El funcionario, la 'gancho' y los estafados

'Si es por la delegación del Gobierno, no se hubieran enterado'. Fuentes relacionadas con la investigación sobre el funcionario de la Oficina de Extranjeros de Valencia acusado de cobrar por la tramitación de expedientes destacaron ayer el desconocimiento que existía en la delegación del Gobierno -a cuyo frente se encuentra Francisco Camps y de quien depende la Oficina de Extranjeros- sobre las presuntas actividades delictivas de Amadeo Salanova, un auxiliar administrativo que, de no ser por la denuncia presentada la semana pasada por inmigrantes, 'probablemente seguiría trabajando con normali...

'Si es por la delegación del Gobierno, no se hubieran enterado'. Fuentes relacionadas con la investigación sobre el funcionario de la Oficina de Extranjeros de Valencia acusado de cobrar por la tramitación de expedientes destacaron ayer el desconocimiento que existía en la delegación del Gobierno -a cuyo frente se encuentra Francisco Camps y de quien depende la Oficina de Extranjeros- sobre las presuntas actividades delictivas de Amadeo Salanova, un auxiliar administrativo que, de no ser por la denuncia presentada la semana pasada por inmigrantes, 'probablemente seguiría trabajando con normalidad'. Las mismas fuentes apuntan que desde la oficina en la que se regulariza a los inmigrantes pensaban que se trataba de un trabajador 'despistado, que a veces actuaba de forma algo rara', pero no llegaron a plantearse que actuara de espaldas a la ley. Y algún indicio había. Hacía algunos meses que se detectó en la comisaría de Patraix documentación falsa relacionada con la regularización. Además, en diciembre, el acusado comunicó en la oficina la sustracción del sello con el cual estampaba los permisos que le entregaban a cambio de dinero y que, pese a ello, no tramitaba, según las diligencias policiales.

Ahora, tras las investigaciones de la policía y los documentos encontrados en el registro domiciliario, las pruebas se acumulan en contra del funcionario hasta el punto de que la imputación inicial habla de delitos de falsedad, cohecho y estafa. A la denuncia siguió una operación de seguimiento del sospechoso. Y observaron cómo, según fuentes de la investigación, después de que le llamaran a la puerta, bajaba a un bar cercano donde le esperaba un inmigrante e intercambiaban documentos sobre la regulación de dos extranjeros irregulares, una práctica, al menos, poco elegante para un funcionario empleado precisamente en la regularización de trabajadores inmigrantes. Menos justificable parece ser la documentación encontrada en su domicilio. En una bolsa de deportes, junto a ropa y efectos personales, se encontraron resguardos de expedientes de inmigrantes que, supuestamente, pagaron al funcionario para que arreglara su situación legal. Otros tantos se apilaban en una mesa. En total, más de 30 expedientes de chinos, rumanos, argentinos y marroquíes que, pese a acudir a Salanova para que les regularizara su situación, nunca se introdujeron en la base de datos de la Oficina de Extranjeros. A ello se suman las declaraciones prestadas ante la policía por los presuntamente estafados. Algunos de ellos llegaron a pagar 40.000 pesetas. Primero 30.000 para que el funcionario tramitara un permiso de residencia, a las que se sumaron otras 10.000 pesetas para que, además, realizara el permiso de trabajo.

Concha Calatayud tampoco ha salido indemne de las declaraciones. Los afectados la identifican como el enlace de Salanova, la persona a quien pagaban para que abonara el dinero al funcionario. Algo que no hacía siempre con la discreción necesaria. Un inmigrante recordaba ante la policía cómo Amadeo le recriminó en una ocasión que Concha le entregara 100 euros ante la misma puerta principal de la delegación del Gobierno.