España rechaza la renacionalización de la política agraria europea
La Administración española se opone a una renacionalización en cualquiera de sus formas de la Política Agrícola Común (PAC) y defiende una mayor cohesión social y económica entre todos los miembros de de la Unión Europea.
Éstos son algunos de los puntos más importantes contenidos en documento de reflexión y propuesta elaborado por un grupo de expertos para el Ministerio de Agricultura. El documento ya está siendo analizado por las comunidades autónomas.
Los jefes de Estado y de Gobierno europeos aprobaron en abril de 1999 la llamada Agenda 2000 por la que se reformaban algunas de...
La Administración española se opone a una renacionalización en cualquiera de sus formas de la Política Agrícola Común (PAC) y defiende una mayor cohesión social y económica entre todos los miembros de de la Unión Europea.
Éstos son algunos de los puntos más importantes contenidos en documento de reflexión y propuesta elaborado por un grupo de expertos para el Ministerio de Agricultura. El documento ya está siendo analizado por las comunidades autónomas.
Los jefes de Estado y de Gobierno europeos aprobaron en abril de 1999 la llamada Agenda 2000 por la que se reformaban algunas de las Organizaciones Comunes de Mercado más importantes en el seno de la UE como herbáceos, carne, leche o vino, a la vez que se aprobaban algunos cambios en el conjunto de la PAC. Sin embargo, la realidad es que la reforma se cerró en falso y que se contemplan nuevas modificaciones a corto plazo para hacer frente a los cambios que se avecinan tanto en la UE como en el comercio mundial.
De cara a la reforma de la PAC, España se plantea como primer objetivo ganar la batalla de la credibilidad ante el resto de la sociedad justificando su necesidad por su contribución a la seguridad alimentaria y el empleo en un marco de una mayor competitividad frente al exterior. En esta misma línea, la posición española hace una clara apuesta por la explotación familiar para la quien se reclama un normativa acorde con sus necesidades a la luz de el papel multifuncional del sector agrario.
La propuesta española hace especial hincapié en al cohesión social y económica y en la no renacionalización de la misma. España considera necesario mantener el principio de solidaridad financiera y que todo los agricultores comunitarios tengan el mismo tratamiento.
Para España, una subsidiariedad mal entendida conduce a una renacionalización de las ayudas, algo que solamente beneficiaría a los agricultores de aquellos estados con mayores recursos económicos o con más fondos para el sector agrario.