El extraño retraso
Desde hace tiempo vengo siguiendo el proceso de transferencias de la Administración central a las autonómicas en materia de empleo y me resulta extraña la situación que al respecto se da en Andalucía. La rareza de las circunstancias actuales viene provocada, fundamentalmente, por la tardanza del traspaso de las competencias a nuestra comunidad, pero también por la inactividad de la propia Administración autonómica.
El proceso de transferencias a las comunidades de las denominadas políticas activas de empleo tuvo su primera manifestación a mediados de 1997, cuando se le transfiere a Cata...
Desde hace tiempo vengo siguiendo el proceso de transferencias de la Administración central a las autonómicas en materia de empleo y me resulta extraña la situación que al respecto se da en Andalucía. La rareza de las circunstancias actuales viene provocada, fundamentalmente, por la tardanza del traspaso de las competencias a nuestra comunidad, pero también por la inactividad de la propia Administración autonómica.
El proceso de transferencias a las comunidades de las denominadas políticas activas de empleo tuvo su primera manifestación a mediados de 1997, cuando se le transfiere a Cataluña la competencia para la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, lo que se produjo a través del Decreto 1.050/1997, de 27 de junio. Realmente, antes de esta fecha el proceso ya había comenzado a exteriorizarse como consecuencia de la puesta en marcha por esta comunidad autónoma de una agencia de colocación -Cataluña firmó convenio con el Inem para poner en marcha una agencia de colocación el 27 de diciembre de 1994-, dato éste importante y que de alguna forma forzó el inicio del proceso de descentralización.
A partir del traspaso a Cataluña, otras comunidades han venido asumiendo la gestión de estas materias, lo que nos sitúa ante un proceso creciente e imparable. Creciente, como lo demuestra el hecho en sí de las transferencias efectuadas. Así, junto a Cataluña, y por orden cronológico, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra, Madrid, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Baleares, La Rioja y Cantabria, son las comunidades que actualmente han asumido competencias en esta materia. Imparable porque nadie discute que acabará alcanzando al resto de comunidades, y también por la coincidencia generalizada de que éstas son políticas a desarrollar teniendo muy presente el factor territorial y de forma integrada con otros aspectos del empleo ya transferidos, caso de la formación profesional.
¿Por qué no se encuentra Andalucía entre las comunidades que ya gestionan esta materia? La pregunta debería contestarla el Gobierno central, ya que el autonómico parece haber mostrado su interés para que ello se haya producido. En efecto, ya en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, firmado el 21 de abril de 1997, se anunciaba la intención de crear el Servicio Andaluz de Colocación, el cual se configuraba como el servicio público de gestión de empleo de la Junta de Andalucía. El problema es que desde entonces no se ha puesto en marcha esta iniciativa.
En efecto, aun cuando se han regulado aspectos de su eventual funcionamiento, el mencionado servicio no ha llegado a comenzar su andadura. Puede pensarse que para ello es necesario que Andalucía reciba las transferencias en la materia. Sin embargo, varias comunidades autónomas pusieron en marcha servicios de colocación con anterioridad a que se les traspasaran las competencias -es el caso, junto a Cataluña, de las comunidades de Asturias, Castilla y León, Madrid, Navarra-. Asimismo, hay comunidades que vienen desarrollando desde hace ya varios años labores de intermediación sin que se les hayan transferido las competencias, como ocurre en el País Vasco, donde el Servicio Vasco de Colocación, también denominado Langai, fue creado por la orden de 26 de junio de 1996.
En este sentido, cabe recordar que la Junta de Andalucía firmó, el 15 de junio de 1997, un convenio de colaboración con el Inem por el cual se permitía a aquélla desarrollar funciones de intermediación en el mercado de trabajo a través de una agencia de colocación autorizada. Pareció entonces que la estrategia del Gobierno andaluz era la misma que la adoptada por el Gobierno catalán pero, por razones que desconocemos, la agencia de colocación, germen del Servicio Andaluz de Colocación, no entró en funcionamiento.
Es probable que la Junta de Andalucía estimase oportuno esperar a que le fueran transferidas las competencias en materia de empleo. En este sentido, como nos recuerda el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, durante el mandato de los tres ministros de Trabajo del Partido Popular -Javier Arenas, Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio- se nos ha anunciado en algún momento la materialización del traspaso. Esperemos que éste se produzca en breve, y con él dispongamos de un Servicio Público de Empleo en Andalucía, aunque no sea necesario supeditar la entrada en funcionamiento de este servicio a que la transferencia se produzca.