El juez pide un informe policial de los expedientes de regulación que concedió Navarro
El titular del juzgado número 9 de Tarragona, José Luís Portugal, ha encargado a técnicos del Cuerpo Nacional de Policía la elaboración de un informe sobre los expedientes requisados en el registro de la Subdelegación de Gobierno en Tarragona, referentes a la regularización de extranjeras que prestaron sus servicios en el centro de masajes Irisha de Salou, objetivo de la investigación judicial en la que está imputado el ex subdelegado del Gobierno, Raúl Navarro, el concejal del PP en Salou, Alberto del Hierro y las dos propietarias del negocio, de origen ruso.
Por su implicación en el c...
El titular del juzgado número 9 de Tarragona, José Luís Portugal, ha encargado a técnicos del Cuerpo Nacional de Policía la elaboración de un informe sobre los expedientes requisados en el registro de la Subdelegación de Gobierno en Tarragona, referentes a la regularización de extranjeras que prestaron sus servicios en el centro de masajes Irisha de Salou, objetivo de la investigación judicial en la que está imputado el ex subdelegado del Gobierno, Raúl Navarro, el concejal del PP en Salou, Alberto del Hierro y las dos propietarias del negocio, de origen ruso.
Por su implicación en el caso, Navarro se vio obligado a dimitir de su cargo como subdelegado el pasado 29 de agosto y aunque su cese se justificó oficialmente por razones de salud, dos meses después, Navarro ha hecho efectiva su solicitud ante la Delegación de Gobierno con el objetivo de recuperar su puesto.
El informe policial no se limitará únicamente a los expedientes de regularización que el propio Navarro aportó personalmente al juez en su primera declaración, el 30 de agosto, sino también a los que los agentes judiciales requisaron en una entrada y registro que se realizó a mediados de septiembre en dependencias de la Subdelegación de Gobierno, así como lo referido a la obtención de la nacionalidad y permiso de residencia de las dos propietarias del centro. Los abogados de los imputados destacan que todos los expedientes se encuentran dentro de la legalidad y que la regularización de las dos ciudadanas rusas se realizó en la etapa anterior a que Navarro ocupara la Subdelegación.
Al juzgado también se ha hecho llegar un documento oficial por el que se constata que el subdelegado nunca tuvo a su disposición un servicio de escolta, lo que contradice lo declarado por tres antiguas trabajadoras del centro, testigos protegidos y promotoras de la denuncia contra Navarro, a quien acusan de haberles ofrecido la regularización de su situación en el país a cambio de favores sexuales. Las jóvenes testificaron que Navarro se hacía acompañar de guardaespaldas en sus visitas al centro de masajes.