Más dinero para las cajas de ahorro

Las cajas de ahorro buscan nuevas fórmulas de financiación que les permitan crecer y competir en igualdad de condiciones con los bancos. El Partido Popular propondrá enmiendas en la Ley Financiera para que las cuotas participativas sean una realidad. Dentro de las distintas formas que pueden tener estas cuotas se impone la de acciones sin voto que se convertirán en un nuevo instrumento de inversión ligado a la marcha de las cajas.

El Partido Popular (PP) quiere introducir en el debate parlamentario de la Ley Financiera una enmienda que resucite las empolvadas cuotas participativas de la...

Las cajas de ahorro buscan nuevas fórmulas de financiación que les permitan crecer y competir en igualdad de condiciones con los bancos. El Partido Popular propondrá enmiendas en la Ley Financiera para que las cuotas participativas sean una realidad. Dentro de las distintas formas que pueden tener estas cuotas se impone la de acciones sin voto que se convertirán en un nuevo instrumento de inversión ligado a la marcha de las cajas.

Las cajas podrán necesitar en el futuro instrumentos para financiarse en igualdad de condiciones que sus competidores bancarios

La iniciativa de las cuotas parte del Partido Popular que quiere introducirlas en el debate parlamentario de la ley Financiera

Dentro de las distintas opciones de cuotas, las acciones sin voto son el modelo con más posibilidades de imponerse finalmente

Con el dividendo aparece un nuevo comensal en el reparto del beneficio que compite con el dinero de la obra social

El Partido Popular (PP) quiere introducir en el debate parlamentario de la Ley Financiera una enmienda que resucite las empolvadas cuotas participativas de las cajas de ahorro que se regularon en 1990 mediante un real decreto. Han pasado casi 12 años y esta fórmula para financiar las cajas nunca se ha llevado a efecto.

Las cuotas participativas son hoy por hoy un producto sin definir. En esa denominación, claramente eufemística, caben tanto las acciones sin voto (carentes de derechos políticos) como unos productos más cercanos a los bonos y obligaciones pero cuyo interés dependería de la evolución de los beneficios de cada caja y que se emitirían a perpetuidad.

Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que preside Manuel Pizarro, ven necesario que estas entidades dispongan de una nueva forma para captar recursos propios y que, a efectos contables, se consideren como tal. La competencia entre entidades financieras -las cajas de ahorros representan el 50% del sistema financiero español- y su fuerte crecimiento hacen conveniente, según la CECA, la puesta en marcha de las cuotas participativas.

Sin embargo, un producto cuya finalidad es financiar de forma más sólida y flexible a las cajas de ahorro despierta numerosas suspicacias. Unas suspicacias que se basan en que tras la emisión de cuotas participativas en forma de acciones sin voto se podría dar el paso a que estas acciones tuvieran derechos políticos por lo que se abriría la puerta a que las cajas perdieran su actual esencia y acabaran en manos de empresas o de otros grupos financieros rivales. Este, por ejemplo, es el temor que expresan los responsables de asuntos financieros de Comisiones Obreras (CC OO), que ven en las cuotas participativas un primer paso para el cambio de propiedad en las cajas de ahorro. También el PSOE ve en las cuotas participativas una privatización a plazos de las cajas. Actualmente, los que ejercen los derechos de propiedad sobre las cajas son entidades públicas y privadas (ayuntamientos, comunidades autónomas y fundadores) y también impositores y trabajadores.

Así, como hasta el momento las cajas se han financiado con distintas fórmulas más o menos imaginativas, el tema se ha ido aplazando. También se encuentra relegada una cuestión que es clave en las cajas: la presencia política en los órganos de gestión, cuya competencia recae en las comunidades autónomas y que lleva a que algunas cajas tengan hasta un 70% de representación política, sea de autonomías o de ayuntamientos.

