Policías y ladrones

De repente se han puesto todos de acuerdo: ¡policía autonómica! Parece como si el todavía oscuro (¿se hará la luz alguna vez?) asunto del robo de Marbella hubiera hecho saltar todas las alarmas y los políticos, sus partidos, jueces y fiscales hubieran llegado a una conclusión única: los sumarios fueron robados porque no había una policía autonómica, como en Cataluña y País Vasco. Parece que en esas comunidades no se roban sumarios en los juzgados porque tienen ertzainas y mossos de escuadra. Tal es la ridícula conclusión que a uno se le ocurre después de ver lo que dicen los dirigentes veranie...

De repente se han puesto todos de acuerdo: ¡policía autonómica! Parece como si el todavía oscuro (¿se hará la luz alguna vez?) asunto del robo de Marbella hubiera hecho saltar todas las alarmas y los políticos, sus partidos, jueces y fiscales hubieran llegado a una conclusión única: los sumarios fueron robados porque no había una policía autonómica, como en Cataluña y País Vasco. Parece que en esas comunidades no se roban sumarios en los juzgados porque tienen ertzainas y mossos de escuadra. Tal es la ridícula conclusión que a uno se le ocurre después de ver lo que dicen los dirigentes veraniegos de casi todos los partidos. Sin embargo, el problema no es tener un policía en la puerta del juzgado, sino que reside en las relaciones entre éste y los implicados en determinados asuntos, como bien lo han apuntado aquellos periodistas que conocen bien el paño de la Costa del Sol.

Claro está que a nadie le hace gracia que un juzgado esté protegido por un guardia de seguridad privada. Es evidente que la seguridad de determinadas instituciones sensibles necesita mejoras. Pero no debemos mezclar peras y manzanas. Una cosa es exigir un reforzamiento de los mecanismos de protección sobre los expedientes especialmente delicados -tarea de secretarios judiciales- y sobre las entradas y salidas de juzgados -tarea de la policía facultada para ello- y otra aprovechar el asunto de Marbella para exigir la reivindicación política de una policía autonómica como si en ello fuera la solución. Lo mismo que la raíz del problema de los muertos en reyertas juveniles, asunto al que ha aludido el Consejero Perales, no es si la seguridad tiene un nivel administrativo local, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de la futura policía autonómica. Hay asuntos que a todos nos alarman por las consecuencias dramáticas que están generando. Ahí están los accidentes en carretera, el tráfico de droga, la inseguridad ciudadana, las movidas juveniles. Sus causas no están precisamente en la categoría administrativa del cuerpo de seguridad encargado de prevenir o combatirlas sino en otras sociales y económicas que no tienen fronteras territoriales. Conviene que tras el verano todos nos despejemos no vaya a ser que el debate termine siendo acerca del tipo y color de la gorra del futuro policía autónomo andaluz.