Monteseirín posterga los contactos con los grupos antiglobalización hasta después de la Feria de Abril

Los jueces de Sevilla preparan un sistema de retenes ante los posibles altercados por la cumbre

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, tomó ayer nota de las directrices de su partido, el PSOE, y anunció la constitución de un centro de coordinación para atender las solicitudes y necesidades de los colectivos que acudan a Sevilla para manifestarse durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de junio. Sin embargo, Monteseirín postergó su arranque hasta finales de abril, concluida la Feria. Por otro lado, los jueces de Sevilla no se plantean la creación de juzgados temporales ante la cumbre y se diseña un sistema de retenes con los 20 jueces de Instrucción ya exi...

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El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, tomó ayer nota de las directrices de su partido, el PSOE, y anunció la constitución de un centro de coordinación para atender las solicitudes y necesidades de los colectivos que acudan a Sevilla para manifestarse durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de junio. Sin embargo, Monteseirín postergó su arranque hasta finales de abril, concluida la Feria. Por otro lado, los jueces de Sevilla no se plantean la creación de juzgados temporales ante la cumbre y se diseña un sistema de retenes con los 20 jueces de Instrucción ya existentes.

La iniciativa anunciada ayer por el alcalde de Sevilla, similar a las ya constituidas para la organización de acontecimientos como la Semana Santa o la propia Feria, es la respuesta del Ayuntamiento sevillano a las exigencias del PSOE y de la Junta de Andalucía para que las instituciones públicas atiendan las necesidades y solicitudes de los colectivos antiglobalización.

Tras las declaraciones del pasado martes de la portavoz municipal socialista, Evangelina Naranjo, en las que abogó por que el diálogo con los grupos antiglobalización permaneciera fuera de las instituciones y se desarrolle en el ámbito de los partidos políticos, la vicesecretaria general del PSOE en Andalucía, María del Mar Moreno, y el secretario de Organización, Luis Pizarro, se reunieron el miércoles con Sánchez Monteseirín -que negó el encuentro- y con el presidente de la Diputación y secretario provincial socialista, Luis Navarrete, con el fin de coordinar los mensajes sobre el apoyo que las instituciones deben prestar a los miles de personas que, previsiblemente, acudirán a Sevilla en junio para participar en las protestas antiglobalización.

Dicho apoyo institucional fue defendido públicamente el pasado fin de semana por el propio presidente de la Junta y secretario general del PSOE andaluz, Manuel Chaves.

La respuesta de Sánchez Monteseirín a esa reunión con miembros de la dirección socialista fue el anuncio ayer de la constitución de un centro de coordinación de los servicios municipales. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla también ha enviado una comisión técnica de tres funcionarios a Barcelona para estudiar el funcionamiento del centro de coordinación municipal de la capital catalana.

Retenes judiciales

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En lo que se refiere a los frentes que se abren en la vía judicial como consecuencia de la cumbre del próximo junio y la más que previsible reacción por los grupos contrarios a la globalización que se citarán en esas fechas en Sevilla, el juez decano de Sevilla, Andrés Palacios, aseguraba ayer que se están limitando a observar el desarrollo de la cumbre de Barcelona como ejemplo.

Así, Palacios aseguró que se está diseñando un sistema de retenes para que los 20 jueces de Instrucción de Sevilla ( y los correspondientes funcionarios) permanezcan en alerta y disponibles durante los días en los que se sospecha que puede haber un elevado número de detenciones.

Esta línea de trabajo, comparte el espíritu pero difiere en la forma de la propuesta del fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, que sugería la instauración de tres juzgados ad hoc, para la cumbre.

Palacios cree que con una media de 30 detenidos por juez y día -como se ha previsto para Barcelona-, los 20 jueces de Instrucción pueden cubrir el trabajo durante las jornadas más problemáticas. Eso sí, con sus horas extras y la de los funcionarios debidamente pagadas y con la presencia de un número realista de intérpretes.

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