Editorial:

Pacto social

En el escenario económico-laboral que se prevé para el próximo año, dominado por la incertidumbre y la desaceleración económica, el acuerdo sobre moderación salarial alcanzado por la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT constituye un elemento positivo, que se hará sentir sobre todo en el mantenimiento del empleo y en la contención de la espiral inflacionista. A cambio de la aceptación por los sindicatos de subidas salariales que no superen la tasa de inflación prevista del 2% durante el año 2002, los empresarios se comprometen a mantener el empleo y la inversión. La trascendencia del acu...

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En el escenario económico-laboral que se prevé para el próximo año, dominado por la incertidumbre y la desaceleración económica, el acuerdo sobre moderación salarial alcanzado por la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT constituye un elemento positivo, que se hará sentir sobre todo en el mantenimiento del empleo y en la contención de la espiral inflacionista. A cambio de la aceptación por los sindicatos de subidas salariales que no superen la tasa de inflación prevista del 2% durante el año 2002, los empresarios se comprometen a mantener el empleo y la inversión. La trascendencia del acuerdo se mide por el número de convenios colectivos de los que será referencia: más de 4.000, que afectan a más de seis millones de trabajadores.

Este acuerdo social, que retoma la tradición de los firmados a principios de los años ochenta, no tiene, sin duda, el contenido imperativo y concreto de aquéllos. No indica una banda de aumentos salariales concretos, pero establece unos criterios orientativos suficientemente claros sobre los parámetros de negociación de los nuevos convenios: el 2% de inflación prevista, con cláusula de revisión, y compromiso de la CEOE de destinar las mejoras de productividad a creación de empleo y compensaciones salariales.

Se mire por donde se mire, el acuerdo negociado por los agentes sociales constituye un ejercicio de responsabilidad que contribuirá a contener la inflación y los gastos de las empresas, seguramente con efectos más claros y comprobables que la reforma de la negociación colectiva que pretendía aplicar el Gobierno. En todo caso, tiene la ventaja de su inmediatez y de su eficacia frente a una crisis cuyos efectos están a la vista y que necesita de urgentes medidas preventivas para conseguir que afecte lo menos posible a la destrucción de puestos de trabajo. La reforma de la negociación colectiva querida por el Gobierno seguramente es necesaria, pero habría llegado tarde a la actual etapa de desaceleración económica. En todo caso, no contaba de momento con el beneplácito de la patronal y de los sindicatos, y el Ejecutivo la suspendió ante la contrapropuesta de un pacto interconfederal de moderación de rentas salariales.

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Un acuerdo, por vago que sea, es siempre más efectivo que una imposición. El Gobierno español, que inicia el próximo 1 de enero el semestre de presidencia de la Unión Europea, puede presentar ante sus socios comunitarios el activo político de este acuerdo en medio de una coyuntura negativa generalizada.

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