Imputados en el fraude de las funerarias el ex gerente y un directivo de Parcemasa

El trabajador de Parcemasa que hacía las cremaciones irregulares, Francisco Yepes, y el gerente de la funeraria La Popular, Emilio Paloma, en cuya casa se encontraron restos de 47 cadáveres, confirmaron que se hicieron incineraciones ilegales, que hubo personas a las que se les entregaron cenizas que no eran de sus difuntos, que había un 'precio establecido' para estos servicios que se realizaban sin control y con una tarifa siete veces menor que la oficial, y que se reciclaban ataúdes. Ambos acusados coincidieron en que las irregularidades eran conocidas por Oliva y Peralta, lo que llevó a la...

El trabajador de Parcemasa que hacía las cremaciones irregulares, Francisco Yepes, y el gerente de la funeraria La Popular, Emilio Paloma, en cuya casa se encontraron restos de 47 cadáveres, confirmaron que se hicieron incineraciones ilegales, que hubo personas a las que se les entregaron cenizas que no eran de sus difuntos, que había un 'precio establecido' para estos servicios que se realizaban sin control y con una tarifa siete veces menor que la oficial, y que se reciclaban ataúdes. Ambos acusados coincidieron en que las irregularidades eran conocidas por Oliva y Peralta, lo que llevó a la sala a ordenar que se les llame como imputados.

Estas cremaciones se prolongaron desde 1994 hasta 1997. Yepes declaró que comenzó a hacer estas incineraciones porque Peralta le pidió 'el favor': Oliva le planteó después si no se podían 'expandir'. El acusado aceptó para sacar un sobresueldo. Entonces habló con los gerentes de las cinco funerarias implicadas en la estafa -también imputados- y les informó que si lo necesitaban le llevaran cadáveres por la noche.

El precio de las cremaciones irregulares era de 10.000 pesetas. El trabajador se quedaba con la mitad y el resto se lo dejaba 'al gerente, en un sobre, en un cuartito cerrado'. El acusado precisó que todo lo trató con Oliva 'que era quien tenía autoridad'. En sus primeras declaraciones, el trabajador dijo que actuó 'a espaldas' de la dirección. Ayer explicó que esa era la estrategia que había acordado con el gerente en caso de que el fraude se destapara y que incluía su despido e indemnización.Cuando la estafa estalló en 1997, Francisco Y. L. fue despedido, pero nunca cobró.

Las funerarias cobraban a las familias como si trasladaran el cadáver a otra ciudad, donde la incineración costaba 20.000 pesetas. A esta cantidad sumaban el desplazamiento, pese a que la cremación se hacía en Parcemasa y por 10.000 pesetas.