En la enmienda que propone el PP no se aborda la presencia política pero sí se definen unas líneas maestras de las cuotas participativas cuya emisión no deberían superar el 50% de los recursos propios. Con datos del ejercicio 2000 esto supondría para el conjunto de las cajas unos 14.000 millones de euros (2,3 billones de pesetas). Además, ningún inversor podría tener más de un 5% de las cuotas emitidas por cada caja. Este producto se negociaría en los mercados (bolsas o de renta fija) y carecerían de derechos políticos (voto), fijándose su rentabilidad de acuerdo con la marcha de la caja. La ganancia tendría un tratamiento fiscal similar al del dividendo, que es el más favorable dentro de los rendimientos del capital por contar con deducción.

Nuevos canales

El fuerte crecimiento de las cajas de ahorro las ha llevado a buscar diferentes canales de financiación. El principal y tradicional son sus propias reservas provenientes de sus beneficios. Así, la ley obliga a las cajas a destinar al menos el 50% de sus beneficios a reservas. Este porcentaje puede ampliarse al antojo de las cajas y el resto va a la obra social.

En 1994, el capital y las reservas propias representaban el 81,6% de sus recursos propios, y en 2000, este porcentaje ha bajado hasta el 70,23%. Esta diferencia se ha cubierto con productos que no satisfacen del todo la necesidad de recursos propios como son las participaciones preferentes y las emisiones de deuda subordinada. Estas últimas, a efectos contables, pertenecen a la segunda categoría de recursos propios, mientras que las preferentes deben emitirse fuera de España al no existir una regulación propia que las contemple.

En el caso de las participaciones preferentes (se emiten a perpetuidad) el propio Banco de España ha sugerido que se limite su cómputo como recursos propios, aunque esta recomendación todavía no la ha trasladado a circular. En el año 2000, las cajas habían emitido ya 5.844 millones de euros en participaciones preferentes, cifra que era sólo de 421 millones de euros un lustro antes. Las cifras de los recursos de las cajas indican, pues, la búsqueda de alternativas a sus propias reservas y capital.

Aquí, en esta búsqueda de recursos propios, es donde entran las cuotas participativas que computan sin ninguna limitación en el coeficiente de solvencia. Este coeficiente de solvencia obliga a que el capital responda con los créditos que otorga la entidad financiera. La normativa internacional obliga a que por cada 100 euros prestados por las entidades financieras, 8 euros estén respaldados en sus recursos propios. Actualmente, el coeficiente de solvencia de las cajas se sitúa en el 12,15%.

Para crecer, para aumentar la concesión de créditos, las cajas podrían, pues, necesitar en el futuro las cuotas participativas para captar dinero en igualdad de condiciones que sus competidores bancarios, sean éstos nacionales o extranjeros. Pero la cuestión estriba en saber cómo serán esas cuotas participativas.

Amplia gama

Las características antes reseñadas que apunta el Partido Popular colocarían a las cuotas participativas en una situación similar a la de las acciones sin voto. Sin embargo, no se descartan otras variedades, incluso la posibilidad de que coexistan varios modelos, y cada caja, si así lo desea, optaría por uno u otro modelo.

Los distintos informes elaborados por Morgan Stanley o Analistas Financieros Internacionales se inclinan más hacia unas acciones sin voto, ya que consideran que un modelo más descafeinado acabaría por no interesar a los inversores que adquiriesen esos títulos y, por tanto, toda esta reforma acabaría en papel mojado.

En este caso y a excepción de los derechos políticos y, por tanto, sin posibilidad de que los grandes inversores ocupen asiento en los órganos directivos, estas acciones de las cajas -seguramente renombradas- tendrían las mismas características que las acciones de los bancos o de cualquier otra empresa cotizada.

Eso sí, no tendrán derechos políticos, aunque en la enmienda que prepara el PP se prevé que gocen de voz a través de un sindicato de cuotapartícipes. En la propia lógica de los mercados, los títulos sin voto están penalizados frente a los que sí dan derechos políticos. Esta penalización se debe suplir con una rentabilidad superior, ya que a igualdad de condiciones resulta más interesante adquirir títulos con derecho a voto, sobre todo cuando se trata de inversores institucionales que con un porcentaje importante de acciones hacen valer esos derechos.

