dos veces por emplear becarios para realizar tareas propias de trabajadores de plantilla, como las de documentalistas. Esta afición por contratar a través de becas comenzó en 1991, cuando la institución emprendió uno de sus proyectos más queridos: informatizar sus actas del periodo 1502-1800. Hasta 1997, las propias Juntas organizaban un concurso para contratar a los becarios, pero a partir de esas sentencias el proyecto quedó paralizado. Justo hasta el año 2000, en el que firmaron un convenio con la UPV para que se los suministrase. 'Las Juntas buscaron un subterfugio para seguir informatizando las actas con el menor coste y les ha salido mal', resaltó ayer Iñaki Uribarri, del sindicato ESK, que ha asesorado a los denunciantes.
Las Juntas han optado por echar balones fuera y aseguran que no tienen ninguna vinculación con los becarios, 'los cuales son seleccionados, nombrados, retribuidos y están sujetos al control de la UPV'. La sentencia no comparte esta apreciación y recalca que tanto las Juntas como la UPV actúan de mutuo acuerdo a la hora de tomar las decisiones y poner en marcha el proyecto de informatización, del que los becarios forman parte activa.
Ocho becarios trabajan actualmente en el proyecto. Iñigo Pérez Ochoa achacó a los vínculos que mantienen con la UPV el hecho de que no se atrevan a denunciar su situación.