Los centros de menores de Andalucía acogieron a 1.392 inmigrantes en 2001

La llegada de menores inmigrantes a Andalucía creció de nuevo durante 2001, atendiendo a los 1.392 ingresos registrados en centros, que significó un aumento del 30% respecto al año anterior, según el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. Los gobiernos de Canarias y Andalucía pidieron ayer a la Administración estatal que resuelva la paradójica situación de los inmigrantes detenidos que no pueden ser devueltos ni tampoco regularizados para evitar la creación de 'bolsas' de personas que sólo pueden aspirar a sobrevivir de la solidaridad o la delincuencia.

Los flujos migrator...

La llegada de menores inmigrantes a Andalucía creció de nuevo durante 2001, atendiendo a los 1.392 ingresos registrados en centros, que significó un aumento del 30% respecto al año anterior, según el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. Los gobiernos de Canarias y Andalucía pidieron ayer a la Administración estatal que resuelva la paradójica situación de los inmigrantes detenidos que no pueden ser devueltos ni tampoco regularizados para evitar la creación de 'bolsas' de personas que sólo pueden aspirar a sobrevivir de la solidaridad o la delincuencia.

Los flujos migratorios entre las dos orillas del Estrecho siguen creciendo también en el caso de los menores de edad. Durante 2001, ingresaron en los 28 centros de Andalucía 1.392 extranjeros, alrededor de un 30% más que el año anterior, según datos facilitados ayer por el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.

La nacionalidad de los atendidos, en el 95% de los casos, era marroquí. Pérez Saldaña explicó que la edad media de los adolescentes que cruzan el Estrecho es de 14,6 años, ligeramente inferior a la de ejercicios anteriores. Asuntos Sociales calcula que el coste anual de la asistencia de los menores inmigrantes ronda los 1.200 millones de pesetas. La falta de recursos para actuar ante el aumento del flujo de jóvenes inmigrantes constituye una de las quejas que comparten los gobiernos andaluz y canario, que han acordado trasladar conjuntamente sus demandas en política inmigratoria a la Administración estatal.

Para ambos gobiernos autonómicos, uno de los problemas de mayor gravedad reside en el incremento de 'bolsas' de inmigrantes irregulares que no pueden ser devueltos a sus países de origen y que tampoco pueden ser regularizados al ser detenidos y recibir una orden de expulsión de España. Marcial Morales, consejero canario de Empleo y Asuntos Sociales, señaló que estos inmigrantes sólo pueden sobrevivir gracias a la solidaridad, o bien acabar condenados a delinquir.

La concentración de estos casos en determinadas localidades, además, contribuye a 'generar problemas institucionales', según el consejero canario de la Presidencia, Julio Bonis, que atribuyó la situación a la aplicación de la Ley de Extranjería. Antes de la reunión que mantuvieron ayer en Sevilla, tanto Bonis como el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, pidieron medidas 'excepcionales' para regularizar a estos inmigrantes que no pueden ser devueltos.

Ambas autonomías reclaman también más fondos del Gobierno y de la Unión Europea para atender las necesidades del fenómeno migratorio. Perales adelantó que pedirán en el próximo Consejo Superior de Políticas de Inmigración que el Gobierno aumente el control sobre las fronteras y la presencia consular española en los países de salida de inmigrantes, además de desarrollar el convenio firmado con Marruecos para que 20.000 trabajadores emigren a España con contratos en origen.