La fiscalía exige a AENA medidas correctoras para el ruido que genera el 'dique sur' de Barajas
Los habitantes del barrio de Embajada emprenden acciones penales contra el aeropuerto
La fiscalía de Madrid ha llevado a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a los tribunales por supuesto delito ambiental en el llamado dique sur de Barajas. Los fiscales han entregado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que ha abierto diligencias, un informe en el que reprochan a AENA la ausencia de medidas correctoras que combatan el ruido de los aviones y los molestos olores y riesgo para la salud que generan las partículas volátiles del combustible de las naves. Asimismo reclaman medidas cautelares que permitan el descanso vecinal.
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La fiscalía de Madrid ha llevado a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a los tribunales por supuesto delito ambiental en el llamado dique sur de Barajas. Los fiscales han entregado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que ha abierto diligencias, un informe en el que reprochan a AENA la ausencia de medidas correctoras que combatan el ruido de los aviones y los molestos olores y riesgo para la salud que generan las partículas volátiles del combustible de las naves. Asimismo reclaman medidas cautelares que permitan el descanso vecinal.
El dique sur funciona desde hace cuatro años, alberga la terminal internacional de Barajas y cerca de ella se levanta una explanada en la que los aviones prueban sus motores antes de emprender el vuelo. El problema es que toda esa actividad se desarrolla apenas a 200 metros del barrio de Embajada, enclavado dentro de la Alameda de Osuna (40.000 vecinos). Unos 2.000 vecinos de Embajada, una zona que data de los años ochenta -anterior, pues, a la construcción del dique sur-, se quejan de que el ruido les impide descansar por la noche.
En el informe, fechado el pasado día 12, los fiscales critican 'el desinterés de AENA por el cumplimiento de la legislación ambiental' en Barajas. Para la fiscalía, la construcción del llamado dique sur se hizo 'con un absoluto desprecio y nulo interés por la legislación ambiental', ya que las obras se iniciaron en 1994 sin estar hecha la preceptiva 'declaración de impacto ambiental'.
Los fiscales desacreditan en el citado informe el argumento de AENA, que consta en las diligencias, según el cual tal incumplimiento no es atribuible a los actuales responsables de ese organismo, sino a los anteriores. Las 'moderadas medidas correctoras' frente a los ruidos que desde hace años reclaman los vecinos 'se desatendieron al comenzar las obras y se siguen desatendiendo ahora'. Y todo ello a pesar 'de los informes oficiales de la Dirección General de Calidad Ambiental y del Ayuntamiento de Madrid que alertan de los elevadísimos niveles de ruido [más de 55 decibelios]' que salen del aeródromo, así como del 'riesgo para la salud' que implica la presencia en la atmósfera más cercana a los vecinos de 'contaminantes como el queroseno y el benceno' que queman los aviones.
Según el citado informe, 'la única medida adoptada por AENA' en estos años para mitigar las molestias vecinales 'ha sido variar la configuración interna de los focos responsables de la contaminación lumínica' y levantar pantallas de 10 metros de altura en el 'borde' del aeródromo 'más cercano' al barrio, un proyecto que, según los fiscales, contiene 'datos imprecisos' y que, según los vecinos, resulta estéril, puesto que las viviendas más cercanas tienen hasta nueve plantas de altura.
'Pruebas de motores'
Según la fiscalía, el dique sur genera también contaminación atmosférica por queroseno y benceno -combustible que contiene 'elementos asociados cancerígenos'-. En respuesta a la querella de los vecinos, AENA ha indicado al juez instructor que ha redactado un informe, concluido el pasado julio, para conocer el grado real de contaminación acústica que existe en el barrio. A la fiscalía le sorprende que el organismo estatal que gestiona los aeropuertos españoles haya 'tardado siete años' en interesarse por los ruidos que sufren los vecinos de Embajada. Por ello, y ante el 'nulo interés' de AENA por ejecutar las necesarias medidas correctoras, los fiscales piden al juzgado que adopte medidas cautelares al respecto. En concreto, que 'prohíba el movimiento de aviones propulsados por sus propios motores' entre las diez de la noche y las seis de la madrugada. Y que, en todo caso, tales movimientos se hagan en una zona separada por lo menos 250 metros de las fachadas de las viviendas. Opinan los fiscales que el desplazamiento inicial de los aviones, hasta alcanzar la citada separación de 250 metros, se efectúe mediante 'remolcadores'. También exigen que se prohíban en la zona cercana a las casas 'pruebas y encendido de los motores de los aviones, así como las operaciones de reversa de las naves y las relacionadas con las unidades auxiliares de potencia'.
La fiscalía también pide al juzgado que requiera a AENA para que en 'un plazo de tres meses' aporte un proyecto técnico que contenga un cambio en la configuración geográfica del dique sur. 'De tal forma', según los fiscales, 'que se sitúen hangares o cualquier otro elemento material entre la urbanización afectada y el espacio físico de movimiento y prueba de aviones con sus propios motores, con el fin de alterar la afección acústica'.