Habría, pues, que valorar la caja de ahorro que emita esos títulos que, lógicamente, tendrían que negociarse en las bolsas. Aquí surge un problema ya que la legislación contempla un precio de venta igual al valor contable (valor en libros de la caja). Así, para pretender un precio mayor tendría que producirse un cambio legislativo. Según estimaciones de Morgan Stanley de acuerdo con la rentabilidad que ofrece el conjunto de cajas, estas acciones sin voto deberían valorarse ligeramente por encima de dos veces el valor contable. La rentabilidad sobre recursos propios de las cajas de ahorro se sitúa actualmente en el 15,5%, una rentabilidad que le permitiría situarse en niveles de cotización similar a medio camino entre los grandes bancos españoles y las entidades de mediana capitalización.

Como ocurre con el resto de valores, cualquier decisión de los responsables de la caja tendría su reflejo en la cotización del valor. Un aspecto interesante, ya que obligaría a una gestión ante el accionista, ya que los inversores no entenderían operaciones que se salieran de esa lógica de crear valor en la caja.

De esta forma, los expertos consideran que traería de forma indirecta una mayor profesionalización en la gestión de las cajas de ahorro, cuyos proyectos estarían siempre vinculados a la búsqueda de la rentabilidad, situación que no siempre ocurre en la actualidad.

Experiencia bursátil

La retribución de la acción se fijaría de acuerdo con la evolución de los beneficios de la caja. Una retribución variable como la de los dividendos que reparten las compañías en Bolsa y que es un porcentaje de sus beneficios. Tal y como está ahora la legislación, el 50% como mínimo del beneficio neto de las cajas debe ir a reservas. El resto podría servir para pagar a los accionistas, siendo necesario también, ya que no se modifica la filosofía de las cajas, mantener una parte del mismo a la obra social que es la que permite a las cajas su condición de entidades sin ánimo de lucro.

Dado que las acciones serían recursos propios, los expertos consultados no descartan que pudiera modificarse esta obligatoriedad de llevar la mitad del beneficio a las reservas. La explicación es sencilla, ya que obtendrían reservas de igual calidad con esas cuotas participativas.

La cotización en Bolsa de estas acciones también serviría a las cajas para fidelizar a su clientela, al igual que hacen los bancos con sus depositantes. En distintos estudios se contempla la posibilidad de una fusión entre cajas y los derechos de estos nuevos socios. En este caso, los accionistas podrían acudir al canje de las cuotas de una caja por la de otra, o si no lo aprueban solicitar la recompra de sus cuotas, siguiendo las pautas que se marca en el caso de ofertas públicas de adquisición (OPA) de exclusión.

Este modelo de acciones sin voto es el que cuenta con más posibilidades de imponerse, ya que su éxito está suficientemente contrastado en los mercados bursátiles. Liquidez, valoración diaria de la caja por el mercado y seguimiento de su estrategia de gestión son elementos que encajan en este entorno de competencia entre entidades financieras. El inversor encontraría un producto conocido y que podría comprar y vender con facilidad en el mercado, y obtener plusvalía o minusvalía por la evolución del precio de la acción sin voto, así como rendimiento por el dividendo.

Únicamente con la salvedad de los derechos políticos funcionarían como las acciones que conocemos. En España, aunque la legislación permite la emisión de acciones sin voto, se han realizado muy pocas emisiones, ligadas con el temor a operaciones hostiles. El Banco Guipuzcoano fue el pionero en abrir este tipo de acciones que se retribuían con un dividendo mayor frente a las acciones ordinarias.

Sin embargo, hay otras opciones a caballo entre las acciones y la renta fija. Tal vez, las actuales participaciones preferentes ya con una legislación española al efecto podría también cumplir esta función de proveer de recursos propios a las cajas de ahorro. Este tipo de cuotas contaría con un dividendo fijo o variable, pero no implicaría una valoración de la caja. Se trataría de títulos más cercanos a una obligación sin fecha de vencimiento. Este tipo de activos se negocian en mercados mayoristas de renta fija como el mercado AIAF. Un tipo de instrumento que no se ajustaría bien a la voluntad del PP de hacer un producto que provocase la movilización de ahorro popular, tal y como se recoge en el trabajo elaborado dentro del partido.

