La policía de Francia se rebela en las calles contra la inseguridad
Masiva protesta contra las leyes que dan más garantías a los presos
La policía francesa está en un grito. Cinco manifestaciones en tres semanas dan cuenta del malestar del cuerpo. Ayer desfilaron más de 20.000 guardias, oficiales y comisarios por el centro de París, y el día anterior lo hicieron casi otros tantos, además de marchas en distintas ciudades. Los agentes pidieron la dimisión del ministro del Interior, Daniel Vaillant, e insultaron a Elisabeth Guigou, a la que llamaron 'patrona de los granujas' por haber promovido la ley de la presunción de inocencia cuando llevaba la cartera de Justicia.
Esa norma da mayores garantías a los detenidos, al per...
La policía francesa está en un grito. Cinco manifestaciones en tres semanas dan cuenta del malestar del cuerpo. Ayer desfilaron más de 20.000 guardias, oficiales y comisarios por el centro de París, y el día anterior lo hicieron casi otros tantos, además de marchas en distintas ciudades. Los agentes pidieron la dimisión del ministro del Interior, Daniel Vaillant, e insultaron a Elisabeth Guigou, a la que llamaron 'patrona de los granujas' por haber promovido la ley de la presunción de inocencia cuando llevaba la cartera de Justicia.
Esa norma da mayores garantías a los detenidos, al permitir la presencia de un abogado desde la primera hora de la detención, limitar el tiempo de la prisión provisional y exigir que un segundo juez confirme el envío a prisión. Desde que la ley entró en vigor, el pasado 1 de enero, las libertades condicionales han aumentado un 28%.
Pero en ese periodo se han producido siete asesinatos de policías, crece el número de delitos -19% más de robos con violencia y 27% más de atracos a mano armada en la región de París- y a la policía se le acumula el trabajo desde el 11 de septiembre, al tener que reforzar la vigilancia y custodiar además los transportes de euros. La situación que está viviéndose en Francia recuerda en parte la reacción que se produjo en España a partir de 1983, cuando el Gobierno de Felipe González limitó la prisión preventiva, lo cual motivó la puesta en libertad de millares de presos que llevaban mucho tiempo sin juzgar.
En Francia, los sindicatos policiales se creen esta vez en posición de fuerza, porque habrá elecciones en la primavera próxima, y tanto el presidente de la República, Jacques Chirac, como los partidos que le apoyan -hoy en la oposición- han declarado la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. El 90% de los franceses respalda a la policía y el 68% apoya expresamente sus reivindicaciones, frente a un 2% que las rechazan, según el último sondeo conocido.
Un grupo de policías encabezaba el cortejo de ayer con una pancarta que proclamaba '300 euros'. Pero los sindicatos, conscientes de que el salario no es la más popular de sus reivindicaciones, juegan a la denuncia de la inseguridad provocada por la ley citada. Exigen muchos más efectivos y atribuyen a la ley Guigou males que nada tienen que ver con ella, como la dificultad de juzgar a muchachos de 12 o 13 años que insultan y apedrean a la policía en ciertos barrios conflictivos.
La policía ocupa las calles con tanto ruido como vistosidad plástica. Agentes disfrazados de presos y otros aviados con dianas desfilan en medio de los destellos de las luces de urgencia y el ulular de las sirenas. Entre ellos figuran también un número indeterminado de esposas de gendarmes, que -como la Guardia Civil- no pueden manifestarse por su carácter militar.
En un intento de rebajar la tensión, el primer ministro, el socialista Lionel Jospin, ha encargado un informe rápido para evaluar la ley de presunción de inocencia. El ministro del Interior, Daniel Vaillant, ha anunciado un sustancial aumento del presupuesto para la policía -del orden de 50.000 millones de pesetas en un año- y el aumento de 3.000 efectivos en un cuerpo que cuenta con 143.000, pero que, según los sindicatos, sufre la sangría de 4.000 miembros que piden el retiro cada año, sin que baste para cubrir las vacantes la disponibilidad de unos 15.000 'ayudantes de seguridad', jóvenes contratados por cinco años al amparo de las leyes socialistas de fomento del empleo.