El Gobierno intentó eliminar el seguro médico de los funcionarios, pero la deuda lo impidió

La Unidad Colaboradora, la entidad que presta asistencia médica privada a 40.000 empleados de la Comunidad y sus familias (en total, unas 100.000 personas), está en una difícil situación económica, con una deuda de 57,6 millones de euros acumulada entre 1998 y 2001. La Comunidad reclama este dinero al Ministerio de Sanidad, ya que entiende que es él quien debe hacerse cargo del coste de la asistencia médica de sus trabajadores, algo que no comparte el ministerio. Ante los problemas económicos de la Colaboradora, el Gobierno regional decidió liquidarla en diciembre del año pasado,...

La Unidad Colaboradora, la entidad que presta asistencia médica privada a 40.000 empleados de la Comunidad y sus familias (en total, unas 100.000 personas), está en una difícil situación económica, con una deuda de 57,6 millones de euros acumulada entre 1998 y 2001. La Comunidad reclama este dinero al Ministerio de Sanidad, ya que entiende que es él quien debe hacerse cargo del coste de la asistencia médica de sus trabajadores, algo que no comparte el ministerio. Ante los problemas económicos de la Colaboradora, el Gobierno regional decidió liquidarla en diciembre del año pasado, pero el Ministerio de Trabajo se lo impidió hasta que las deudas hayan sido saldadas.

La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno central de no haberle pagado entre los años 1998 y 2001 el dinero que le ha costado la asistencia médica de sus empleados. Éstos disfrutan de una asistencia médica aparte de la red pública. Van a especialistas y clínicas privadas y cuentan con algunas prestaciones, como la odontología, que la sanidad pública no ofrece. El Gobierno regional entiende que el Ministerio de Sanidad debe pagarle el coste de esta asistencia porque así lo establece la ley.

Pero el ministerio no ha querido hacerse cargo de esta deuda, según el Gobierno regional, y la Colaboradora ha acumulado un agujero de 57,6 millones de euros en sólo cuatro años. Un portavoz del Gobierno regional explicó ayer que ambas instituciones llevan tiempo negociando, sin éxito, quién debe liquidar la deuda. El Ministerio de Sanidad, por su parte, no ofreció ayer ninguna explicación sobre su posición.

En noviembre de 2001, la Consejería de Justicia comunicó a los sindicatos su intención de liquidar Colaboradora. Esta decisión la había tomado la consejera de Justicia, Paz González, tras una reunión mantenida con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, en la que éste le comunicó a Paz González que 'no podía seguir asumiendo los costes para la supervivencia de la Colaboradora', según informó a los sindicatos la consejería de Justicia, tras una reunión.

Con esta decisión se hubiera puesto fin a una situación paradójica: que el mismo Gobierno que gestiona la sanidad pública que atiende a todos los madrileños mande a sus empleados al sector privado.

Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, criticó ayer con dureza la existencia de esta red sanitaria paralela a la pública: 'No tiene ninguna justificación, porque se está desviando dinero de la sanidad pública al sector privado. No es justo que unos pocos madrileños disfruten de una sanidad de primera calidad con un dinero que podría servir para mejorar la sanidad de todos'.

Decisión difícil

Pero la decisión de integrar a los trabajadores de la Comunidad en la red sanitaria pública no es fácil de tomar para el Gobierno, ya que sus trabajadores se niegan a perder unas ventajas que ya consideran un derecho. Sin embargo, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF considera que este problema no es insalvable. 'Puede hacerse incluyendo los servicios de los que ya disfrutan los funcionarios, como la odontología, en el convenio laboral que la Comunidad, como patrona, firma con sus trabajadores. Esto permitiría integrar a esta población en la sanidad pública, a la vez que se le dota de más dinero para mejorar sus servicios', explica un portavoz de CSI-CSIF.

La Consejería de Justicia quería liquidar la Colaboradora el pasado 31 de diciembre, aprovechando que la Comunidad iba a recibir del Gobierno central las competencias de sanidad y la gestión de los hospitales y ambulatorios públicos.

Para hacerlo, la Comunidad debía contar con el beneplácito del Ministerio de Trabajo, de quien depende la Seguridad Social. Éste exige dos cosas para dar el visto bueno a la liquidación de una colaboradora: que no arrastre deudas y que los sindicatos estén de acuerdo.

Trabajo preguntó entonces al Ministerio de Sanidad si estaba de acuerdo en hacerse cargo de la deuda, algo a lo que Sanidad puso objeciones. Por ello, Trabajo denegó la solicitud del Gobierno regional.

El 14 de diciembre, Justicia informó a los sindicatos de que la Consejería de Justicia había encontrado la forma de solucionar el problema de la deuda con el Ministerio de Trabajo y que el proceso de liquidación de la Colaboradora seguía adelante. Según el sindicato CSIF, 'los trabajadores de la Comunidad se habrían integrado en la sanidad pública, pero habrían mantenido las mejoras en la asistencia médica que reciben', según un portavoz.

Pero entonces el proceso se vio bloqueado por la negativa de dos sindicatos, CSIT y UGT, a firmar el acuerdo. Los dos sindicatos enviaron sendos escritos al Ministerio de Trabajo con su desacuerdo y mostrándose favorables al mantenimiento de la Colaboradora.

CSIT llegó incluso a protagonizar un encierro en la sede de la Consejería de Justicia y a hacer una recogida de firmas que apoyaron hasta 20.000 empleados de la Comunidad.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2001, Justicia comunicó a los sindicatos su renuncia a liquidar la Colaboradora.