Incluso, no se descarta que convivan cuotas participativas diferentes. La caja podría optar por aquéllas más cercanas a las acciones o, por el contrario, decantarse por las que tienen más similitud con la renta fija.

Varias posibilidades

Unas opciones que convivirían con el actual modelo, ya que fuentes de la CECA recalcan que esta nueva vía de financiación no sería una imposición para el conjunto de cajas. Se podría mantener el actual modelo o acogerse a las distintas posibilidades que abran las cuotas participativas. Y es que las necesidades de las cajas de ahorro son muy distintas. Mientras algunas se encuentran en pleno proceso de expansión y, por tanto, necesitadas de nuevos capitales, otras prefieren mantener su actual dimensión.

Una de las incógnitas que plantean las cuotas participativas es si el pago de un dividendo al accionista puede dañar el dinero que las cajas destinan a la obra social. Así, el beneficio neto, después de destinar la mitad a reservas, tendría que compartirse entre el pago al accionariado y los proyectos de obra social. Eso sí, recordar que el porcentaje que va a reservas es un mínimo y actualmente las cajas tienen potestad para aumentar el mismo. Por ejemplo, el conjunto de las cajas de ahorros, han destinado para este año 2002 el 26,8% de su beneficio a obra social, un total de 937 millones de euros (155.904 millones de pesetas), que proceden del beneficio neto del año pasado. Las reservas, el otro capítulo al que se destinan los resultados netos del sector de cajas, representaron el 73,2% del resultado después de impuestos, hasta 2.564 millones de euros (426.614 millones de pesetas).

Con el dividendo entra, pues, un nuevo comensal a la hora de repartir las ganancias de las cajas. Sobre esta cuestión hay distintos puntos de vista. Algunos expertos apuntan la posibilidad de que se fije un porcentaje del beneficio para dividendos no inferior al destinado para obra social. Sería una manera de proteger los dividendos de los poseedores de las acciones sin voto frente a la obra social.

El consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, considera que a largo plazo la captación de recursos propios será beneficiosa para el beneficio y, por tanto, se podrá repartir más en obra social: 'El fortalecimiento de los recursos propios es una condición necesaria para la obtención de un beneficio después de impuestos suficiente'.

Las cuotas participativas de las cajas de ahorro serán objeto de debate parlamentario en los próximos meses. La polémica sobre esta forma de financiación de estas entidades financieras vuelve a abrirse después de 12 años en los que ninguna caja ha utilizado este instrumento. Pese a las limitaciones de voto y de posesión de estos títulos, las suspicacias continuarán. Una vía de financiación que algunos ven como un primer paso en el cambio de propiedad.El Partido Popular (PP) quiere introducir en el debate parlamentario de la Ley Financiera una enmienda que resucite las empolvadas cuotas participativas de las cajas de ahorro que se regularon en 1990 mediante un real decreto. Han pasado casi 12 años y esta fórmula para financiar las cajas nunca se ha llevado a efecto.

Las cuotas participativas son hoy por hoy un producto sin definir. En esa denominación, claramente eufemística, caben tanto las acciones sin voto (carentes de derechos políticos) como unos productos más cercanos a los bonos y obligaciones pero cuyo interés dependería de la evolución de los beneficios de cada caja y que se emitirían a perpetuidad.

Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que preside Manuel Pizarro, ven necesario que estas entidades dispongan de una nueva forma para captar recursos propios y que, a efectos contables, se consideren como tal. La competencia entre entidades financieras -las cajas de ahorros representan el 50% del sistema financiero español- y su fuerte crecimiento hacen conveniente, según la CECA, la puesta en marcha de las cuotas participativas.

