La Comisión Arbitral rechaza el recurso de las diputaciones por el centro de control de tráfico

La Comisión Arbitral de Euskadi, el órgano paritario que dirime los conflictos de competencias suscitados entre el Gobierno y las diputaciones, ha rechazado el recurso de las tres instituciones forales contra la instalación de un único centro de control de tráfico. La comisión ha desestimado el planteamiento sólo por razones formales, sin analizar el fondo de la cuestión, por lo que el conflicto puede reabrirse en los próximos meses. El Departamento de Interior del Gobierno pidió ayer a las diputaciones que desbloqueen los permisos de obra para desarrollar su centro de tráfico.

El confl...

La Comisión Arbitral de Euskadi, el órgano paritario que dirime los conflictos de competencias suscitados entre el Gobierno y las diputaciones, ha rechazado el recurso de las tres instituciones forales contra la instalación de un único centro de control de tráfico. La comisión ha desestimado el planteamiento sólo por razones formales, sin analizar el fondo de la cuestión, por lo que el conflicto puede reabrirse en los próximos meses. El Departamento de Interior del Gobierno pidió ayer a las diputaciones que desbloqueen los permisos de obra para desarrollar su centro de tráfico.

El conflicto competencial se suscitó este verano, cuando Interior aprobó, mediante un decreto, la creación de un sistema de gestión del tráfico único para toda Euskadi, que pretende ubicar en Bilbao. En él quiere centralizar la información en tiempo real que se reciba de las cámaras que se instalarán en los 50 principales tramos de carreteras de Euskadi y su distribución posterior a los servicios de emergencia y usuarios. Las tres diputaciones lo impugnaron ante la Comisión Arbitral al entender que invadía sus competencias en materia de carreteras. De hecho Vizcaya promueve desde 1998 la creación de su propio centro de gestión del tráfico y Álava pretende implantarlo este año.

Se abrió así una disputa institucional que supuso, además, las negativa de las diputaciones a conceder a Interior los permisos de obra necesarios para desarrollar su sistema de gestión del tráfico, como la instalacioón de cámaras de televisión, sensores para detectar el volumen de circulación y paneles de mensajes variables para facilitar información a conductores.

Cinco meses después, la Comisión Arbitral ha resuelto el conflicto, aunque todo indica que no definitivamente. El órgano presidido por Manuel María Zorrilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, ha rechazado el recurso de las tres diputaciones pero por cuestiones formales. En el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, porque presentaron el requerimiento previo del conflicto competencial con un día de retraso sobre el plazo establecido en la Ley de la Comisión Arbitral (LCA). La norma fija 20 días naturales desde la publicación del decreto del Gobierno, emitido el 18 de junio, por lo que la fecha tope era el 8 de julio. Las diputaciones vizcaína y guipuzcoana hicieron el requerimiento el 9 de julio. Álava lo presentó dentro del plazo, el día 6, pero la comisión lo desestima por otra razón formal: fue planteado por la secretaría técnica del diputado general y no fue aprobado por el consejo de gobierno. Este hecho fue alegado por el Gobierno vasco ante la Comisión Arbitral, que entiende que 'el defecto es de entidad relevante'.

La resolución del órgano paritario abre la posibilidad a futuros recursos sobre este asunto, al recordar que las diputaciones 'pueden ejercitar los derechos que les puedan corresponder' no ya contra el decreto, sino contra la 'ejecución o aplicación de la norma a la que se refiere el conflicto que ahora se resuelve'.

El Departamento de Interior valoró ayer que la resolución de la Comisión Arbitral 'no hace más que confirmar la vigencia y la legalidad' de su proyecto de sistema de gestión de tráfico. En un comunicado, asegura que continuará con su desarrollo para la implantarlo el próximo año y enfatiza que su plan 'no invade la competencia foral sobre construcción o mantenimiento de las carreteras'. Afirma que el decreto recurrido 'únicamente crea una herramienta para desarrollar una función propia y específica de la consejería, como es el control y gestión del tráfico interurbano'.

Petición de Interior

La viceconsejera de Interior, Pilar Martínez, opinó que esta decisión 'debería desbloquear la concesión por parte de las diputaciones de los permisos de obra'. Martínez les instó a enviar una contestación sobre este asunto y anunció que lo pedirá formalmente en las próximas reuniones previstas con los diputados forales de Obras y Carreteras.

Las diputaciones vizcaína y alavesa no valoraron ayer la resolución. El diputado guipuzcoano de Transportes y Carreteras, Antton Jaime, calificó de 'lamentable que por un día se rechace un recurso de este tipo y no se entre en el fondo'. Consideró que la resolución deja 'igual el tema' y 'nos deja abierta la posibilidad de seguir sin conceder los permisos' pedidos por el Gobierno vasco para instalar las tecnologías previstas. Jaime no adelantó si volverán a recurrir el decreto cuando se aplique, como posibilita la resolución. 'Lo estamos analizando y debemos estudiarlo con las otras diputaciones. Vamos a ver también si es posible el recurso a la resolución'.

El diputado guipuzcoano rechazó las peticiones de colaboración del Gobierno, 'cuando el problema ha tenido su génesis en el decreto, del que nos enteramos por la prensa'.