La centenaria Railtrack descarrila en manos privadas

La decisión del Gobierno laborista de intervenir la empresa privada que gestiona el tendido, las señales y las estaciones de los ferrocarriles británicos ha puesto en entredicho la política de privatizaciones del Partido Conservador puesta en marcha por Margaret Thatcher en los ochenta y culminada por John Major en los noventa, pero también ha abierto una fosa de dimensiones todavía desconocidas entre el Nuevo Laborismo de Tony Blair y el mundo de los negocios.

Esa brecha quizá sea enorme o quizá un simple paso. Pero hoy existe, y a los laboristas les preocupa. La desconfianza no la ha ...

La decisión del Gobierno laborista de intervenir la empresa privada que gestiona el tendido, las señales y las estaciones de los ferrocarriles británicos ha puesto en entredicho la política de privatizaciones del Partido Conservador puesta en marcha por Margaret Thatcher en los ochenta y culminada por John Major en los noventa, pero también ha abierto una fosa de dimensiones todavía desconocidas entre el Nuevo Laborismo de Tony Blair y el mundo de los negocios.

Esa brecha quizá sea enorme o quizá un simple paso. Pero hoy existe, y a los laboristas les preocupa. La desconfianza no la ha provocado tanto la decisión de intervenir la compañía, en lo que para muchos es una renacionalización encubierta, sino el hecho de que el ministro de Transportes, Stephen Byers, se haya desdicho del acuerdo alcanzado tiempo atrás por Railtrack con la autoridad reguladora de los ferrocarriles para inyectar 1.500 millones de libras con respaldo público. Cuando Railtrack, acuciada por la falta de liquidez, reclamaba la primera entrega de fondos, Byers, con el apoyo del primer ministro, Tony Blair, respondió llevándola a los tribunales para solicitar su intervención.

La intervención pone en entredicho las privatizaciones de los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher y John Major

Los empresarios advierten que esa decisión mina la confianza en cualquier negociación futura con el Ejecutivo. 'El Gobierno tiene que actuar con rapidez para restablecer la confianza de los inversores', ha advertido Digby Jones, director de la patronal Confederación de la Industria Británica. Visiblemente satisfechos por el devenir de los acontecimientos, los conservadores, atenazados siempre por su propia responsabilidad en el debate sobre los servicios públicos, han cargado contra el Gobierno. '¿Quién en su sano juicio va a involucrarse en acuerdos público-privados?', se pregunta el responsable de Transportes tory, Eric Pickles.

Las dudas sobre el juego limpio del Gobierno se han acrecentado al saberse que la principal asesora del ministro Byers, Jo Moore, aconsejó aprovechar la conmoción del 11 de septiembre para 'enterrar las malas noticias'. Es decir, para tomar decisiones polémicas que normalmente tendrían mayor impacto mediático. Su patrón decidió la intervención de Railtrack el viernes 5 de octubre y la confirmó públicamente el domingo 7, horas antes de que cayeran las primeras bombas sobre Afganistán.

Seguramente el Gobierno esperaba más críticas hacia los gestores de Railtrack que a sí mismo. En apenas cinco años, desde que en 1996 John Major decidiera privatizar el consorcio que alquila el tendido, las señales y las estaciones a las 28 compañías privadas que conforman el servicio ferroviario británico, Railtrack ha convertido el mítico tren inglés en un desastre e incluso un peligro para sus pasajeros.

Pero en lugar de cargar contra los gestores privados, los medios han puesto el acento en la torpeza de los responsables públicos y corre la especie de que no hay despacho de abogados en la City que no esté preparando una denuncia contra el Gobierno en nombre de algún grupo de accionistas.

Railtrack, que basaba su estrategia de inversiones en la alta rentabilidad que esperaba dar a sus acciones, salió al mercado a 3,8 libras por acción. En dos años la cotización subió hasta 17 libras y empezó entonces un paulatino descenso que la llevó a las 2,8 libras del viernes 5 de octubre, su última aparición en Bolsa. Los accionistas, a la cola de los acreedores y asustados por la posibilidad de quedarse con las manos vacías, han puesto el grito en el cielo y atacan más al Gobierno que a sus gestores.

Acongojado por la dimensión política que empieza a tomar la protesta de accionistas y acreedores, el poderoso ministro del Tesoro, Gordon Brown, tuvo que salir al paso del catastrofismo y asegurar que todos cobrarán, más tarde o más temprano. Y el de Transportes, Stephen Byers, que quiere convertir Railtrack en un consorcio privado sin ánimo de lucro, estudia ahora las ofertas de compra del banco alemán WestLb y sondea a otros posibles compradores como los bancos Barclays y Citigroup, asegura Financial Times.