La juez embarga a Camacho para pagar la minuta de su procuradora

La juez Teresa Palacios ha procedido al embargo de 3.000 euros (unas 500.000 pesetas) de las cuentas que el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, tiene en Cajamadrid, para hacer frente a los honorarios de su procuradora, Rocío Sampere, a la que no abonaba ninguna cantidad desde el inicio del procedimiento. La procuradora le requirió el pago y como Camacho se ha declarado insolvente, la juez ha ordenado el embargo. Además, el catedrático Miguel Bajo ha renunciado a la defensa del dueño de la agencia de valores.

Camacho no paga. Su procuradora, la persona que presenta los escritos d...

La juez Teresa Palacios ha procedido al embargo de 3.000 euros (unas 500.000 pesetas) de las cuentas que el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, tiene en Cajamadrid, para hacer frente a los honorarios de su procuradora, Rocío Sampere, a la que no abonaba ninguna cantidad desde el inicio del procedimiento. La procuradora le requirió el pago y como Camacho se ha declarado insolvente, la juez ha ordenado el embargo. Además, el catedrático Miguel Bajo ha renunciado a la defensa del dueño de la agencia de valores.

Camacho no paga. Su procuradora, la persona que presenta los escritos de defensa en su nombre y recoge las resoluciones que le afectan en el procedimiento, considera que no es de recibo. Así, cuando el propietario de Gescartera le debía ya 3.000 euros por sus gestiones, decidió requerirle para que pagase. Como no hizo caso, la procuradora Rocío Sampere solicitó a la juez que abriese la pieza de habilitación de fondos. Camacho se declaró insolvente.

Así, Sampere pidió a la juez el embargo de las cuentas que el dueño de Gescartera tiene bloqueadas en varias entidades financieras.

La juez Palacios lo ha acordado y la procuradora podrá cobrar de unos fondos que, en principio, correspondían a inversiones de clientes.

Por otro lado, el catedrático de Derecho Penal Miguel Bajo, que figuraba como primer abogado defensor de Antonio Camacho, ha renunciado a la defensa. Ello no supone ningún trastorno para el propietario de Gescartera, ya que su defensor ha sido en todo momento José Lozano, abogado perteneciente al despacho jurídico de Bajo.

Aunque no se han explicado las razones de la renuncia del letrado, fuentes jurídicas han señalado que se trata de una consecuencia lógica del incidente que provocó el aplazamiento de la declaración de Camacho el pasado 28 de febrero.

Citación fallida

En aquella ocasión, la notificación de la citación de Camacho no llegó a tiempo y el abogado José Lozano, a pesar de que conocía por la prensa que su cliente iba a comparecer en el juzgado para declarar, se escudó en la razón formal para no acudir.

La juez, irritada, ordenó que se llamase al despacho del letrado, ya que otra abogada del mismo bufete había acudido poco antes a otra diligencia y se había marchado antes de la comparecencia de Camacho.

Finalmente, el titular del despacho, Miguel Bajo, que había acudido a la Audiencia Nacional por otros motivos, tuvo que presentarse ante la juez para asistir a Camacho, pero éste dijo entonces que prefería que le asistiese Lozano. Bajo explicó a la juez que, en realidad, figuraba como abogado defensor, pero sólo nominalmente, puesto que el único que conoce realmente el proceso es Lozano. La citación resultó fallida y la declaración tuvo que aplazarse al día siguiente.

Por otro lado, la juez Teresa Palacios ha aplazado sine die, a petición del teniente fiscal anticorrupción, Luis López Sanz, las comparecencias de cuatro empleados del Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) que iban a declarar el 15 de marzo en calidad de testigos sobre el crédito de 750 millones de pesetas (4,51 millones de euros) concedido a Camacho por la citada entidad en julio de 1999, según informaron fuentes de la Audiencia.

El fiscal ha instado el aplazamiento hasta que el HSBC aporte los documentos que les fueron requeridos en su día y que consistían en el detalle de todos las cuentas y movimientos de Camacho desde 1993.