Casi un centenar de inmigrantes dejan el encierro de la universidad de Sevilla
El encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se ha reducido notablemente en las últimas horas, tras el abandono de cerca de un centenar de personas durante la madrugada del miércoles. Los encerrados que permanecen en el campus sevillano son ya todos de nacionalidad argelina, a excepción de la única mujer que participa en la protesta, la rumana Adriana Elena Covaci. Después de la marcha de medio centenar de mauritanos y marroquíes la semana pasada, durante la madrugada del miércoles salieron del recinto una treintena de subsaharianos y alrededor de 60 argelinos...
El encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se ha reducido notablemente en las últimas horas, tras el abandono de cerca de un centenar de personas durante la madrugada del miércoles. Los encerrados que permanecen en el campus sevillano son ya todos de nacionalidad argelina, a excepción de la única mujer que participa en la protesta, la rumana Adriana Elena Covaci. Después de la marcha de medio centenar de mauritanos y marroquíes la semana pasada, durante la madrugada del miércoles salieron del recinto una treintena de subsaharianos y alrededor de 60 argelinos, que se negaban a proseguir con el encierro, iniciado hace 38 días, casi en vísperas de la cumbre de la UE en Sevilla.
Con estas salidas, a las que se agregan otros abandonos individuales que pueden llegar a la veintena, según diversas fuentes, la cifra de inmigrantes que permanecen en el recinto universitario oscila entre 200 y 250. Este colectivo aseguró ayer que continuará en el campus, aunque estudian emprender nuevas acciones de protesta para lograr garantías de que serán regularizados.
Antes de la salida del centenar de inmigrantes, un grupo solicitó a las autoridades académicas la reanudación de los trabajos jurídicos de la comisión -que concluyeron la semana pasada después de que la mayoría de los inmigrantes se negara a aportar sus datos personales- para poder entregar su documentación y recibir un escrito del defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, mediante el que se trata de evitar la expulsión del inmigrante en caso de ser detenido. En ese texto, el defensor explica que el inmigrante está inmerso en un procedimiento administrativo para regularizar su situación en España. Los inmigrantes también reciben un listado con los teléfonos de los abogados de cada provincia que se encargarán de seguir el desarrollo de sus expedientes. La comisión jurídica, que ha atendido en total 130 expedientes, se encargó de estudiar la situación de cada encerrado y buscar salidas administrativas dentro de la Ley de Extranjería para regularizar su situación.