El 20% de las empresas incumple las normas de seguridad laboral
El Departamento de Trabajo impone 1.509 sanciones en un trimestre
El 20% de las empresas inspeccionadas por el Departamento de Trabajo de la Generalitat durante los tres primeros meses de 2002 fue sancionado por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según el consejero de Trabajo de la Generalitat, Lluís Franco. El sector de la construcción concentró la mayor parte de estas irregularidades. Los accidentes laborales mortales han crecido el 17% en dos meses, aunque se han congelado en marzo.
Entre enero y marzo de 2002, la inspección de Trabajo ha visitado 4.150 empresas, en las que detectó 6.148 infracciones e impuso 1.509 sanciones. Algu...
El 20% de las empresas inspeccionadas por el Departamento de Trabajo de la Generalitat durante los tres primeros meses de 2002 fue sancionado por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según el consejero de Trabajo de la Generalitat, Lluís Franco. El sector de la construcción concentró la mayor parte de estas irregularidades. Los accidentes laborales mortales han crecido el 17% en dos meses, aunque se han congelado en marzo.
Entre enero y marzo de 2002, la inspección de Trabajo ha visitado 4.150 empresas, en las que detectó 6.148 infracciones e impuso 1.509 sanciones. Algunas empresas recibieron más de una sanción. Las multas impuestas ascendieron a 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). Asimismo, se ordenó paralizar la actividad por la gravedad de las infracciones en 49 centros de trabajo. El importe medio de cada sanción es de 30.050 euros. La mayor de ellas fue de 108.182 euros al detectarse varias deficiencias en la seguridad de una obra.
La inspección de Trabajo realizó en el primer trimestre de 2002 menos revisiones que en el mismo periodo de 2001, cuando se llevaron a cabo 4.623 visitas. Franco explicó la razón: 'Ahora somos más selectivos y controlamos los lugares con más posibilidades de cometer infracciones'.
El número de accidentes mortales fue de 44 en el primer trimestre del año, igual cantidad que en 2001; pero durante los dos primeros meses los accidentes en los que hubo algún fallecimiento crecieron el 17%, según CC OO.
Los accidentes leves con baja laboral fueron 47.008 durante el primer trimestre de 2002, lo que supone un descenso del 5% respecto al mismo periodo de 2001. Por sectores, el de servicios registró la mayor siniestralidad laboral con 21.055 accidentes con baja, seguido de la industria (15.695), construcción (89.481) y agricultura (777).
Los departamentos de Trabajo y de Enseñanza han firmado un convenio para introducir como asignatura transversal la Prevención de Riesgos Laborales en las escuelas de primaria y secundaria. Franco explicó que la asignatura se implantará de forma progresiva durante los próximos cinco años y se creará una comisión para controlar el proceso. La experiencia piloto comenzará en el curso 2002-2003 en 234 centros públicos, el 12% del total.
Por otra parte, CC OO denunció ayer que alrededor de 250.000 trabajadores españoles no tienen cobertura en la prevención de riesgos laborales ya que están excluidos de la norma legal que regula la seguridad y salud de los empleados: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En Cataluña hay 22.000 trabajadores en esta situación. Se trata de trabajadores que pertenecen a determinados colectivos del sector público como policía, bomberos, servicios operativos de protección civil, seguridad aduanera y peritos forenses en casos de catástrofe y calamidad pública, cuya protección laboral debe regularse en reglamentos específicos a causa de la singularidad de su profesión. El sindicato recuerda que estos reglamentos están pendientes de redacción desde 1996, cuando entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La misma ley establece que 'inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las actividades indicadas'.
Comisiones Obreras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión de Policía de Cataluña (UPC) y el Sindicato Unitario de los Mossos d'Esquadra (SUME) denunciaron ayer la 'falta de voluntad política del Gobierno' para desarrollar estos reglamentos después de seis años de retraso y la 'indefensión' de los trabajadores afectados.
Los sindicatos exigen al Ejecutivo que desarrolle estas normativas dentro de un plazo máximo de seis meses y han hecho llegar su reivindicación a todos los grupos políticos de los parlamentos español y europeo, y también la han denunciado ante el defensor del pueblo, Enrique Múgica.