Editorial:

El dinero de los demás

La intervención de la sociedad Gescartera, ocurrida el 15 de junio, debe ser interpretada en principio como una medida de seguridad. En Gescartera, cuya presidenta es Pilar Giménez-Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, se ha descubierto un agujero de 13.000 millones de pesetas y de resultas de esta turbia operación pueden quedar afectadas las cuentas de más de 2.000 clientes de la sociedad.

La intervención refuerza el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como garante de los inversores. Este aval institucional no asegura, por s...

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La intervención de la sociedad Gescartera, ocurrida el 15 de junio, debe ser interpretada en principio como una medida de seguridad. En Gescartera, cuya presidenta es Pilar Giménez-Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, se ha descubierto un agujero de 13.000 millones de pesetas y de resultas de esta turbia operación pueden quedar afectadas las cuentas de más de 2.000 clientes de la sociedad.

La intervención refuerza el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como garante de los inversores. Este aval institucional no asegura, por supuesto, la devolución del dinero a los damnificados, porque en España no existe un fondo de garantía para las inversiones en sociedades o agencias de valores; pero demuestra que el control a que están sometidas es relativamente eficiente, porque no hay que olvidar que, si bien las prácticas fraudulentas pueden explicarse en el caso de los llamados chiringuitos, es menos explicable una desaparición patrimonial en una sociedad registrada.

Por lo demás, se echa en falta una explicación más detallada de las prácticas a través de las cuales se evaporaron los 13.000 millones depositados por los clientes. En su función de proteger a los inversores la CNMV debería precisar mediante una información pública los pasos a seguir por parte de los clientes para reclamar su dinero. Y ahora, a esperar una pronta decisión de la Audiencia Nacional, sobre la querella criminal que ha presentado la propia Comisión.

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