Divorcio

El matrimonio es el acuerdo de dos personas libres; cuando deciden anularlo, es a ellas a quienes corresponde y a nadie más. Cualquier intromisión es estatalismo. Si una de las dos personas no lo desea o hay dificultades en la interpretación de la disolución del contrato, o terceras personas implicadas, se cree que los jueces tienen que solventarlo, como cualquier otro acuerdo. Esto, que parece tan sencillo, no ocurre. La Iglesia, que cuando casa sólo es testigo de esa voluntad de los cónyuges, parece creer que su testimonio hace ley y lo cree el Estado, compañero permanente de la Iglesia. Cua...

El matrimonio es el acuerdo de dos personas libres; cuando deciden anularlo, es a ellas a quienes corresponde y a nadie más. Cualquier intromisión es estatalismo. Si una de las dos personas no lo desea o hay dificultades en la interpretación de la disolución del contrato, o terceras personas implicadas, se cree que los jueces tienen que solventarlo, como cualquier otro acuerdo. Esto, que parece tan sencillo, no ocurre. La Iglesia, que cuando casa sólo es testigo de esa voluntad de los cónyuges, parece creer que su testimonio hace ley y lo cree el Estado, compañero permanente de la Iglesia. Cuando otra burguesía oligárquica dictó normas matrimoniales tenía intereses de clase, de herencia, de compromisos del matrimonio con toda la sociedad. Se trataba de la perpetuación de clases, de problemas raciales, de conveniencias; y de herencias, asunción de derechos sociales y algunas cosas más. Por ejemplo, el que parece deseo del futuro rey Felipe de casarse con una modelo noruega sigue siendo asunto del Estado: por racismo -cuestión de sangre-, por consolidación de una familia con privilegios. Parece que el desdichado -como se decía en las novelas de príncipes y señoritas- no puede consagrar su elección, porque forma parte de sus deberes, y hasta de la extraña Constitución. Quizá él quiera obedecer al Estado del que es emblema: pero los demás ciudadanos que no tienen sus prejuicios sí desean que su voluntad prime, y que si quieren divorciarse lo hagan.

La oposición del Partido Popular a una ampliación de las causas de divorcio, que tampoco es la libertad absoluta, viene de su procedencia burguesa antigua y de su entroncamiento con la Iglesia. Estos conservadores tienen ese grave problema: que conservan lo que no hace falta o es un obstáculo para la voluntad de las personas. La respuesta social es la de las 'parejas de hecho', y no me refiero a las de homosexuales, que están aún más vetados, sino a las de hombre-mujer, con voluntad o no de procrear. Como todas las leyes de la vieja y la nueva burguesía en materia de pensiones, viudedad, herencia, seguridad social y todo lo demás, no admiten las parejas libres: y éstas terminan muchas veces por casarse. A veces suceden cosas raras, como las de los que se casan para separarse, para divorciarse, y resolver así sus problemas mutuos. Nada de lo que sucede entre el Estado y el sexo es congruente.