El asesor fiscal del propietario de Gescartera declara a la juez que cobraba casi un millón de pesetas al mes
La juez Teresa Palacios tomó ayer declaración como testigos a dos asesores externos de Gescartera. Uno de ellos se encargaba de crear sociedades a Antonio Camacho, principal accionista de Gescartera y su relación se inició en 1992. El asesor fiscal, que percibía una iguala mensual de 975.000 pesetas, llevaba los asuntos con Hacienda, tanto de Antonio Camacho como de sus principales clientes.
En las declaraciones que realizó ante la juez, este testigo manifestó que asesoraba a Promociones Andolini, sociedad en la que Camacho es administrador y sobre la que Hacienda levantó un acta de ins...
La juez Teresa Palacios tomó ayer declaración como testigos a dos asesores externos de Gescartera. Uno de ellos se encargaba de crear sociedades a Antonio Camacho, principal accionista de Gescartera y su relación se inició en 1992. El asesor fiscal, que percibía una iguala mensual de 975.000 pesetas, llevaba los asuntos con Hacienda, tanto de Antonio Camacho como de sus principales clientes.
En las declaraciones que realizó ante la juez, este testigo manifestó que asesoraba a Promociones Andolini, sociedad en la que Camacho es administrador y sobre la que Hacienda levantó un acta de inspección, que está próxima a su resolución definitiva.
La juez de la Audiencia Nacional rechazó ayer el recurso de reforma contra la prisión preventiva acordada contra Antonio Camacho, que permanece en prisión desde el pasado 16 de julio. En un breve escrito, la magistrada se une a los argumentos de la Fiscalía oponiéndose a la excarcelación por el riesgo de fuga.
Por su parte, el importe de las reclamaciones presentadas por 1.115 inversores afectados por el caso Gescartera ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asciende a 13.116 millones de pesetas (78,8 millones de euros), según informaron fuentes de la CNMV. Una cifra que ya resulta superior al agujero que anunció el organismo supervisor en su intervención del pasado 15 de junio.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles espra que el director general del Instituto Armado, Santiago López Valdivieso, promueva acciones legales para depurar responsabilidades en la gestión de la Asociación Prohuérfanos de la Guardia Civil, (invirtió más de 400 millones en Gescartera), según informó a Europa Press su portavoz José Morata.