Sin embargo, un producto cuya finalidad es financiar de forma más sólida y flexible a las cajas de ahorro despierta numerosas suspicacias. Unas suspicacias que se basan en que tras la emisión de cuotas participativas en forma de acciones sin voto se podría dar el paso a que estas acciones tuvieran derechos políticos por lo que se abriría la puerta a que las cajas perdieran su actual esencia y acabaran en manos de empresas o de otros grupos financieros rivales. Este, por ejemplo, es el temor que expresan los responsables de asuntos financieros de Comisiones Obreras (CC OO), que ven en las cuotas participativas un primer paso para el cambio de propiedad en las cajas de ahorro. También el PSOE ve en las cuotas participativas una privatización a plazos de las cajas. Actualmente, los que ejercen los derechos de propiedad sobre las cajas son entidades públicas y privadas (ayuntamientos, comunidades autónomas y fundadores) y también impositores y trabajadores.

Así, como hasta el momento las cajas se han financiado con distintas fórmulas más o menos imaginativas, el tema se ha ido aplazando. También se encuentra relegada una cuestión que es clave en las cajas: la presencia política en los órganos de gestión, cuya competencia recae en las comunidades autónomas y que lleva a que algunas cajas tengan hasta un 70% de representación política, sea de autonomías o de ayuntamientos.

En la enmienda que propone el PP no se aborda la presencia política pero sí se definen unas líneas maestras de las cuotas participativas cuya emisión no deberían superar el 50% de los recursos propios. Con datos del ejercicio 2000 esto supondría para el conjunto de las cajas unos 14.000 millones de euros (2,3 billones de pesetas). Además, ningún inversor podría tener más de un 5% de las cuotas emitidas por cada caja. Este producto se negociaría en los mercados (bolsas o de renta fija) y carecerían de derechos políticos (voto), fijándose su rentabilidad de acuerdo con la marcha de la caja. La ganancia tendría un tratamiento fiscal similar al del dividendo, que es el más favorable dentro de los rendimientos del capital por contar con deducción.

Nuevos canales

El fuerte crecimiento de las cajas de ahorro las ha llevado a buscar diferentes canales de financiación. El principal y tradicional son sus propias reservas provenientes de sus beneficios. Así, la ley obliga a las cajas a destinar al menos el 50% de sus beneficios a reservas. Este porcentaje puede ampliarse al antojo de las cajas y el resto va a la obra social.

En 1994, el capital y las reservas propias representaban el 81,6% de sus recursos propios, y en 2000, este porcentaje ha bajado hasta el 70,23%. Esta diferencia se ha cubierto con productos que no satisfacen del todo la necesidad de recursos propios como son las participaciones preferentes y las emisiones de deuda subordinada. Estas últimas, a efectos contables, pertenecen a la segunda categoría de recursos propios, mientras que las preferentes deben emitirse fuera de España al no existir una regulación propia que las contemple.

En el caso de las participaciones preferentes (se emiten a perpetuidad) el propio Banco de España ha sugerido que se limite su cómputo como recursos propios, aunque esta recomendación todavía no la ha trasladado a circular. En el año 2000, las cajas habían emitido ya 5.844 millones de euros en participaciones preferentes, cifra que era sólo de 421 millones de euros un lustro antes. Las cifras de los recursos de las cajas indican, pues, la búsqueda de alternativas a sus propias reservas y capital.

Aquí, en esta búsqueda de recursos propios, es donde entran las cuotas participativas que computan sin ninguna limitación en el coeficiente de solvencia. Este coeficiente de solvencia obliga a que el capital responda con los créditos que otorga la entidad financiera. La normativa internacional obliga a que por cada 100 euros prestados por las entidades financieras, 8 euros estén respaldados en sus recursos propios. Actualmente, el coeficiente de solvencia de las cajas se sitúa en el 12,15%.

Para crecer, para aumentar la concesión de créditos, las cajas podrían, pues, necesitar en el futuro las cuotas participativas para captar dinero en igualdad de condiciones que sus competidores bancarios, sean éstos nacionales o extranjeros. Pero la cuestión estriba en saber cómo serán esas cuotas participativas.

Amplia gama

Las características antes reseñadas que apunta el Partido Popular colocarían a las cuotas participativas en una situación similar a la de las acciones sin voto. Sin embargo, no se descartan otras variedades, incluso la posibilidad de que coexistan varios modelos, y cada caja, si así lo desea, optaría por uno u otro modelo.

