Cambrils, Salou y Vila-seca llevan al juez el vertido de petróleo en sus playas

El acuerdo de los tres consistorios se dio a conocer ayer mediante un decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Cambrils que también redactaron los alcaldes de Salou y Vila-seca. Los tres municipios se personarán como acusación particular en el procedimiento judicial que se instruya por lo que califican 'un grave accidente'. El decreto recuerda que las playas se vieron inundadas de productos derivados del petróleo 'que impidieron su acceso y uso por un gran número de bañistas'; expone que la marea negra generó 'una gran alarma en estas poblaciones, cuya actividad productiva principal es el sect...

El acuerdo de los tres consistorios se dio a conocer ayer mediante un decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Cambrils que también redactaron los alcaldes de Salou y Vila-seca. Los tres municipios se personarán como acusación particular en el procedimiento judicial que se instruya por lo que califican 'un grave accidente'. El decreto recuerda que las playas se vieron inundadas de productos derivados del petróleo 'que impidieron su acceso y uso por un gran número de bañistas'; expone que la marea negra generó 'una gran alarma en estas poblaciones, cuya actividad productiva principal es el sector servicios y fundamentalmente el ámbito del sector turístico' y recoge que, por pertenecer los tres municipios al núcleo de la Costa Dorada, tuvo una amplia difusión mediática 'nacional e internacional', lo cual a su entender 'comprometió la imagen y la calidad turística de las poblaciones'.

El decreto expone la indignación de los municipios, 'que aún hoy no han recibido de los organismos competentes aviso del accidente, de sus consecuencias o de las actuaciones que realizar para minimizar su impacto'. Recuerdan que únicamente pudieron actuar, 'alertados por los propios servicios de vigilancia', cuando la marea de alquitrán ya había empezado a manchar la arena de las playas y que tuvieron que decretar autónomamente el desalojo de los bañistas.

La indignación de los alcaldes de los tres municipios se refleja en el escrito: 'Observamos perplejos como la Administración del Estado y una compañía petrolera discuten sobre sus propias competencias y responsabilidades, sin que se haya recibido un informe oficial ni se nos haya hecho partícipes de las medidas y expedientes abiertos'.

Los alcaldes, que se negaron a realizar declaraciones, aseguran que el procedimiento judicial, 'con la firme voluntad de actuar en defensa de los intereses municipales', se abre con el objetivo de averiguar las causas del accidente, tener conocimiento de las actuaciones de la Administración competente y descifrar las consecuencias que pueda haber contra 'organismos o empresas que tienen responsabilidades y negocios definidos en el territorio'.

Los alcaldes, después de proceder a la limpieza de las playas, se mostraron indignados por la falta de información a que estuvieron sometidos ya que no fue hasta 24 horas después del primer vertido cuando fueron alertados, una vez la mancha ya había llegado a las playas. Posteriormente, el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro, explicó que el primer vertido, que se produjo el jueves 26 de julio en la monoboya de Repsol YPF del puerto de Tarragona, no era de grandes dimensiones por lo que activó el plan de emergencia de la instalación marítima, que no recogía la obligatoriedad de informar a los ayuntamientos.

El 27 de julio, frente a un segundo vertido de mayores dimensiones, se informó a los consistorios. Repsol mantiene que el segundo vertido no proviene de sus instalaciones. A su vez, los servicios técnicos del Ministerio de Fomento están analizando muestras de los dos vertidos para comprobar su procedencia.