Los Verdes piden al juez que actúe contra la Confederación Hidrográfica del Tajo

La organización ecologista Los Verdes-Comunidad de Madrid ha solicitado al juez la apertura de diligencias penales contra los responsables de las obras de canalización de agua en el municipio de Colmenarejo (4.000 habitantes). Los trabajos corren a cargo de la empresa Obrascón Huarte Lain, SA (OHL), contratada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). El juez acordó suspender de forma cautelar los trabajos el pasado día 18. Sin embargo, los ecologistas comprobaron el martes de esta semana que los operarios continuaban las obras.

Como prueba de la infracción, Los Verdes ha remiti...

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La organización ecologista Los Verdes-Comunidad de Madrid ha solicitado al juez la apertura de diligencias penales contra los responsables de las obras de canalización de agua en el municipio de Colmenarejo (4.000 habitantes). Los trabajos corren a cargo de la empresa Obrascón Huarte Lain, SA (OHL), contratada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). El juez acordó suspender de forma cautelar los trabajos el pasado día 18. Sin embargo, los ecologistas comprobaron el martes de esta semana que los operarios continuaban las obras.

Como prueba de la infracción, Los Verdes ha remitido al juez fotografías donde aparecen dos máquinas excavadoras moviendo tierras en la Dehesa de Las Latas y en la vía pecuaria Camino del Rey.

La organización ecologista considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito por contravenir las leyes protectoras del medio ambiente. Esta infracción está castigada, según el recurso presentado por Los Verdes, con penas de prisión de seis meses a cuatro años, además de multa e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años. La sanción puede ser mayor si se desobedecen las órdenes expresas de la autoridad de suspensión de las actividades que provocan el delito.

Ésta es la segunda vez, en menos de un mes, que un juzgado ordena paralizar los trabajos de la conducción de agua en Colmenarejo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paró las obras el pasado 20 de septiembre. Cinco días más tarde levantó la prohibición después de oír a las partes. Al mismo tiempo, encomendó la vigilancia de las obras a la Comunidad de Madrid y a la dirección del Parque del Guadarrama.

Los informes remitidos por ambas instituciones revelaron que se seguían incumpliendo las medidas protectoras de la declaración de impacto ambiental. Se produjo entonces la segunda orden judicial de paralización, el 18 de octubre; pero los operarios, según denuncian los ecologistas, han continuado trabajando en las obras de canalización de la localidad.

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