El psiquiatra de Carlos el Negro está expedientado por incompatibilidad
El psiquiatra que elaboró el informe en que se basó la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional para excarcelar al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, tiene un expediente abierto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por incompatibilidad entre su puesto como funcionario y su actividad privada. Ángel Lebreros es uno de los tres psiquiatras (él y otro son funcionarios y el tercero es contratado fijo) que atienden a los 6.660 reclusos en las cárceles madrileñas (41.399 en noviembre en España). Sólo ellos son competentes para emitir informes o...
El psiquiatra que elaboró el informe en que se basó la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional para excarcelar al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, tiene un expediente abierto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por incompatibilidad entre su puesto como funcionario y su actividad privada. Ángel Lebreros es uno de los tres psiquiatras (él y otro son funcionarios y el tercero es contratado fijo) que atienden a los 6.660 reclusos en las cárceles madrileñas (41.399 en noviembre en España). Sólo ellos son competentes para emitir informes oficiales sobre esos pacientes.
De los 34 que componen el cuerpo de psiquiatras penitenciarios en España, 17 disfrutan de excedencia, otros tres están suspendidos de empleo y sueldo por haber incurrido en incompatibilidad y 'media docena', expedientados por el mismo motivo, según Instituciones Penitenciarias.
Ese departamento aclara que las prisiones pueden contratar puntualmente a psiquiatras ajenos a la Administración y además siempre les queda el recurso de remitir a los internos a los servicios sanitarios generales o a los hospitales psiquiátricos penitenciarios (hay uno Sevilla y otro en Alicante), con orden judicial.
En todo caso parece que a los psiquiátras no les falta trabajo en las cárceles, toda vez que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca en su informe sobre salud mental de 2001 que 'en general existe una sobrerrepresentación de personas con desórdenes mentales en prisión' ya que, en similares circunstancias, los enfermos tienen mayor probabilidad de ser detenidos que las personas sanas, al tiempo que alerta sobre lo inapropiado de encarcelar a enfermos mentales.
Así, el Estándar de Reglas Mínimas para el Tratamiento de Presos de Naciones Unidas establece que en cada centro penitenciario debe haber 'al menos' un médico y que éste debe poseer 'algún conocimiento de psiquiatría'. Asimismo el citado informe de la OMS incluye como recomendación reducir las consecuencias del confinamiento sobre la salud mental.
A falta de datos exhaustivos en España sobre la prevalencia de las enfermedades mentales entre la población reclusa, algunos estudios británicos apuntan a una presencia muchísimo mayor de estas dolencias entre los presos que entre la población general. Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de estadística del Reino Unido de 1998, publicados por el British Medical Journal, reflejaban que la prevalencia de la esquizofrenia entre los internos era del 10% para varones y del 14% para mujeres frente al 0,4% en el conjunto de la población. Otro estudio británico de 1996 mostraba que una de cada 20 personas en prisión provisional (el 5%) sufría una psicosis. Y una investigación sobre reclusos del centro penitenciario de Castellón entre 1995 y 1997 halló que de 192 ingresos hospitalarios, 18 se produjeron en los servicios de psiquiatría (el 9,3%).