Los distintos informes elaborados por Morgan Stanley o Analistas Financieros Internacionales se inclinan más hacia unas acciones sin voto, ya que consideran que un modelo más descafeinado acabaría por no interesar a los inversores que adquiriesen esos títulos y, por tanto, toda esta reforma acabaría en papel mojado.

En este caso y a excepción de los derechos políticos y, por tanto, sin posibilidad de que los grandes inversores ocupen asiento en los órganos directivos, estas acciones de las cajas -seguramente renombradas- tendrían las mismas características que las acciones de los bancos o de cualquier otra empresa cotizada.

Eso sí, no tendrán derechos políticos, aunque en la enmienda que prepara el PP se prevé que gocen de voz a través de un sindicato de cuotapartícipes. En la propia lógica de los mercados, los títulos sin voto están penalizados frente a los que sí dan derechos políticos. Esta penalización se debe suplir con una rentabilidad superior, ya que a igualdad de condiciones resulta más interesante adquirir títulos con derecho a voto, sobre todo cuando se trata de inversores institucionales que con un porcentaje importante de acciones hacen valer esos derechos.

Habría, pues, que valorar la caja de ahorro que emita esos títulos que, lógicamente, tendrían que negociarse en las bolsas. Aquí surge un problema ya que la legislación contempla un precio de venta igual al valor contable (valor en libros de la caja). Así, para pretender un precio mayor tendría que producirse un cambio legislativo. Según estimaciones de Morgan Stanley de acuerdo con la rentabilidad que ofrece el conjunto de cajas, estas acciones sin voto deberían valorarse ligeramente por encima de dos veces el valor contable. La rentabilidad sobre recursos propios de las cajas de ahorro se sitúa actualmente en el 15,5%, una rentabilidad que le permitiría situarse en niveles de cotización similar a medio camino entre los grandes bancos españoles y las entidades de mediana capitalización.

Como ocurre con el resto de valores, cualquier decisión de los responsables de la caja tendría su reflejo en la cotización del valor. Un aspecto interesante, ya que obligaría a una gestión ante el accionista, ya que los inversores no entenderían operaciones que se salieran de esa lógica de crear valor en la caja.

De esta forma, los expertos consideran que traería de forma indirecta una mayor profesionalización en la gestión de las cajas de ahorro, cuyos proyectos estarían siempre vinculados a la búsqueda de la rentabilidad, situación que no siempre ocurre en la actualidad.

Experiencia bursátil

La retribución de la acción se fijaría de acuerdo con la evolución de los beneficios de la caja. Una retribución variable como la de los dividendos que reparten las compañías en Bolsa y que es un porcentaje de sus beneficios. Tal y como está ahora la legislación, el 50% como mínimo del beneficio neto de las cajas debe ir a reservas. El resto podría servir para pagar a los accionistas, siendo necesario también, ya que no se modifica la filosofía de las cajas, mantener una parte del mismo a la obra social que es la que permite a las cajas su condición de entidades sin ánimo de lucro.

Dado que las acciones serían recursos propios, los expertos consultados no descartan que pudiera modificarse esta obligatoriedad de llevar la mitad del beneficio a las reservas. La explicación es sencilla, ya que obtendrían reservas de igual calidad con esas cuotas participativas.

La cotización en Bolsa de estas acciones también serviría a las cajas para fidelizar a su clientela, al igual que hacen los bancos con sus depositantes. En distintos estudios se contempla la posibilidad de una fusión entre cajas y los derechos de estos nuevos socios. En este caso, los accionistas podrían acudir al canje de las cuotas de una caja por la de otra, o si no lo aprueban solicitar la recompra de sus cuotas, siguiendo las pautas que se marca en el caso de ofertas públicas de adquisición (OPA) de exclusión.

