Federalismo cultural
El reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística, basada en una concepción más abierta de una España consciente de su propia diversidad, requiere políticas activas para preservar y promover las identidades diversas y facilitar su aportación a la convivencia y a la solidaridad. Sin duda la lengua es la principal seña de identidad que ha mantenido la existencia de realidades socioculturales diversas.
Más allá de debates competenciales, existe un deber moral y político del Estado de incorporar al patrimonio colectivo las culturas y las cuatro lenguas habladas, más cuando en seis d...
El reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística, basada en una concepción más abierta de una España consciente de su propia diversidad, requiere políticas activas para preservar y promover las identidades diversas y facilitar su aportación a la convivencia y a la solidaridad. Sin duda la lengua es la principal seña de identidad que ha mantenido la existencia de realidades socioculturales diversas.
Más allá de debates competenciales, existe un deber moral y político del Estado de incorporar al patrimonio colectivo las culturas y las cuatro lenguas habladas, más cuando en seis de las comunidades autónomas se reconoce la cooficialidad. Es imprescindible emprender una acción pública compartida en tres niveles: gobiernos autónomos, cooperación entre las autonomías y las actuaciones propias del Gobierno central, consecuente con la pluralidad de España. Una pluralidad producto de la historia y promesa de discordia o de convivencia para el futuro, que abarca dimensiones sociológicas, históricas y políticas sabiendo que vivimos en el segundo país multilingüe de Europa, en una construcción política de base cultural heterogénea.
España no fue una nación, sino un imperio o una monarquía compuesta, hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX avanza el nacionalismo español y surgen otras identidades culturales y políticas, como el catalanismo. La Constitución de 1978 abre el periodo más largo en el ejercicio de las libertades y el reconocimiento de la autonomía política de nuestra historia contemporánea. Tras décadas de negación de la diversidad, el Estado de las autonomías configura un sistema político acorde con las demandas de autogobierno, devolución y proximidad en una sociedad compleja, quizá arquetípica en identidades concéntricas. Hablamos, por todo ello, de nación de naciones, de España como patria común, lo que, según Tusell, implica desde el punto de vista histórico un Estado compuesto y federal en el pasado, de nacionalización en el siglo XIX y de persistente pluralismo irresuelto de manera definitiva hasta el momento presente.
Se puede concebir la pluralidad, la diversidad, hasta la pura y simple tolerancia, un estadio insuficiente que debemos saber superar con ambición política, por eso los socialistas apostamos por perspectivas de desarrollo federal, de reconocimiento simbólico explícito apoyado en políticas activas de fomento y proyección de una España plural.
España ha realizado en los últimos 25 años una transición de un Estado profundamente centralista a otro descentralizado, si bien, según coincidimos historiadores y políticos, tenemos todavía una asignatura pendiente en la pedagogía de la pluralidad. Esa pedagogía implica sensibilidad y actitud moral de respeto a lo diferente en la base de la política cultural y educativa compartida, así como avanzar en la creación de mecanismos flexibles en las relaciones interautonómicas, por eso apostamos por la creación del Consejo de las Culturas, espacio de visibilidad y cooperación, e interlocutor de la política cultural. Un organismo que podría iniciar su camino a partir de una propuesta de la Entesa Catalana de Progrès debatida en el último pleno del Senado que no prosperó, ya que si bien obtuvo el apoyo de todos los grupos, fue rechazada por el Partido Popular.
El Senado, definido como Cámara de representación territorial, podría ser un marco útil para construir un diálogo que permita crear consenso en torno a la pedagogía de la pluralidad. Algunas propuestas concretas avanzadas por los senadores catalanes de izquierda, sobre el uso habitual de las lenguas cooficiales en los sellos o en la página web de la Cámara alta, se aprueban y se incumplen o ni siquiera se consideran, como sucedió con la moción que pedía introducir las lenguas en los sitios web de los ministerios, alegando dificultades insuperables en la traducción, cuando con toda normalidad ha sido adoptado el plurilingüismo en el primer estadio de navegación por parte de algunas empresas españolas o multinacionales.
El reto de los próximos tiempos se sitúa en el avance en una perspectiva federal, en las sociedades autogobernadas y en el gobierno compartido de la condición pluricultural, plurinacional y plurilingüística de España, horizonte que avanzará en el medio plazo. Contrariamente, asistimos al desafío político, cultural y mediático del neocentralismo español que representa el Partido Popular, fiel a la herencia del viejo centralismo, que en sus etapas blandas era amable con 'la riqueza de las peculiaridades de las regiones' y que en los periodos duros, cuando no hacía concesión alguna, era imperial, jacobino y autoritario.
El neonacionalismo español simula no autorreconocerse, si bien algunos ejemplos bastarán para ejemplificarlo: no acepta la profundización del proceso autonómico, ni el reconocimiento de la España plural, ni la reforma del Senado; se niega a hablar de la presencia de las comunidades autónomas en los órganos de la Unión Europea; centraliza el poder económico y mediático, y se enroca impidiendo una salida política en la reivindicación de los papeles de Salamanca. Practica un neocentralismo en inversión pública cuando discrimina unos territorios con relación a otros que, como recoge un estudio de las Cajas Confederadas de entre 1995-2000 dirigido por Julio Alcaide, supone 'la tendencia a perder posiciones' de las áreas geoeconómicas del arco mediterráneo, si no se recupera la inversión en grandes infraestructuras de desarrollo territorial. Podría parecer, en definitiva, que la mayoría absoluta supone la orden de reconstruir la España centralista y uniformista.
Montserrat Duch es diputada en el Parlament por el PSC-CpC y senadora autonómica de la Entesa Catalana de Progrès.