Terrorismo e información
La actitud de muchos Gobiernos democráticos frente al terrorismo ha venido ofreciendo alguna de las estampas más miserables de la política.
Dos ejemplos entre ciento bastan para ilustrarlo: el IRA -tan lejos los muertos, tan cerca los americanos con ascendencia irlandesa- ha recaudado fondos durante años en Estados Unidos con parecida facilidad de la que disfrutaban los etarras para esquilmar a los empresarios españoles en cualquier bar del sur de Francia -tan lejos los muertos, tan cerca alguna veleidad nacionalista- durante el mandato de Giscard d'Estaing.
El atentado del 11 de...
La actitud de muchos Gobiernos democráticos frente al terrorismo ha venido ofreciendo alguna de las estampas más miserables de la política.
Dos ejemplos entre ciento bastan para ilustrarlo: el IRA -tan lejos los muertos, tan cerca los americanos con ascendencia irlandesa- ha recaudado fondos durante años en Estados Unidos con parecida facilidad de la que disfrutaban los etarras para esquilmar a los empresarios españoles en cualquier bar del sur de Francia -tan lejos los muertos, tan cerca alguna veleidad nacionalista- durante el mandato de Giscard d'Estaing.
El atentado del 11 de septiembre pasado contra las Torres Gemelas de Nueva York situó el fenómeno terrorista en el centro del discurso político internacional. El león estadounidense resultó herido y Washington, con toda razón, decretó la lucha universal contra el terrorismo.
Con tanta razón, y con la misma lógica política, el Gobierno español ha tratado de aprovechar el resquicio que abría este panorama para tratar de conseguir alguna decisión que aclare la intrincada maraña político-legislativa que -por increíble que nos resulte a los ciudadanos- acaba siendo escudo protector de terroristas.
La necesidad de Estados Unidos de aparecer como abanderado mundial contra cualquier suerte de terrorismo -algo difícil de constatar hasta el pasado 10 de septiembre- y la urgencia del Gobierno español -comprensible y compartida por la ciudadanía- de obtener legítimo provecho ante la nueva situación, ha dado lugar a una catarata de pronunciamientos, obviedades de principio, voluntarismos y medias verdades que pueden equivocar gravemente a la opinión pública.
Este maremoto antiterrorista -bienvenido sea- coloca a los periódicos españoles en una situación difícil: resulta excesivamente fácil dejarse llevar por la ola de optimismo ante la posibilidad de que cambien leyes y actitudes que dificultan muy seriamente la lucha contra ETA, pero no es posible abandonar el rigor a la hora de informar a los lectores. Justo en medio de la tormenta es necesario redoblar el rigor para no trasladar imágenes apacibles que empañen la dura realidad.
El pasado martes, día 11, este periódico publicó una información, a tres columnas, titulada 'EE UU anuncia que está dispuesto a bloquear las cuentas de ETA y su entorno'. La conjunción copulativa reforzaba el contenido noticioso: no sólo las cuentas de ETA, sino también las de su entorno. Es seguro que muchos lectores se detuvieron diez segundos a reflexionar sobre lo que acababan de leer con una pregunta urgente y sin respuesta: ¿cómo se congelan las cuentas de ETA, además de las de su entorno, precisamente en Estados Unidos?
El comienzo de la información aumentaba la perplejidad, porque se decía que 'la Administración estadounidense está dispuesta a congelar las cuentas corrientes que ETA pueda tener en EE UU y no descarta adoptar la misma medida contra otras organizaciones del entorno de la banda'.
Dicho en román paladino: pareciera que las cuentas de ETA se podrían congelar ya mismo y las de su entorno se estudiaría, pero no se descartaría.
Todo esto se publicaba al hilo de la visita a Madrid del secretario del Tesoro norteamericano, Jimmy Gurulé, que venía a buscar pistas sobre posibles movimientos de dinero de Al Qaeda en nuestro país.
Al leer el resto de la información llegaba el tío Paco con la rebaja: el señor Gurulé condicionaba sus promesas de bloqueo financiero a que España les facilitase pruebas de la existencia de fondos de ETA, o de su entorno, en Estados Unidos, y entonces ellos estaban dispuestos a actuar; por si despertaba alguna duda, aclaró que, hasta el día anterior a su llegada a Madrid, las autoridades estadounidenses no tenían constancia de cuentas de la banda terrorista en su territorio.
De hecho, no consta que nunca se haya barajado la posibilidad de que los recovecos financieros de ETA hubiesen llegado hasta Estados Unidos. Sí se ha hablado seriamente de dinero etarra en cuentas francesas, en otros países europeos y quizás en paraísos fiscales opacos.
La dura realidad
En la misma página de la sección de España donde se ofrecía aquella información, y como vivo contraste, se incluyó otra, muy destacada, firmada por Carlos Yárnoz desde Bruselas, en la que se explicaba detalladamente cómo la Unión Europea -la del territorio en el que, de verdad, se juega nuestra partida terrorista- carece de instrumentos jurídicos para congelar cuentas de grupos terroristas europeos. Muy gráficamente se decía que a la UE 'le resulta menos problemático reaccionar contra Al Qaeda que contra ETA o los GRAPO'.
Ante esta dura realidad -el Ministerio de Justicia español debe de estar sufriéndola de cerca en las últimas semanas- que muestra lo endemoniado del asunto, ¿tiene sentido titular con cierto despliegue que Estados Unidos está dispuesto a congelar las cuentas de ETA?
¿No hubiera sido preciso preguntarse qué cuentas, de quién y cómo pueden congelarse en Estados Unidos? ¿Existen indicios medianamente solventes de que ETA, es decir, su entramado financiero, que sin duda existe, haya llegado hasta allí?
Un mínimo rigor hubiese exigido ofrecerle al lector las declaraciones del ministro norteamericano encuadradas en un contexto que hubiese permitido aproximarse, con datos -con los pocos datos conocidos sobre esta realidad-, al verdadero alcance de unas manifestaciones que más parecen amables expresiones políticas, muy de agradecer, por parte de un aliado que las realidades casi tangibles que anunciaban un titular y una información tan rotundos como necesitados de matizaciones.
Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.