Paso hacia la dignidad
El Tribunal Supremo estadounidense ha tardado 13 años en desdecirse de su malhadada decisión de 1989 autorizando la ejecución de los disminuidos psíquicos. Pero más vale tarde que nunca, y la última instancia judicial de EE UU acaba de apostar por la decencia en un fallo trascendental, seis votos contra tres, al considerar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a los retrasados mentales. En los corredores de la muerte de 20 Estados que todavía permiten la ejecución de estos discapacitados esperan decenas de reclusos que nunca han comprendido el alcance de sus actos o sus implicaci...
El Tribunal Supremo estadounidense ha tardado 13 años en desdecirse de su malhadada decisión de 1989 autorizando la ejecución de los disminuidos psíquicos. Pero más vale tarde que nunca, y la última instancia judicial de EE UU acaba de apostar por la decencia en un fallo trascendental, seis votos contra tres, al considerar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte a los retrasados mentales. En los corredores de la muerte de 20 Estados que todavía permiten la ejecución de estos discapacitados esperan decenas de reclusos que nunca han comprendido el alcance de sus actos o sus implicaciones morales, a los que el fallo evitará ahora la cámara de gas o la inyección letal.
El país que se pretende campeón universal de los derechos humanos compartía con Japón y Kirguizistán el dudoso privilegio de ajusticiar a disminuidos psíquicos convictos de asesinato. El Supremo no consideraba que hacerlo violase la prohibición de castigos 'crueles o inusuales' contenida en la Octava Enmienda constitucional; y todavía hoy, para tres de sus nueve miembros, representantes del arcaísmo más recalcitrante, el fallo representa poco menos que una excentricidad. Desde la restauración de la pena de muerte en EE UU, en 1976, han sido ejecutados al menos 35 de aquellos condenados, objetivados por un coeficiente intelectual inferior a 70.
Estados Unidos tiene una causa pendiente con la pena de muerte, un castigo inhumano y degradante que todavía apoyan mayoritariamente sus ciudadanos, pese a la evidencia incontrastable de errores sin posible enmienda. Abolida en 12 de sus 50 Estados, su aplicación, sin embargo, suscita cada vez mayores protestas y controversia, y en el caso de los disminuidos psíquicos repugna insuperablemente a la mayoría por lo que tiene de violación de cualquier pauta de justicia civilizada. En palabras del magistrado ponente, los estadounidenses consideran a los minusválidos psíquicos radicalmente menos culpables que a los restantes condenados por delitos capitales.
La decisión del Supremo estadounidense abre en este contexto una espita a la esperanza. Es tardía y revela un cisma ideológico entre los últimos responsables de modelar el cuerpo social; pero se produce en un momento de creciente debate y alimenta la esperanza de que la única superpotencia del planeta, y referente en tantos ámbitos, se deshaga pronto de la lacra moral que representa el más ilegítimo e inútil de los castigos.