Un varapalo de Bruselas
Cuando el pasado 9 de abril la UGT no estampó su firma en el Acuerdo de Pensiones -que sí suscribieron Gobierno, patronal y Comisiones Obreras-, adujimos, entre otras muchas razones, que el Gobierno, con el consecuente plácet del resto de los firmantes, venía haciendo un uso abusivo de los excedentes de la Seguridad Social para alcanzar, a costa de precarizar la protección social, sus objetivos en política económica. La UGT, obviamente, no podía estar de acuerdo.
Ahora, después de unos meses, es la Comisión Europea la que abunda en este argumento y critica, al igual que hizo UGT y un am...
Cuando el pasado 9 de abril la UGT no estampó su firma en el Acuerdo de Pensiones -que sí suscribieron Gobierno, patronal y Comisiones Obreras-, adujimos, entre otras muchas razones, que el Gobierno, con el consecuente plácet del resto de los firmantes, venía haciendo un uso abusivo de los excedentes de la Seguridad Social para alcanzar, a costa de precarizar la protección social, sus objetivos en política económica. La UGT, obviamente, no podía estar de acuerdo.
Ahora, después de unos meses, es la Comisión Europea la que abunda en este argumento y critica, al igual que hizo UGT y un amplio abanico de ámbitos profesionales, la insuficiente dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por parte del Gobierno.
Advertíamos que el Acuerdo de Pensiones de abril pretendía, y lo ha conseguido, reforzar la instrumentalización por el Gobierno de la Seguridad Social para la consecución de sus objetivos de política económica, entendiendo fundamentalmente, entre ellos y en primer lugar, la reducción del déficit público. Dicho de otro modo, en un pasado reciente se endeudó a la Seguridad Social mediante préstamos que superan los dos billones de pesetas y que tenían que haber sido aportaciones finalistas del Estado a su financiación; hoy, se utiliza el superávit de la Seguridad Social para tapar el déficit del Estado y el Acuerdo de Pensiones se ha configurado como un instrumento perfecto para este menester.
Esta fórmula de reducir el déficit público es impropia e indebida, y, lógicamente, la correlativa falta de aportaciones suficientes por el Gobierno al Fondo de Reserva de la Seguridad Social es precisamente lo que criticó la UGT y ahora hace la Comisión Europea.
El Acuerdo de Pensiones contempla un largo período de doce años (tres legislaturas nada menos) para financiar los complementos de mínimos de pensiones. Así, con este cheque en blanco al Gobierno, lo que ocurrirá es que se va a producir un trasvase de recursos de la Seguridad Social hacia el Estado por un montante que puede superar los 3,5 billones de pesetas, con los que se podrá financiar, entre otras cosas, la próxima reforma regresiva del IRPF. Esos enormes recursos se dedicarán, por tanto, a sufragar gastos que decide el propio Gobierno y cuya financiación corresponde al Estado y no a la Seguridad Social, yendo además en detrimento de una mayor dotación del mencionado Fondo de Reserva, que es la garantía de sostenibilidad del sistema público de pensiones y de la mejora de las prestaciones.
Esta situación es exactamente lo mismo que está sucediendo con los excedentes de las cotizaciones sociales del sistema de protección por desempleo: en cuatro años el Gobierno se ha apropiado de 1,7 billones de pesetas que ha utilizado para financiar otras políticas de gasto público que no tienen nada que ver con las aportaciones de trabajadores y empresas al sistema profesional de protección.
Además, en el Acuerdo de Pensiones de abril de 2001 se limita, incomprensiblemente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por un importe de un billón de pesetas, cuando las necesidades de financiación van a ser, sin duda, mayores que esa cantidad para la preservación del actual sistema, con pensiones dignas y a salvo de futuros recortes.
En definitiva, la falta de autonomía de la Seguridad Social para utilizar los recursos financieros que genera es más grave a partir del Acuerdo de Pensiones, y ello va a suponer un grave impedimento para la mejora de nuestra protección social y la convergencia con Europa. Según los últimos datos de Eurostat, España se distancia cada vez más de la Unión Europea en lo que es gasto para protección social. Si en 1993 la diferencia con la media comunitaria era de 4,8 puntos del Producto Interior Bruto (PIB), actualmente esa diferencia se ha disparado hasta los 7,6 puntos del PIB. Considerando un conjunto de 20 países, los 15 de la Unión Europea más otros cinco del Espacio Económico Europeo, España, en 1999, ocupaba el lugar 19, sólo superada por Eslovaquia, en lo que es menor gasto social por habitante. La conclusión es clara: lejos de converger con Europa, la divergencia de España es cada vez mayor.
Aunque sólo hubiera sido por la razón que he intentado explicar en este artículo -hay otras de profundo calado igualmente-, la UGT estuvo en contra del Acuerdo de Pensiones y sigue estándolo. No es sólo la voz de UGT; conforme va pasando el tiempo más instancias, más organismos, más expertos, y ahora nada más y nada menos que la Comisión Europea, se unen a las críticas y ponen en el disparadero un Acuerdo de Pensiones que no es bueno.
A medida que pase el tiempo, irán aflorando los problemas que no se quisieron ver o que se obviaron en el mencionado Acuerdo. Seremos testigos de excepción de las importantes y trascendentales carencias de un Acuerdo de Pensiones que la UGT no firmó por responsabilidad. Tiempo al tiempo.
No quisiera terminar sin hacer una última referencia a las muy recientes declaraciones de un iluminado diputado del Partido Popular, a la sazón presidente de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, quien opina que las mujeres como viven más que los hombres habrían de cobrar una pensión inferior. Las razones que esgrime son tan lamentables que huelga el que yo haga aquí otro comentario como no sea el que 'menudo futuro nos espera en manos de estos políticos que sustentan a este Gobierno'.
Rafael Recuenco Montero es secretario general de UGT-PV.