Este modelo de acciones sin voto es el que cuenta con más posibilidades de imponerse, ya que su éxito está suficientemente contrastado en los mercados bursátiles. Liquidez, valoración diaria de la caja por el mercado y seguimiento de su estrategia de gestión son elementos que encajan en este entorno de competencia entre entidades financieras. El inversor encontraría un producto conocido y que podría comprar y vender con facilidad en el mercado, y obtener plusvalía o minusvalía por la evolución del precio de la acción sin voto, así como rendimiento por el dividendo.

Únicamente con la salvedad de los derechos políticos funcionarían como las acciones que conocemos. En España, aunque la legislación permite la emisión de acciones sin voto, se han realizado muy pocas emisiones, ligadas con el temor a operaciones hostiles. El Banco Guipuzcoano fue el pionero en abrir este tipo de acciones que se retribuían con un dividendo mayor frente a las acciones ordinarias.

Sin embargo, hay otras opciones a caballo entre las acciones y la renta fija. Tal vez, las actuales participaciones preferentes ya con una legislación española al efecto podría también cumplir esta función de proveer de recursos propios a las cajas de ahorro. Este tipo de cuotas contaría con un dividendo fijo o variable, pero no implicaría una valoración de la caja. Se trataría de títulos más cercanos a una obligación sin fecha de vencimiento. Este tipo de activos se negocian en mercados mayoristas de renta fija como el mercado AIAF. Un tipo de instrumento que no se ajustaría bien a la voluntad del PP de hacer un producto que provocase la movilización de ahorro popular, tal y como se recoge en el trabajo elaborado dentro del partido.

Incluso, no se descarta que convivan cuotas participativas diferentes. La caja podría optar por aquéllas más cercanas a las acciones o, por el contrario, decantarse por las que tienen más similitud con la renta fija.

Varias posibilidades

Unas opciones que convivirían con el actual modelo, ya que fuentes de la CECA recalcan que esta nueva vía de financiación no sería una imposición para el conjunto de cajas. Se podría mantener el actual modelo o acogerse a las distintas posibilidades que abran las cuotas participativas. Y es que las necesidades de las cajas de ahorro son muy distintas. Mientras algunas se encuentran en pleno proceso de expansión y, por tanto, necesitadas de nuevos capitales, otras prefieren mantener su actual dimensión.

Una de las incógnitas que plantean las cuotas participativas es si el pago de un dividendo al accionista puede dañar el dinero que las cajas destinan a la obra social. Así, el beneficio neto, después de destinar la mitad a reservas, tendría que compartirse entre el pago al accionariado y los proyectos de obra social. Eso sí, recordar que el porcentaje que va a reservas es un mínimo y actualmente las cajas tienen potestad para aumentar el mismo. Por ejemplo, el conjunto de las cajas de ahorros, han destinado para este año 2002 el 26,8% de su beneficio a obra social, un total de 937 millones de euros (155.904 millones de pesetas), que proceden del beneficio neto del año pasado. Las reservas, el otro capítulo al que se destinan los resultados netos del sector de cajas, representaron el 73,2% del resultado después de impuestos, hasta 2.564 millones de euros (426.614 millones de pesetas).

Con el dividendo entra, pues, un nuevo comensal a la hora de repartir las ganancias de las cajas. Sobre esta cuestión hay distintos puntos de vista. Algunos expertos apuntan la posibilidad de que se fije un porcentaje del beneficio para dividendos no inferior al destinado para obra social. Sería una manera de proteger los dividendos de los poseedores de las acciones sin voto frente a la obra social.

El consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, considera que a largo plazo la captación de recursos propios será beneficiosa para el beneficio y, por tanto, se podrá repartir más en obra social: 'El fortalecimiento de los recursos propios es una condición necesaria para la obtención de un beneficio después de impuestos suficiente'.

Las cuotas participativas de las cajas de ahorro serán objeto de debate parlamentario en los próximos meses. La polémica sobre esta forma de financiación de estas entidades financieras vuelve a abrirse después de 12 años en los que ninguna caja ha utilizado este instrumento. Pese a las limitaciones de voto y de posesión de estos títulos, las suspicacias continuarán. Una vía de financiación que algunos ven como un primer paso en el cambio de propiedad.