Posada y Zarrías desbloquean cinco años de parón autonómico
Convocada una comisión de transferencias
Los Gobiernos central y andaluz desbloquearon ayer el proceso de traspasos a la comunidad tras cinco años de parón autonómico. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, decidieron ayer, en un encuentro en Madrid, la convocatoria de una Comisión Mixta de Transferencias antes de fin de año para cerrar el traspaso a Andalucía de un bloque importante de materias como las de agua, Inem y medios materiales de la Justicia.
Zarrías resaltó la importancia del acuerdo alcanzado ayer con Posada, tras recordar que desde que el PP había...
Los Gobiernos central y andaluz desbloquearon ayer el proceso de traspasos a la comunidad tras cinco años de parón autonómico. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, decidieron ayer, en un encuentro en Madrid, la convocatoria de una Comisión Mixta de Transferencias antes de fin de año para cerrar el traspaso a Andalucía de un bloque importante de materias como las de agua, Inem y medios materiales de la Justicia.
Zarrías resaltó la importancia del acuerdo alcanzado ayer con Posada, tras recordar que desde que el PP había alcanzado el Gobierno en 1996, la Junta sólo había logrado un decreto de traspaso, el de la Justicia, frente a los 114 de etapas anteriores.
Con el acuerdo político logrado ayer con el Gobierno central, la Junta se asegura que para antes de fin de año contará con una competencia clave para su comunidad, la del agua, que se traduce en la gestión de las confederaciones hidrográficas que discurren por Andalucía; la cogestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; las políticas activas del Inem; la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina y la nivelación de los servicios de Justicia. El importe del bloque de traspasos, que conlleva el de mil oficinas, lo valora Zarrías entre 70.000 y 80.000 millones.
Con este primer acuerdo de traspasos, la Junta supera una situación de franco desequilibrio con relación a otras comunidades autónomas de menor nivel competencial, como la valenciana, que ya dispone, desde hace años, de una competencia básica como la del Inem, recordaba ayer Zarrías tras su reunión con Posada.
'No había una razón técnica ni de valoración económica que impida el traspaso de estas competencias. Andalucía reclama sólo lo que le corresponde. Nada más ni nada menos', señalaba ayer el consejero andaluz de la Presidencia.
Las razones del parón autonómico fueron políticas, el fuerte enfrentamiento entre los Gobiernos central y andaluz a cuenta del anterior modelo de financiación autonómica, aprobado en septiembre de 1996, con la oposición de las tres comunidades gobernadas entonces por el PSOE, entre ellas la andaluza.
Financiación
Precisamente, ayer, pocas horas antes de la reunión entre Posada y Zarrías en el Senado, la consejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, daba su apoyo, ante la Comisión General de Comunidades Autónomas en la Cámara Alta, al nuevo modelo de financiación autonómica.
En este sentido, Zarrías consiguió ayer de Posada el compromiso de reunir, este mismo mes, a la Comisión Mixta para la financiación de los Gobiernos central y andaluz, condición necesaria para cerrar el acuerdo de financiación autónomica. También consiguió el compromiso de convocar otra comisión para los tributos cedidos a Andalucía, que se celebrará tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
El consejero de la Presidencia también abrió la puerta para la creación de la policía autonómica. 'De momento, hemos quedado en seguir dialogando con Interior y el Ministerio de Administraciones Públicas para ir dando pasos de una forma coordinada que redunden en beneficio de lo que tiene que ser la seguridad ciudadana', señaló Zarrías.
El consejero confirmó la voluntad de la Junta de 'poner en marcha el mecanismo legal para su creación, tal y como prevé el Estatuto de Andalucía'. Recordó que los pasos para su creación son un acuerdo del Consejo de Gobierno, la elaboración de un proyecto de ley que se remitiría al Parlamento andaluz y, posteriormente, la puesta en marcha de la policia autonómica.
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