La defensa de Conde insiste en que no hubo perjuicios
Antonio García-Pablos, letrado de Mario Conde, concluyó ayer su exposición en el recurso de casación de la sentencia del caso Banesto, solicitando al tribunal la absolución de su cliente por la inexistencia de delitos de apropiación indebida y estafa.
El letrado dijo que 'en todo caso', en la Operación Cementeras (apropiación indebida de 1.556 millones de pesetas) podría atribuirse al ex banquero un delito de receptación del dinero, a raíz de un crédito formalizado, en 1994, después de los hechos, a una de sus sociedades por parte de una de las empresas que participaron en...
Antonio García-Pablos, letrado de Mario Conde, concluyó ayer su exposición en el recurso de casación de la sentencia del caso Banesto, solicitando al tribunal la absolución de su cliente por la inexistencia de delitos de apropiación indebida y estafa.
El letrado dijo que 'en todo caso', en la Operación Cementeras (apropiación indebida de 1.556 millones de pesetas) podría atribuirse al ex banquero un delito de receptación del dinero, a raíz de un crédito formalizado, en 1994, después de los hechos, a una de sus sociedades por parte de una de las empresas que participaron en la operación y que controlaba Arturo Romaní.
García-Pablos aseguró que era 'un secreto a voces', como ha dicho Romaní, que en la citada operación 'hubo un pago de comisiones a un tercero'.
Durante el juicio oral, la defensa de Romaní sostuvo que la comisión fue destinada a pagar los servicios del panameño Jaime Domingo Cedeño, quien le proporcionó informes sensibles que le ayudaron a convencer a la familia Serratosa de que se debía acordar el rerparto del grupo de empresas cementera. La realidad es que Cedeño, después de anunciar su comparecencia en el juicio oral, en la Audiencia Nacional, se negó más tarde a prestar declaración.
La vista del recurso de casación cumplió ayer su quinto día. Se había previsto que podía concluir el próximo jueves, día 16 de mayo. Con todo, aún quedan varios letrados en nombre de varios ejecutivos y financieros por explicar su posición.También, de una sociedad, Cifuentes 2000, perteneciente a Rafael Pérez Escolar, que ha sido declarada responsable civil.