El 73% de las 292 familias rumanas de los campamentos los ha abandonado

El 73% de las 292 familias gitanas rumanas (917 personas) alojadas en campamentos tras su desalojo, en el verano de 1999, del barrio de La Malmea (Fuencarral) ha abandonado estos núcleos. La mayoría (151) decidieron marcharse de forma voluntaria porque, según explicó ayer la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, 'debido a su movilidad y costumbres no estaban interesadas en el proyecto de integración social que se les ofrecía'.

Otras 63 fueron expulsadas del programa por incumplir algunas de las condiciones exigidas: escolarizar a los hijos y no mendigar con ellos, tener norma...

El 73% de las 292 familias gitanas rumanas (917 personas) alojadas en campamentos tras su desalojo, en el verano de 1999, del barrio de La Malmea (Fuencarral) ha abandonado estos núcleos. La mayoría (151) decidieron marcharse de forma voluntaria porque, según explicó ayer la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, 'debido a su movilidad y costumbres no estaban interesadas en el proyecto de integración social que se les ofrecía'.

Otras 63 fueron expulsadas del programa por incumplir algunas de las condiciones exigidas: escolarizar a los hijos y no mendigar con ellos, tener normas de convivencia y formarse para encontrar un empleo estable en vez de vender La farola por las calles.

Pero también ha habido 72 familias que han seguido el programa de inserción social, que consta de varias fases: una primera de acogimiento temporal (de tres a seis meses) en campamentos; una segunda, también en estos barrios de prefabricados, con programas de inserción sociolaboral; una tercera en pisos tutelados, y una cuarta de autonomía pero con cierto seguimiento social.

Sólo cinco familias han llegado a la cuarta fase y dos han cumplido totalmente los objetivos de este programa desarrollado por Cruz Roja y la Comisión Católica de Migraciones en dos campamentos de Fuencarral (San Roque, con 29 plazas, y Valdelatas, con 22) y uno de Vallecas Villa (75 plazas). El proyecto cuesta 278 millones al año, aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Martínez se niega a hablar de fracaso. 'Hemos ofrecido un proyecto social a estos inmigrantes, pero no podemos obligar a nadie a integrarse si no quiere, sabíamos que el trabajo iba a ser difícil. Además, se han obtenido logros; por ejemplo, se ha conseguido que el 95% del colectivo tramite su cartilla sanitaria, se ha mejorado su nivel de castellano y sus hábitos higiénicos y sociales y también se ha retirado a numerosos menores de la mendicidad y se les ha escolarizado', aseguró.

Las plazas que han quedado vacías en los campamentos se han cubierto con inmigrantes necesitados de diferentes países.