La Audiencia Nacional multa a los miembros de UGT que perturbaron un pleno de las Cortes

José María Vázquez Honrubia, juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, impuso ayer una multa de 360 euros a los nueve miembros de la Federación de Servicios Públicos de UGT que perturbaron el pleno de las Cortes Valencianas que se celebraba el 21 de noviembre de 2000 por un delito de alteración no grave del orden en la Cámara. Los nueve sindicalistas desplegaron una pancarta cuando intervenía ante el pleno el consejero de Hacienda. Marcela Miró, presidenta de las Cortes, paró la intervención y ordenó la expulsión de los miembros de UGT.

Los sindicalistas, todos ellos miembros d...

José María Vázquez Honrubia, juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, impuso ayer una multa de 360 euros a los nueve miembros de la Federación de Servicios Públicos de UGT que perturbaron el pleno de las Cortes Valencianas que se celebraba el 21 de noviembre de 2000 por un delito de alteración no grave del orden en la Cámara. Los nueve sindicalistas desplegaron una pancarta cuando intervenía ante el pleno el consejero de Hacienda. Marcela Miró, presidenta de las Cortes, paró la intervención y ordenó la expulsión de los miembros de UGT.

Los sindicalistas, todos ellos miembros de la dirección de la FSP-UGT, con su secretario general, Luis Lozano, a la cabeza, protestaban en noviembre de 2000 contra la congelación salarial impuesta a los funcionarios desde el Gobierno central y que se trasladaba a los empleados de la Administración autonómica. Cuando el consejero de Hacienda, Vicente Rambla, explicaba ante el pleno de las Cortes las líneas generales del presupuesto, desplegaron una pancarta y lucieron unas camisetas alusivas a la congelación salarial.

La denuncia de la Mesa de las Cortes contra los sindicalistas por un supuesto delito contra las instituciones del Estado llegó ayer a la Audiencia Nacional. Unas 300 personas se concentraron ante la sede judicial madrileña para manifestar su apoyo a los sindicalistas, entre ellas Cándido Méndez, secretario general de UGT, y los senadores socialistas Segundo Bru y Joan Lerma.

Jesús Santos, fiscal, reclamó ocho meses de condena para cada uno de los sindicalistas por un delito contra las instituciones del Estado y una falta de desobediencia hacia los agentes de la Policía Autonómica que les desalojaron de la tribuna de público en las Cortes Valencianas. Santos hizo especial hincapié en la 'planificación' de la protesta, que sustentó sobre el carácter vertical de la pancarta desplegada.

La defensa recordó que Vicente Rambla, que ocupaba la tribuna de oradores cuando se produjo el incidente, ni siquiera interrumpió su discurso; que la alteración del orden fue resultado de una decisión subjetiva de la presidenta de las Cortes, quien ordenó interrumpir el pleno; y subrayó que nadie ha denunciado nunca ni el ministerio fiscal ha actuado de oficio contra casos de alteración del orden registrados en el Parlamento de Vitoria, donde se ha llegado a verter cal viva sobre un escaño, para situar el incidente en su auténtica dimensión.

El juez optó por comunicar verbalmente la condena a la pena mínima por alteración no grave del orden y subsumió la posible falta en el mismo delito.

La interrupción del pleno en noviembre de 2000 provocó airadas reacciones en el seno del PP, que llegó a identificar el caso con una ocupación en toda regla del Parlamento autonómica. Escenas similares se han repetido en el Congreso de los Diputados y nunca se han trasladado a los tribunales. Luis Lozano, máximo responsable de la FSP-UGT, se mostraba satisfecho después de la vista y sugería a Miró que, en adelante, actúe 'con más profesionalidad y menos visceralidad'.