La Audiencia fija una indemnización de 83,3 millones de euros para los afectados de AVA
El fiscal ordena abrir el juicio oral de una estafa que afectó a 3.060 personas el año 2000
El ministerio fiscal ha ordenado la apertura de juicio oral por el fraude de la agencia de valores AVA, que hace dos años dejó sin sus ahorros a 3.060 personas. El fiscal exige a los 17 imputados, a partir de ahora procesados, que aporten una fianza conjunta de 83,3 millones de euros (13.861,5 millones de pesetas) para indemnizar a los afectados. La auditora KPMG Peat deberá responder 'solidariamente' por hasta 33 millones de euros de esa fianza. La apertura de juicio oral del fraude de AVA abre un precedente para Gescartera por la similitud entre los dos casos.
El ex consejero delegado...
El ministerio fiscal ha ordenado la apertura de juicio oral por el fraude de la agencia de valores AVA, que hace dos años dejó sin sus ahorros a 3.060 personas. El fiscal exige a los 17 imputados, a partir de ahora procesados, que aporten una fianza conjunta de 83,3 millones de euros (13.861,5 millones de pesetas) para indemnizar a los afectados. La auditora KPMG Peat deberá responder 'solidariamente' por hasta 33 millones de euros de esa fianza. La apertura de juicio oral del fraude de AVA abre un precedente para Gescartera por la similitud entre los dos casos.
El ex consejero delegado de la agencia AVA, Enrique Coronado, y el auditor que no vio los problemas de esta empresa de servicios de inversión, Miguel Ángel Ibáñez, son dos de los 17 imputados que serán procesados en este juicio. Tras la estafa, descubierta hace dos años, Coronado y otro ex directivo de la sociedad que también será procesado, Santiago Vian, intentaron desviar a sociedades de su propiedad el importe de la venta de unos inmuebles propiedad de AVA. Por ese presunto delito de alzamiento de bienes ingresaron en prisión preventiva en noviembre del pasado año, aunque en este momento los 17 acusados se encuentran en libertad provisional. Con aquella venta de inmuebles, esos acusados pretendían eludir el pago del embargo por ese fraude.
A los 17 acusados se les imputan los delitos de 'estafa continuada, apropiación indebida y delitos societarios'. El fiscal ordena, como medida cautelar, que todos deban presentarse a diario ante la comisaría de la Guardia Civil más próxima a su domicilio y que se les retire el pasaporte. Como al menos tres de los acusados residen en Suiza, el fiscal ordena que 'se arbitren las medidas oportunas en orden a asegurar su presencia en el juicio'. Como primera medida ordena que se remita una comisión rogatoria a Suiza para garantizar que cumplirán con la justicia.
Se sentarán en el banquillo, además del auditor Miguel Ángel Ibáñez, y el consejero delegado de AVA, Enrique Coronado y su socio Santiago Vian, los siguientes acusados: Rafael Salama Benoliel, Juan Enrique Castañeda Boniche, Salomón Benatar Arman, Raymond Cretegny, Philippe Paul Werro, Claude Waelti, Henry André, Emilio Ruiz de Salazar, María Pilar Barrio de la Fuente, Santiago José Pla Pascual, José Luiz Zarraluqui Paternain, José María Pedruzo Aguirreurreta y Juan José Camacho Barranchina.
Abogados de las acusaciones particulares de AVA pronostican que, dado el retraso en la apertura de juicios en la Audiencia Nacional, el inicio de éste puede demorarse incluso dos años. Hasta que la sentencia sea firme pasarían, según esta misma estimación, unos siete u ocho años. Paralelamente, la mayor parte de los afectados de AVA han interpuesto un recurso contencioso administrativo en el que reclaman al Estado que pague por el mal funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Preámbulo de Gescartera
La estafa de AVA, al igual que la de Gescartera, se produjo porque los gestores de la agencia realizaron operaciones que no eran las que habían contratado con sus clientes. En AVA, la mayor parte de esas operaciones se realizaron a través de una sociedad llamada Socimer, con sede en las Bahamas. La agencia AVA actuaba por cuenta propia con el dinero de sus clientes y compró valores en el extranjero que luego se desplomaron. En Gescartera, la estafa era más burda: ni siquiera existían valores en los que se haya demostrado una inversión bursátil sistemática. Según abogados personados en ambas acusaciones particulares, el paralelismo entre ambos casos es 'enorme'. En los dos 'funcionó mal' la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues 'no hizo nada para detener el fraude', y los gestores 'operaban por cuenta propia cuando debieron hacerlo sólo por cuenta de sus clientes'.